El sector energético apuesta por un buen uso de la publicidad ambiental

Elena Espinosa, ministra del ramo, calificó el acuerdo «de suma importancia», y añadió que «transmitirá mayor transparencia a los consumidores».

«De esta forma aumentará la concienciación ciudadana«, agregó, «ya que por mucha ley que hagamos», administraciones, empresas y sociedad «deben trabajar juntas para obtener resultados».

Según el ministerio, se trata del primer Código de Buenas Prácticas sobre la Publicidad ambiental en España, y ha sido ratificado por Endesa, Iberdrola, Gas Natural/Unión Fenosa, Kia, Chrysler (Heep y Dodge), Citroën, Peugeot, Renault, Grupo Volkswagen (Volkswagen, Audi y Skoda), Seat, Ford, Toyota, Lexus, Honda, General Motors (Opel y Saab), Chevrolet y Fiat.

En su intervención Espinosa animó a otras empresas del sector a unirse a la iniciativa, e hizo un llamamiento especial a las «compañías de bebidas, tabaco y alimentación, que ya han manifestado su deseo de participar en este acuerdo u otros similares, aseguró.

Evitar la pérdida de confianza

Este código es resultado del trabajo conjunto entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial Autocontrol, según los cuales tiene por objetivo evitar la pérdida de confianza de los consumidores ante el abuso de argumentos ambientales engañosos en los anuncios.

Asimismo persigue promover la compra efectiva de aquellos productos y servicios con menor impacto ambiental y erradicar prácticas desleales entre competidores.

El Código consta de cinco apartados: ámbito de aplicación, normas éticas, listado de conceptos ambientales frecuentes, normas de aplicación, anexo y adenda del sector de automoción.

Entre otras novedades, prevé la puesta en marcha de una Comisión de Seguimiento presidida por la Secretaría de Estado de Cambio Climático y de un jurado de la publicidad a cargo de Autocontrol, que se ocupará de resolver posibles reclamaciones de forma extrajudicial.

Según lo establecido en este acuerdo, las quejas podrán ser planteadas por todas las compañías adheridas, asociaciones sin ánimo de lucro, Autocontrol, Administraciones Públicas, el Consejo Asesor de Medio Ambiente, cualquier empresa o asociación empresarial o profesional, la Comisión de Seguimiento (de oficio o a instancia del ministerio), y consumidores.

Otros países como Francia, Bélgica o Reino Unido ya han suscrito acuerdos similares.