Alique dijo que la futura ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética provocará que «las empresas españolas tengan que asumir unos costes energéticos altísimos que nos harán perder competitividad con respecto a otros países del resto de Europa».

En este punto, recordó que 17 sectores de la industria española ya mostraron al Gobierno, a través de una serie de cartas abiertas, su disconformidad con la nueva legislación y lo perjudicial que puede resultar para el sector y para la economía española.

El senador socialista explicó que el nuevo texto no supone una reforma energética sino una «chapuza fiscal» para aumentar la recaudación que va a perjudicar a las familias que pagarán un 20% más de factura eléctrica, además de suponer una demostración de que el Gobierno no tiene una hoja de ruta en materia de política energética.

La norma, que está ahora en la Cámara Alta cumpliendo con su trámite parlamentario, recibió del grupo Socialista un veto y 45 enmiendas. Según el PSOE, esta ley ha sido objeto de 6 vetos (PSOE, Entesa (2), Grupo Vasco y Grupo Mixto (2) y 218 enmiendas (PP: 28, PSOE: 45, CiU: 21, Entesa: 59, Grupo Vasco: 27 y Grupo Mixto: 38). Este proyecto de ley, que se tramita por el procedimiento de urgencia, será dictaminado por la Comisión de Industria, Energía y Turismo el martes 4 de diciembre y será elevado al Pleno de la Cámara Alta la semana del 10 de diciembre, según avanzó el grupo socialista.

Una propuesta de veto a la nueva fiscalidad eléctrica

Asimismo, el senador del PSC y portavoz de la izquierda catalana de la Entesa, José Montilla, presentó en la Cámara Alta una propuesta de veto al proyecto de ley de sostenibilidad energética por considerar que no aborda los problemas fundamentales del sector y encarecerá la tarifa.

En su veto, el PSC también consideró que la nueva norma penaliza a las renovables y es ineficaz para luchar contra el déficit de tarifa, al tiempo que ni protege el medio ambiente ni respeta los principios de la política tributaria española y comunitaria.

Montilla estimó además que la norma tampoco respeta los principios constitucionales, a la vez que el nuevo impuesto a la producción de electricidad impone la misma carga tributaria a todos los productores, al margen de su respeto por el medio ambiente.

Al tratarse de un impuesto directo, señaló, no existe la posibilidad de repercutir el tributo a los beneficiarios de la producción. Al mismo tiempo, esta tasa «no realiza una distribución justa y equitativa de la carga tributaria».

En la propuesta de veto, Montilla indicó además que la ley debería atender además a «las especiales situaciones de pérdidas de competitividad de la industria española, en las que se encuentran las empresas de elevado consumo energético, las que van a sufrir más el incremento de los costes energéticos derivados de la aplicación de esta ley».

Para la Entesa, estas nuevas medidas «tendrán un efecto en los consumidores porque incrementará de forma desmedida los costes de los productores». El Gobierno, lejos de solucionar el problema, «ha puesto un parche que se va a trasladar inevitablemente al precio de la electricidad, cuyos perjudicados van a ser los consumidores», aseguró Montilla.