En concreto, el PSOE quiere que el titular de Industria informe sobre el proceso de cierre y desmantelamiento de la central, los planes para el mantenimiento del empleo y la recolocación de sus trabajadores durante el proceso, así como las previsiones para recuperar las inversiones en la comarca del denominado Plan Garoña.

Respecto a la presidenta del CSN, los diputados socialistas quieren que explique el proceso de cierre y desmantelamiento de la central nuclear tras la entrega del preceptivo plan por parte de las empresas propietarias.

La Junta de CyL considera que Garoña está «en el precipicio»

Por su parte, el portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, aseguró que la central nuclear de Garoña se encuentra «en el precipicio» después de que Nuclenor presentara la documentación asociada al cierre de la instalación.

En declaraciones a la prensa antes de la inauguración del Congreso del Juego de Castilla y León, el representante del Gobierno regional reiteró que se sienten «profundamente engañados» después de que apoyaran la continuidad de la central «siempre y cuando fuera segura» en los momentos «más complicados y más difíciles».

Así, reconoció que «se acerca el momento ya irreversible» del cierre, lo que a su juicio sitúa a la central «en el precipicio», porque, pese a que la compañía titular de la licencia de instalación nuclear (Nuclenor) continúa apuntando que aún hay «posibilidades» aunque no aclara al Gobierno de España cuáles son.

«Es cierto que siempre deja una puerta abierta, pero la puerta cada día está bastante más cerrada», recalcó el portavoz de la Junta, que apuntó que la Junta pidió al Gobierno de España que intentara ser flexible y ampliar los plazos de solicitud de la continuidad de la actividad de la central, algo que será «difícil» si la empresa no tiene garantías de hacerlo.

Asimismo, lamentó que «después de haber apoyado» la actividad de la central la empresa titular decidió «no se sabe bien por que incertidumbre» que no continúe, por lo que reiteró que el Gobierno de Juan Vicente Herrera se siente «profundamente engañado» y que sólo puede entender la decisión «como una frivolidad».

También repitió que la Junta, «en los momentos más complicados y difíciles» apoyó la continuidad de Santa María de Garoña «siempre que fuera segura», y recordó que el Consejo de Seguridad Nuclear señaló que las instalaciones tenían «más de diez años de vida útil».

El desmantelamiento dará empleo a «tantas o más» personas que la explotación

El diputado general de Álava, Javier de Andrés (PP), señaló que el proceso de desmantelamiento de Garoña, ubicada a unos 60 kilómetros de Vitoria, dará trabajo a «tantas o más» personas que la propia explotación de la planta.

De Andrés fue preguntado sobre la situación en que quedaron los vecinos de Valle de Tobalina, el municipio burgalés donde está ubicada la central, tras el anuncio del futuro cierre. Su alcalde, Rafael González, afirmó que se sienten «desamparados».

Tras recordar que la central no se encuentra en el territorio alavés y que, por tanto, las implicaciones económicas que conllevará el fin de su actividad afectarán a la comunidad limítrofe, De Andrés señaló que el proceso de desmantelamiento «puede llegar a ocupar tantas o más personas que la explotación de la central».

En este sentido, el diputado general de Álava consideró que «los problemas no van a ser inmediatos», ya que el periodo de desmantelamiento «va a llevar muchos años».

Ecologistas en Acción celebra el cierre y reclama un plan de desarrollo

Asimismo, la organización Ecologistas en Acción celebró el cierre definitivo «y ya inapelable» de la central nuclear de Garoña, después de que el CSN recibiera la documentación requerida para llevar a cabo este proceso. Además reclamó un plan de desarrollo para la zona.

Así, señaló que la preocupación por los trabajadores y la comarca de Garoña debe ser prioritaria para las autoridades y los agentes sociales.

Para la organización, el cierre de la planta termina con un rocambolesco proceso que dio lugar a numerosas especulaciones sobre el futuro de la central. Además, destacó que se cierra también el pulso que Iberdrola y Endesa echaron al Gobierno para intentar favorecer las condiciones no solo de Garoña, sino del resto de las centrales nucleares españolas.

Según indicó Ecologistas en Acción, todas las centrales se van a ver sometidas a una tasa por producción de la electricidad, por indicación directa de Bruselas, que consideró que el actual mercado eléctrico español favorece esta fuente de energía. Además, se verán obligadas a acometer inversiones derivadas de las pruebas de resistencia.

Para los ecologistas, en el caso de Garoña debería además haberse realizado gastos adicionales «por la mala situación de seguridad». A su juicio, no podía tampoco descartarse que en el futuro aparecieran nuevos problemas técnicos que dieran lugar a una parada de la central para reparaciones o, en el peor de los casos, a un accidente. «Habría sido un verdadero escándalo político si el gobierno hubiera cedido ante la presión pública de la industria nuclear», concluyó.

El pasado 6 de septiembre finalizó el plazo fijado por el Gobierno para pedir la renovación de la autorización de la central nuclear y mantener la actividad hasta 2019. Sin embargo, como la empresa no solicitó dicho permiso, el CSN inició el procedimiento para que finalizara su actividad en el próximo mes de julio y exigió «la presentación de los documentos asociados a la declaración de cese definitivo de la central». Esa documentación se entregó en tiempo y forma a principios de esta semana.