El PSOE pretende «mejorar la competencia» en los carburantes con el objetivo de reducir precios

En este sentido, José Segura señaló que “se pretende mejorar la competencia efectiva en el mercado de la distribución de carburantes de automoción en estaciones de servicio para que se reduzcan los precios y los consumidores paguen menos”. Un conjunto de enmiendas en línea con la proposición de Ley presentada por los socialistas a finales de enero de este año. Al igual que entonces, el PSOE insiste en rebajar el límite de cuota de mercado provincial que ahora tienen las petroleras del 30% al 25%. Las compañías que se encuentren en esa situación no podrán adquirir nuevas instalaciones, ni suscribir nuevos contratos de distribución en exclusiva, ni renovar los contratos preexistentes «si con ello se supera esa cuota de mercado«.

Según las últimas enmiendas introducidas por el PP, la cuota máxima de mercado fijada durante esta legislatura en el 30% pasaría con los nuevos cambios a tenerse en cuenta sobre las ventas minoristas en cada provincia y no sobre la red de gasolineras de cada operador, tal y como establece la legislación hasta ahora vigente y que el PSOE propone rebajar al 25% en cada provincia o cada isla de los archipiélagos. Sin embargo, una diferencia sustancial es que el PSOE no quiere permitir que se renueven los contratos preexistentes si así se rebasa la cuota máxima establecida mientras que el PP sí que está dispuesto a permitir su renovación.

El portavoz socialista de Energía destacó que “la desorientación del Ministerio de Industria en un sector como el de carburantes, de gran importancia para la economía, la movilidad y la industria, se ha puesto de manifiesto en la presente legislatura a través de actuaciones normativas deslavazadas”. Por ello Segura reitera que el Gobierno propició una «anarquía normativa que imposibilita defender los intereses de los consumidores frente a los grandes distribuidores”.

Respecto a la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH), operador de la red de oleoductos en España, se propone que nadie debería tener una participación en su accionariado «en una proporción superior al 10% del capital o del 6% de los derechos de voto de la entidad, no pudiendo sindicarse estas acciones a ningún efecto». Además, en el caso de los operadores petrolíferos que actúen en España o de los que participen en el accionariado de estas compañías en más de un 10%, el límite máximo de su participación en CLH se debería rebajar, según proponen desde el PSOE, al 2%.

En lo que respecto a las actividades de prospección, exploración, investigación y explotación de hidrocarburos, una de las disposiciones añadidas por el grupo socialista es la prohibición «en todo el territorio nacional» del empleo de la técnica de la fractura hidráulica, también conocida como fracking , que inyecta fluidos y aditivos químicos para fracturar las rocas que contienen los hidrocarburos en su interior. Una prohibición que afectaría a los permisos en marcha ya concedidos con anterioridad y en los que esta técnica extractiva participe «en todo el proceso o en parte». En este sentido, se insta al Gobierno a retirar «de forma inmediata» los recursos de inconstitucionalidad presentados contra las comunidades autónomas que prohibieron el fracking .

Un mercado organizado del gas

Por otro lado, Segura recordó que en uno de los capítulos que integran el proyecto de ley se pretende regular el sistema gasista español; en este punto señaló que “a pesar de que nuestro país ha sido pionero en la liberalización de ese producto energético en la Unión Europea, muestra claras carencias en cuanto a transparencia de precios, competitividad de las ofertas, elevados costes de los peajes e inadecuada estructura de aprovisionamiento”. Unas carencias que, según indica el portavoz socialista, “ocasionan el que los precios que pagan los consumidores domésticos industriales y de cogeneración sean los más altos de Europa”.

Por ello, Segura destacó que “la industria española necesita disponer de un gas competitivo, con precios publicados y alejados de la especulación y para ello, se hace preciso disponer en nuestro país de un mercado gasista organizado”. “Desde la convicción de que la situación geoestratégica de la Península Ibérica posibilitará la configuración de un hub gasista, hemos elaborado un conjunto de más de 30 enmiendas que permiten mejorar el contenido del proyecto tanto en lo referente al sector del gas natural, como en el de los gases licuados del petróleo (GLP), indica Segura, que destaca que “todas estas enmiendas se han elaborado desde la óptica de la defensa del consumidor y de la libre competencia”.

En lo que respecta al mercado del gas, desde el PSOE reivindican que se atribuya la supervisión de este mercado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), es decir, «al organismo regulador independiente tal y como se establece en la normativa comunitaria». Además, el PSOE le encomendaría también a la CNMC que aprobara, mediante resolución, las reglas de funcionamiento del mercado «para promover la competencia efectiva y asegurar su adecuado funcionamiento».

Finalmente, otra de las medidas propuestas por los socialistas es la aplicación de un bono social para la bombona de butano, del que disfrutarían determinados consumidores, «personas físicas que cumplan con las características sociales, de consumo y poder adquisitivo que se determinen». Este bono social será financiado por los Presupuestos Generales del Estado para recipientes entre 8 y 20 kilogramos de capacidad (la bombona tradicional es la de 12,5 kilogramos), «a excepción de los envases de mezcla para usos de los gases licuados del petróleo como carburante”, señala el PSOE.