El sector de la minieólica pide una regulación diferenciada para impulsar su desarrollo

Durante la presentación de un estudio sobre la minieólica en España, miembros de la APPA reclamaron ayudas al Gobierno mediante el establecimiento de un marco regulatorio y retributivo particular para la minieólica, con subvenciones e incentivos fiscales.

Hasta 2008, el sector empleaba a 788 personas y representaba un 0,7% de la participación de las renovables en el PIB, al que las energías verdes aportaron 7.315 millones de euros, un 0,67%, según datos de la consultora Deloitte.

El presidente de la sección minieólica de APPA, Francisco Forte, dijo que durante la próxima década se podrán instalar en España 100.000 nuevas instalaciones de este tipo de energía mediante pequeños aerogeneradores conectados a la red de baja tensión de 100 kilovatios (kw).

«Indudablemente la tecnología minieólica es ideal para dotar de electricidad a zonas aisladas (como granjas, casas de campo y hasta polígonos industriales) pero, con una correcta regulación que vincule la producción al consumo, se puede promover la conexión a red, realizando una microgeneración distribuida con los ahorros que esto supone en transporte y distribución», señaló Forte.

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) presentó el 11 de junio un borrador del Plan de Acción Nacional de Energías Renovables (PANER), cuyo texto final marcará los objetivos conforme a la directiva europea, que fija que hasta 2020 un 20% del consumo energético deberá provenir de fuentes renovables.

APPA entiende que en ese texto preliminar del nuevo PANER (reemplaza al del período 2005-2010) «no está lo suficientemente definido» el capítulo referido al desarrollo del sector minieólico y es que el borrador establece 370 MW de objetivos particulares para la eólica de pequeña potencia.

Por ello, el 22 de junio APPA presentó una serie de alegaciones, que también espera que sean consideradas en la elaboración del Plan de Energías Renovables (PER), que al igual que el PANER, fija los objetivos en España para cada tecnología energética hasta 2020.

Entre ellas, existen medidas encaminadas a que la tecnología minieólica no se concentre en determinados puntos de España, dada la diversidad del recurso eólico. Para ello se establecería una prima suficiente para amortizar la inversión en unos diez años, prima que se cobraría hasta alcanzar una retribución anual o mensual determinada y después la energía pasaría a cobrar únicamente el precio del mercado. De esta manera, en todas las zonas del territorio nacional se podrían desarrollar este tipo de proyectos y no existiría discriminación por la existencia de recurso.

Además, la organización propone como requisito obligatorio para realizar una instalación minieólica la existencia de un punto de consumo. La potencia a instalar no excedería nunca el 150% del contrato de suministro de dicho punto de consumo y estaría limitada por las restricciones técnicas particulares.