El sector fotovoltaico en Castilla-La Mancha perdió alrededor de 4.100 empleos desde el año 2010

En la actualidad, el sector fotovoltaico emplea a casi 3.500 personas en Castilla-La Mancha, según datos de la Unión Española de Fotovoltaicas (UNEF), una federación que aglutina a las cuatro asociaciones fotovoltaicas de ámbito nacional.

La delegada regional de UNEF en Castilla-La Mancha, Patricia Ruiz, consideró que las regulaciones del Estado «no están justificadas», son «desorbitadas» y tienen «carácter retroactivo», por lo que, a su juicio, las pérdidas de empleo que tuvieron lugar están «directamente relacionadas» con los cambios legislativos.

Desde 2010 el Gobierno central aprobó cinco reales decretos y un real decreto Ley que afectan al sector fotovoltaico, que incluyó un artículo en la Ley de Economía Sostenible y modificó otros reales decretos.

Ruiz aseguró que los más afectados por esta regulación fueron los pequeños productores de Castilla-La Mancha, que son los más abundantes porque de las 11.192 instalaciones fotovoltaicas de la región 11.145 cuentan con un rango de potencia inferior a 0,1 megavatios, según datos de la Comisión Nacional de Energía (CNE).

Así, el real decreto 1565/2010 obligó a hacer cambios de carácter técnico que, según Ruiz, alcanzan un gasto de 3.000 euros cada 100 kilovatios y son «absolutamente innecesarios».

También se limitó el tiempo por el que los productores van a percibir ayudas económicas, que antes era indefinido y ahora pasó a fijarse en 25 años.

«En Castilla-La Mancha luce el sol y nosotros nos aprovechamos de eso», continúa la delegada regional de UNEF, pero el real decreto Ley 14/2010 también limita el tiempo de producción, por lo que en su opinión la ley «prima la ineficacia».

En representación de 274 inversores particulares de Castilla-La Mancha, Patricia Ruiz presentó un recurso ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto 1565 y aseguró que la institución judicial acumula ya más de cien recursos del mismo tipo de otros inversores en España.

Ruiz, que tiene instalados 900 kilovatios de potencia en la provincia de Albacete, explicó que entre los cambios regulatorios y los abogados gastó ya cerca de 80.000 euros y tuvo que prescindir de la mitad de su plantilla, que pasó de 60 a 30 trabajadores.

En la región hay, además, tres empresas que fabrican seguidores, dos que fabrican módulos, una más de silicio, otra de obleas y una que fabrica células, según datos de la Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF). Todos ellos se están viendo afectados por la situación de los productores.

Ruiz agregó que estas empresas dejaron de tener pedidos en España, así que se vieron obligados a dar el salto internacional y compiten en el extranjero con grandes empresas que tienen costes menores.

Las ayudas económicas a esta energía pasaron de 47,5 céntimos por kilovatio hora producido en 2008 a los actuales 14 céntimos, según la Asociación Europea de la Industria Fotovoltaica (EPIA).