El Senado aprueba finalmente la nueva fiscalidad eléctrica tras rechazar los vetos de la oposición

El trámite del Senado sirvió para que el PP introduzca varios cambios en la norma entre los que destacaron un incremento del 6% al 7% en el nuevo impuesto a la producción de electricidad, una rebaja del impuesto para el gas natural de uso «profesional» (de 0,65 a 0,15 céntimos por gigajulio, aunque quedó excluida la cogeneración), mayores cargas sobre el carbón y precisiones en el mecanismo para que la recaudación y los ingresos obtenidos con las subastas de CO2 puedan pasar a la tarifa eléctrica.

Los grupos de la oposición votaron en contra de estas medidas introducidas vía enmiendas del PP al proyecto de Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética que, a su vez, también contó con el único voto a favor de los populares y el veto del resto.

El texto aprobado por el Gobierno también incluyó una exención de los nuevos impuestos a la actividad nuclear para el almacenamiento de residuos procedentes de actividades médicas y científicas, así como de «incidentes excepcionales en instalaciones industriales no sujetas a la reglamentación nuclear».

De todos modos, se ha aprobado una tasa sobre residuos nucleares que se aplicará a los residuos que se extraigan de los reactores durante la vigencia del nuevo gravamen y el que contengan las piscinas, salvo que sea reutilizable.

El proyecto de ley, que ahora volverá al Congreso para su aprobación definitiva, recoge una serie de impuestos a la generación de electricidad con los que el Gobierno pretende incrementar la recaudación del sistema y «taponar» el déficit de tarifa, generado porque los ingresos no son suficientes para cubrir los costes.

En paralelo, el Pleno del Senado aprobó una enmienda al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, firmada por todos los grupos, en virtud de la cual las energías renovables se financiarán en 2013 a través de los ingresos que se obtengan mediante los nuevos impuestos energéticos y con las subastas de CO2 (por un máximo de 450 millones).

Los grupos de la oposición criticaron que la nueva normativa energética sólo busca recaudar y no persigue la sostenibilidad medioambiental y aseguraron que perjudicará a los usuarios y restará competitividad a la industria porque las compañías eléctricas trasladarán a sus precios los nuevos impuestos.

A su juicio, la nueva normativa no pondrá fin al déficit de tarifa, pues no aborda la reforma que necesita el sector, y tampoco reducirá la contaminación en España, ya que castiga más a las renovables que a las tecnologías más contaminantes.

El senador del grupo popular José Ignacio Palacios defendió la necesidad de los nuevos impuestos porque «el sistema eléctrico es actualmente insostenible» y hay que acabar con el déficit, que crece a un ritmo de 6.000 millones anuales y que, «si no se toman medidas», se duplicará en los próximos tres años, hasta alcanzar 50.000 millones de euros y lamentó que los miembros de la oposición «no se hayan enterado» de estas cifras.

Por su parte, el senador socialista Jesús Alique dijo que la ley daña a la industria, responde a la «voracidad recaudatoria» del Gobierno y tiene, en lo referido al nuevo impuesto a la producción eléctrica, carácter «confiscatorio».

Con todas las medidas incluidas en este proyecto de ley, el Gobierno espera recaudar 5.716,7 millones de euros, que destinará a compensar el déficit, que al cierre de 2011 acumulaba más de 24.000 millones de euros, a los que entre enero y septiembre de este año se sumaron otros 3.900 millones, según datos de la Comisión Nacional de Energía (CNE), aunque el Ministerio de Industria, Energía y Turismo reconoció que tal cifra alcanzará los 3,451 millones de euros durante 2012.