El PSOE vuelve a pedir que se impida reabrir Garoña mientras Greenpeace escenifica su «desmantelamiento»

Se trata de una proposición no de ley, presentada para su debate en la Comisión de Industria y en la que reclamó igualmente que se ratifique como fecha de cese definitivo de la explotación de la instalación atómica el 6 de julio de 2013, que en su momento adoptó el Gobierno mediante orden ministerial.

Según recordaron los socialistas, dicha central no produce electricidad desde el 28 de diciembre de 2012, cuando a raíz de la inminente entrada en vigor del impuesto sobre la producción en centrales nucleares que estableció la Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética Nuclenor decidió dejar de operar al considerar que le supondría un coste adicional de unos 152 millones de euros, algo que consideró «inasumible».

Por otro lado, señaló que tras el accidente nuclear de Fukushima se aumentaron las exigencias europeas de seguridad en la Unión Europea, lo que implicaría una inversión adicional estimada en otros 150 millones de euros para la operatividad de la central.

Sin embargo, lamentó que el Gobierno haya aprobado un Real Decreto que permitiría que el titular pueda solicitar la renovación de su licencia de actividad antes del próximo mes de julio y así reabrir la central, aunque la última palabra la tenga Nuclenor (Iberdrola y Endesa, al 50%).

«Dicha central ha cumplido un ciclo de vida útil (40 años) y ya está amortizada. En el momento actual, de caída de la demanda y exceso de capacidad instalada, no tiene mucha lógica su reapertura desde el punto de vista de la garantía del suministro y de los posibles riesgos para la seguridad», sentenció el PSOE.

Greenpeace escenifica el «desmantelamiento» de Garoña

Precisamente este miércoles un grupo de activistas de Greenpeace procedieron al «desmantelamiento» de la planta burgalesa, en un acto de protesta en las inmediaciones de la central donde exigieron el cierre inmediato de Garoña, según informó la responsable de la campaña de energía de la ONG, Raquel Montón.

Montón explicó que se trató de una protesta pacífica, que llegó en un convoy con vehículos de obras con las que reclamaron el desmantelamiento de la central.

Así, la representante de la organización añadió que la Guardia Civil identificó a todos los activistas y detuve a nueve y a los que pidieron retirar una serie de elementos que estaban utilizando para la protesta, como un cartel que pone licencia de obra, una carretilla de obra, etcétera.

Los detenidos fueron trasladados al cuartel de la Guardia Civil de Quintana Martín Galindez (Burgos) y horas más tarde fueron liberados acusados de faltas por desobediencia civil y desorden público, por lo que podrían tener que hacer frente a una sanción económica.

La protesta coincidió con acciones similares que 240 activistas de Greenpeace están desarrollando frente a las centrales nucleares más viejas de Suecia, Suiza, Francia, Holanda y Bélgica, con el objetivo de que no se ponga en riesgo la seguridad de los ciudadanos. En total se produjeron un total de 76 detenidos en todo el continente.

Además, la ONG pretendió advertir de los riesgos de la energía atómica a los miembros del Consejo Europeo que se reunirá este mes de marzo para «decidir si apuestan por energías renovables o por mantener las energías sucias y peligrosas».

Sobre el cambio normativo realizado por el Gobierno, Montón recordó que permitiría que los propietarios pudieran volver a pedir «por tercera vez, una nueva licencia que no han querido solicitar en dos ocasiones anteriores».

«Lamentamos que se esté vulnerando la seguridad para que las grandes empresas eléctricas sigan ganando dinero. Esta central es peligrosa, tiene una orden de cierre y es la más vieja de toda la Unión Europea. Nos parece grave y peligroso que se ponga sobre la mesa su hipotética reapertura», manifestó.

Por otro lado, apuntó que para reabrir la planta atómica burgalesa debería acometer una serie de obras como las exigidas en la evaluación de la licencia en 2009; las mejoras requeridas por las pruebas de estrés realizadas tras el accidente de la central nuclear de Fukushima, y una nueva torre de refrigeración, que exige la Confederación Hidrográfica del Ebro.

En este contexto, consideró que todas estas mejoras llevan sus plazos y advertió de que «el tiempo pasa» por lo que es muy complicado que, en el mejor de los casos Garoña pudiera volver a abrir antes de 2015 o 2016.

Además, recordó que el reactor de Garoña es gemelo al de Fukushima y que su vasija, es de la misma empresa y año que la vasija de un reactor belga al que se le detectaron más de 9.000 grietas, por lo que el Consejo de Seguridad Nuclear, en mayo de 2013 estableció entre los requerimientos de la reapertura, la revisión de las grietas de la vasija del reactor burgalés.

«El camino seguro es el del desmantelamiento, que es el proceso lógico en una central que tienen una orden de cierre», concluyó Montón que, por último, denunció que un helicóptero de la Guardia Civil sobrevoló la central, algo que por Ley está «prohibido» y consideró que se trata de un incumplimiento «grave» por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

«Ahora esperamos que muevan ficha. Confiamos en que esta acción sirva para que el Gobierno vea que es posible cerrar Garoña y que lo haga. Que el Ejecutivo tome nota y desmantele la central«, reclamó Montón.

Nuclenor rechaza y considera «irresponsable» la acción de Greenpeace porque pone en riesgo la seguridad

Por su parte, el titular de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), Nuclenor, expresó su rechazo a la acción de la treintena de activistas de Greenpeace, una actuación que han calificado de «irresponsable».

Así, Nuclenor confirmó que la acción de la ONG finalizó sin que se hayan producido incidencias relevantes y aseguró que «en ningún momento» se vio comprometida la seguridad de la instalación.

Según recordaron fuentes de Nuclenor, respecto a la denuncia de Greenpeace de que un helicóptero de la Guardia Civil sobrevoló la central, matizó que, precisamente, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado son los únicos autorizados a sobrevolar el espacio aéreo de los reactores, en aras de la seguridad.

Además, añadió que se activaron los protocolos previstos, tanto por parte del titular, como de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, encargados de controlar los accesos a la central. Asimismo, afirmó que desde el inicio, tanto el Consejo de Seguridad Nuclear como las autoridades pertinentes permanecieron informados «constantemente».

«Nuclenor rechaza y considera irresponsable este tipo de actuaciones que ponen en riesgo personas e instalaciones», manifestó.

Finalmente, el titular señaló que su equipo humano permanece concentrado en sus «tareas habituales» y reiteró su compromiso de mantener de forma segura la central nuclear.