El sector de renovables reclama al Congreso recortes en los pagos al gas y mejoras para la termosolar

Fuentes del sector indicaron que una de las peticiones trasladadas a los partidos consistió en la necesidad de reconfigurar el actual impuesto del 6% a la producción eléctrica con el objetivo de evitar que se produzca una discriminación entre las renovables y otras tecnologías como los ciclos combinados de gas.

En su opinión, la electricidad que se vende en el mercado tiene un precio indiferenciado, por lo que todas las tecnologías deberían pagar el impuesto sobre esa base, ya que las subvenciones que reciben las renovables se deben a una decisión de política energética y no del propio sector.

Según el anteproyecto de ley, las primeras deberán afrontar este gravamen sobre una base impositiva en la que aparecen incluidas las primas que reciben, y ahora reclamaron al Congreso el mismo trato para los ciclos combinados de gas, de modo que el recorte del 6% a esta tecnología no se haga solo sobre sus ingresos a mercado, sino también sobre los pagos por capacidad que reciben por mantenerse sin producir pero dispuestas a hacerlo cuando el sistema lo necesite, algo que podría ocurrir con un pico de demanda o si se detiene una racha de viento.

Al incluir en el gravamen estos pagos al gas, aumentaría la base imponible y, con ello, la recaudación, lo que a su vez podría permitir rebajar el tipo del impuesto para el conjunto de las tecnologías y reducirlo del 6% al 5,4%. Sería, dicen las fuentes, un tipo único, neutral con las tecnologías e igualmente neutral desde un punto de vista económico.

Esta idea de fiscalizar los pagos por capacidad para rebajar el impuesto sin reducir los ingresos supondría un ligero alivio tanto para el consumidor final, al que las eléctricas trasladarán el nuevo gravamen, como para muchas renovables, que tienen escasa o nula capacidad para repercutir la carga fiscal sobre el usuario final.

Las renovables se quejaron de que la reforma supone un esfuerzo fiscal mayor para las compañías con inversiones más jóvenes, como las renovables, y calcularon que la nueva tasa, unida a los recortes efectuados en sus ayudas, anulará completamente el incentivo que reciben.

Frente a esta opción está la contraria, también factible para las renovables y consistente en excluir tanto las primas a las renovables como cualquier otro complemento de la base imponible del impuesto, que se aplicaría únicamente sobre los ingresos procedentes de la actividad a precios de mercado. En caso de decantarse por esta opción, la ley debería entonces complementarse con la propuesta de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) de aplicar una carga fiscal sobre la nuclear de entre 10 y 15 euros por megavatios hora (MWh), frente a los 5,5 euros actuales.

Otro de los aspectos que, a juicio del sector de las renovables, es necesario revisar del anteproyecto es el referido a la finalidad de los ingresos. La norma no establece con precisión en su redacción actual que los ingresos de los nuevos impuestos se dirijan a resolver el problema del déficit tarifario, sino que alude a la financiación de las renovables, cuando debería establecer explícitamente que su finalidad es la de responder «al pago de los costes del sistema eléctrico», como aparecía cuando el texto se aprobó en el Consejo de Ministros.

Su propuesta para resolver esta duda es que los ingresos obtenidos con estas tasas vayan a las arcas de la CNE y que esta los utilice para cubrir los costes del sistema.

Las propuestas también incluyeron alguna medida que alivie el recorte a la termosolar, cuyo impacto, al margen del impuesto del 6%, será de 256 millones de euros. Desde las renovables se pidió que una parte del gas usado para la generación eléctrica en las plantas termosolares, correspondiente al gas mínimo técnico necesario para el uso de la instalación, pueda recibir también prima.

Además, consideraron necesario especificar que la eliminación de primas para la parte de producción de gas en las termosolares sea transitoria, para los años 2013 y 2014, y quede compensada con una ampliación de 25 a 26 años en el número de años con derecho a recibir la prima.

Por último, reclamaron que el conjunto de medidas fiscales para acabar con el déficit de tarifa sean temporales y se apliquen en principio solo hasta finales de 2016. Al final de ese periodo, si ya se corrigió del desajuste del sistema eléctrico, que es el motivo por el que se impusieron las medidas, su contenido debería quedar revocado.

Por otro lado, las fuentes del sector indicaron que las renovables sienten que tanto este Gobierno como el anterior les han discriminado frente a las eléctricas tradicionales a la hora de aplicar medidas para acabar con el déficit de tarifa.

En concreto, las tecnologías verdes cifraron en 3.800 millones de euros el «agravio» sufrido desde 2010, mientras que acusaron a las eléctricas convencionales de haber logrado mejoras retributivas superiores en 3.700 millones de euros a los recortes recibidos. Por este motivo, criticaron que «todas las medidas para reducir el déficit de tarifa están financiadas por las renovables».

Estas mejoras a las que aludieron proceden de partidas como los pagos por capacidad para los ciclos combinados de gas, que el anterior Ejecutivo elevó, o de la derogación de la norma que minoraba de la retribución de las eléctricas los derechos de emisión de CO2 recibidos gratuitamente, valorados en más de 3.000 millones de euros en tres años.

Frente a las medidas adoptadas, a su juicio para favorecer a las eléctricas, las renovables tuvieron que asumir recortes como los del real decreto ley 14/2010, que reduce las horas con derecho a primas de la fotovoltaica y minora en 2.230 millones de euros la retribución, o la reciente moratoria a las tecnologías verdes.