El sector eólico recurre la norma que cambia la retribución de las plantas renovables puesto que dicen que «no se ajusta a Derecho»

La AEE explicó que ve una vulneración del derecho comunitario y de la Constitución en esta normativa, que establece que la revisión de las primas al régimen especial (renovables y cogeneración) se realice conforme a la inflación subyacente a precios constantes.

AEE destacó que estas medidas suponen, por un lado, la eliminación de la posibilidad de acogerse a la opción de mercado más prima, lo que ha afectado a más del 90% de los parques eólicos españoles, y, por otro, la modificación de los parámetros de actualización de las tarifas, lo que supone una reducción de facto importante de la retribución.

«El cambio del índice de actualización de la retribución supone que las tarifas para 2013 sean inferiores a las que existían en 2012 y que, en los próximos años, la retribución se encuentre aún más lejos de cumplir con el supuesto de la rentabilidad razonable. Cerca del 70% de los parques eólicos españoles está financiado a través de créditos, por lo que está en riesgo su viabilidad«, sostuvo.

En concreto, la AEE recurrió la orden IET/221/2013 de 14 de febrero, en la que el Ministerio de Industria desarrolla el real decreto-ley 2/2013 de medidas urgentes en el sistema eléctrico, porque «es gravemente lesiva para los intereses que representa la asociación». y, por ello, presentó en sus alegaciones a la orden de peajes ante la Comisión Nacional de la Energía (CNE) el pasado febrero.

Defendió que el Gobierno no ha respetado el principio de la rentabilidad razonable al fijar los valores para la actualización de las tarifas que se incluyen en la orden, ni un marco jurídico que garantizaba la revisión de las tarifas, primas, complementos y límites inferior y superior.

A esto añadió que la norma es aplicable desde el 1 de enero, aunque no se aprobó hasta febrero, por lo que constituye «un caso de retroactividad pura o propia, por lo que vulnera claramente los derechos adquiridos de las empresas, con la consiguiente inseguridad jurídica».

Además, todo ello daña la «confianza legítima», lo que, en su opinión «contribuirá a alejar la inversión del sector y del país».

La AEE subrayó que «las medidas tomadas por el Gobierno en relación al sector son inaceptables y debería reconsiderarlas» ya que hacen más daño que los beneficios que generan, lo que ya se está apreciando en los continuos cierres de fábricas y destrucción de empleo.

Al mismo tiempo aseguró que la asociación «está haciendo todo lo posible para que se eliminen o modifiquen los aspectos injustificados y perniciosos» que contiene la norma.