El que no está conmigo está contra mí

Para ser rigurosos en las apreciaciones y frentes en las que se libra el efecto del decretazo que la Secretaría General de Energía ha puesto en marcha para la detracción de derechos de emisión asignados a las eléctricas, por el procedimiento del ‘escote’ entre las empresas, hay que tener en cuenta distintos aspectos. Desde el político, el jurídico, el de legalidad, el de lo mediático, hasta el de los mercados financieros.

– El de la política. La primera cuestión de la intervención de Ignasi Nieto ha sido la de dar por sentado la oposición del Partido Popular (chantajeándole con la palabra consumidor), en un ejercicio de retórica política que trata además de atormentar al resto de partidos, que podrían dar al traste con la pretensión de Nieto si votasen en contra de la medida de corte demagógico, de dudosa legalidad y que va a enfangar aún más, si cabe, la regulación española. Por tanto, no caben argumentos de legalidad, caben posicionamientos políticos maniqueos de ‘el que no está conmigo, está contra mi’. Utilizar ese truco burdo de jugar a satanizar al Partido Popular, para desplazar al resto del arco parlamentario, en pos de su iniciativa y así sean cómplices de la misma. Una coacción (poco sutil, a la vista de las formas poco ‘refinadas’ utilizadas a tal efecto) procedente del ejercicio pendular de la política y que sus señorías tendrán que valorar en su justa medida y que deben inscribir en las formas que el propio Secretario General de Energía ha mantenido en público en sus intervenciones en sede parlamentaria. Un ejercicio de ‘frentismo’, para defender lo indefendible desde el punto de vista jurídico. La excusa política: el sufrido consumidor. Al que no se le consulta para que viva engañado con una tarifa por debajo de su importe real y provoque, con consumos mal indiciados cuyos efectos desconoce, la elevación del déficit tarifario. Eso con la energía más barata de toda Europa y que no se ha sabido gestionar de cara al inminente proceso de liberalización real. Consumidor al que tampoco se le consulta para subirle la retribución a Red Eléctrica con el asentimiento de la Secretaria General de Energía, tan belicosa en otras cuestiones. Incluso en el ámbito político sería razonable valorar y señalar con el dedo al Ministerio de Economía para identificar si era conocedor de esta medida y qué valoración ha hecho la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de ella o si era una cuestión de ésas de las que se ha quejado Pedro Solbes, que conocía demasiado tarde.

– El de lo jurídico, ámbito del que ineludiblemente no se va a escapar esta medida de Ignasi Nieto, aunque no sea él quien reciba el resultado de la sentencia. De forma que, aunque resultase convalidado en el Congreso el Real Decreto elaborado por Industria para la detracción de derechos de emisión, la capacidad de recurso ante los Tribunales de Justicia sigue intacta, presente y vigente en toda su capacidad y con toda su potencia. Y va a ser difícil justificar el carácter de urgencia de una cuestión de estas características. La energía más barata de Europa. La detracción de derechos para un período digamos que amplio, 2008-2012, perfectamente conocido. ¡Y es urgente! Como en su momento le fue al propio Partido Popular difícil de justificar las razones de urgencia de una reforma laboral y, así le fue, posteriormente aunque fuera testimonialmente. Porque un Real Decreto Ley supone siempre saltarse a las instituciones del Estado y violentar la acción política del Parlamento, en su conjunto. Sólo por eso, sus señorías tienen motivos para observar con lupa la propuesta de Real Decreto que envía el Ministerio de Industria y meter en cintura comportamientos tan anómalos, y al menos, introducir racionalidad.

– El de la legalidad. Que no es exactamente lo mismo a lo jurídico. Legalidad que consiste en cómo al sector eléctrico se le valoran y detraen los derechos de emisión y al resto de sectores afectados por la Directiva del mercado de emisiones. Legalidad que consiste en la perversión del Plan Nacional de Asignaciones, la utilización torticera de la Directiva Marco, la defenestración de la política medioambiental, puesta en almoneda de forma oportunista para los intereses de reducción del déficit tarifario y sin ningún criterio, por una vía que supone abrasar cualquier sombra de legalidad. Y, para colmo, realizar en sus declaraciones el ejercicio de la confusión, para escaparse de la responsabilidad sobre la asignación gratuita de derechos de emisión, incluso de los criterios censurados por la Unión Europea porque podían incluso suponer ayudas de estado. Cuando hasta el Secretario General de Energía ha hecho ruedas de prensa junto con el Secretario de Estado para el Cambio Climático.

– El de los mercados financieros. Que no mienten, y dejan patente el fuerte castigo a las empresas eléctricas españolas, fruto de la inseguridad jurídica y la inestabilidad regulatoria. ¿Quieren más ejemplos? El fiasco de las subasta del déficit tarifario ex ante. Por falta de seguridad jurídica, de incapacidad de gestionar una garantía institucional, dado que apelar a la crisis de los mercados financieros es algo tan manido como acusar al sol del melanoma y no de la exposición al mismo. Vean como, en sentido contrario, si han entendido muy bien las señales que ha dado la Secretaria General de Energía en torno a Enagás y Red Eléctrica. La unión de las eléctricas en torno a esta cuestión y el sorpresón para Enel en su entrada en Endesa, son evidencias de que las cosas no se pueden hacer así. Una cadena de despropósitos que se une a la eliminación de la garantía de potencia y que nos lleva a los apagones. Si este Gobierno ha decidido esquilmar a las empresas del sector energético, y ahuyentar la inversión, al menos sería razonable que lo dijera con transparencia y no utilizase dos discursos. El de seducción a los no expertos y de la realidad. Porque al final la realidad es la que prevalece sobre las intoxicaciones oficiosamente oficiales y los mercados no se creen la política energética de este equipo ministerial. Es vox populi en todos los papeles medianamente informados que circulan sobre el sector. Hoy, en el sector energético, el riesgo es su regulador.

– Las falacias, una tras otra para los incautos. La primera es difundir interesadamente (intoxicar) la consideración de que el precio de la energía recoge los precios de los derechos de emisión, cuando se ha demostrado que no es cierto y depende de otras cosas. De hecho, luego afirma que el precio de la energía se reducirá cuando haya un año húmedo, es decir con hidraulicidad (se encomienda a las rogativas). Pero, ¿en qué quedamos? En segundo lugar, la pretendida defensa de los consumidores. A los que se les va encareciendo su factura futura con los correspondientes intereses derivados de la generación del déficit tarifario, concepto que no es consumo. El señor Nieto, dijo en un periódico que los consumidores no van a pagar deudas del pasado. Es que lo están pagando ya. Otra falacia. Salvo el déficit 2007, el denominado ex ante, que no han logrado colocarlo. En tercer lugar, y para los votantes más ecologistas al arco más cercano a la izquierda, que es una ‘cuestión de política medioambiental’ ¡Si esta solución penaliza hasta las tecnologías que no emiten CO2! Y, si no vean ustedes, el comportamiento y la convicción del Secretario General de Energía en sus negociaciones con el sector eólico y fotovoltaico, la “vocación ecologista” que tiene de dar seguridad a estas industrias. Otra vez los dos discursos y las falacias: el ecologista para el elector y la acción de la Secretaria General de Energía.

– El de lo mediático. El encuentro selectivo con los medios de comunicación del Secretario General de Energía para defender sus posiciones regulatorias, trasluce que Nieto está en campaña (vean las fotos del ultimo mes en varios períodicos del Secretario General) y, en segundo lugar, que conoce los efectos y la gravedad de lo que ha hecho. Por eso, intenta condicionar por la vía de convencer a través de argumentos y la gravedad de las aseveraciones a través de los informadores y argumentos generalistas. Confirma, solo con sus actos, las peores hipótesis que un regulador puede evidenciar. Que se echa al monte de los teletipos de agencia, para intentar colocar su mercancía en una huida hacia delante. Pero eso es inútil en los mercados financieros, más bien provoca lo contrario.

Lo que si empieza a coger peso es la preocupación existente en amplios sectores del Partido Socialista por los comportamientos del propio Ignasi Nieto y, en general, del actual equipo en energía, que ven este deslizar vertiginoso por un tobogán sin freno. Soportando una crisis sin sentido, que ha enervado a todo el sector y lo ha puesto unánime en contra, con el papelón de tener que defender y votar algo que saben que tendrá un coste político presente y futuro. Viviendo semejante escándalo innecesario e inoportuno. ¿Ha llegado muy lejos Nieto, con este Real Decreto Ley, el riesgo de apagones y la garantía de potencia, en esta carrera sin retorno de, además, convocar a los medios selectivamente para ‘convencerles’ de una acción posiblemente ilegal? Pero, además, del coste económico, la posibilidad de desandar lo andado, queda el coste en credibilidad del sistema político, de su utilización interesada, poco meditada e inmadura. El descrédito en términos de seguridad regulatoria que es la base de un sector económico, con gobierno de un signo o de otro, es un elemento que nuevamente este Secretario General pone en almoneda. A las pruebas y a los resultados nos remitimos. Todo ello está en juego con una decisión tan grave.

Señorías, sepan que están jugando con ustedes. Con esta medida, con este Real Decreto Ley, se estafa a todo el arco parlamentario, a la izquierda y a la derecha, incluso al propio Partido Socialista. Se es cómplice de la desmesura en la actuación contra las empresas eléctricas. Por la vía del que no está conmigo está contra mí, para legitimar la comisión de un atropello, cuyos costes, van más allá de la política y de la economía. Es quebrar la confianza que necesita una sociedad para funcionar. Una burla al Parlamento en forma de comunión con ruedas de molino.

Y, si no, léanse el artículo de Xavier Albistur. No sientan la vergüenza y la gravedad que arroja que alguien, de este nivel y conocimiento, con peso, autoridad y criterio de este sector, explique con todo detalle este desastre regulatorio que no puede ser producto de complicidades políticas.