El PSOE pide la dimisión de Soria por el conflicto que enfrenta a Hunosa con el Grupo Alonso

García Del Blanco ha afirmado en rueda de prensa en León que considera que no es «suficiente» que la presidenta de Hunosa, María Teresa Mallada, «asuma responsabilidades» por este «sainete», que ocasionó que la empresa minera no recibiera en 2012 unos 50 millones de euros en ayudas.

La justicia considera que el conflicto generado entre Hunosa y el Grupo Alonso se debe a una discrepancia en la interpretación de los contratos y no en una desaparición de ese volumen de mineral que debería tener como destino el Almacenamiento Estratégico Temporal de Carbón (AETC).

Para el senador del PSOE, el inicio de este conflicto supuso la «gran bomba» para la minería, que se ha traducido en la liquidación de algunas empresas y en la pérdida generalizada de puestos de trabajo en el sector, por lo que insta ahora al Gobierno a abonar las ayudas retenidas y a aportar indemnizaciones.

Por otro lado, García del Blanco ha avanzado que preguntará al ministro Soria en el Senado si el Gobierno garantizará lo pactado en el Plan del Carbón 2013-2018 para que posibles compradores de empresas que mantengan las unidades de producción puedan acogerse a los «mismos derechos y obligaciones».

De no ser así, el PSOE ha advertido de que exigirá al Gobierno que cambie su posición porque «el objetivo es garantizar que en el 2018 hayan al menos las mismas explotaciones que en la actualidad» para preservar el sector y «poder hablar de un horizonte más allá del 2019».

Archivada la querella de Hunosa contra Victorino Alonso por presunta estafa

Por otra parte, el Juzgado de Instrucción número 1 de Cangas del Narcea (Asturias) ha acordado el sobreseimiento provisional de la querella presentada por Hunosa contra dos empresas del grupo Victorino Alonso por una presunta estafa en el almacenamiento de carbón cifrada en unos 46 millones de euros.

Fuentes de la empresa estatal han señalado que va a recurrir esta decisión porque considera que sí quedó perfectamente acreditado el déficit de carbón que las empresas Unión Minera del Norte (UMINSA) y Coto Minero Cantábrico tenían depositadas en el Almacén Estratégico Temporal (AETC).

El auto de la juez Nuria Álvarez Posada acuerda el sobreseimiento provisional de las diligencias practicadas porque no concurren los elementos necesarios para que pueda hablarse de estafa y porque los hechos denunciados por Hunosa no han sido «debidamente acreditados».

El Consejo de Hunosa decidió en marzo del pasado año iniciar acciones legales, una por la vía civil, que sigue abierta, y otra por la penal, contra el Grupo Victorino Alonso por la desaparición de 577.924 toneladas de carbón de la hullera pública que se encontraban almacenadas en sus instalaciones.

Fuentes de Hunosa han señalado que ese déficit de carbón quedó perfectamente acreditado y que el hecho de que posteriormente las empresas querelladas pusieran otros carbones a disposición del AETC, no corrige la actuación, a su entender, ilícita.

Desde la empresa minera se refieren así a los dos informes realizados por la misma perito y que, según recoge el auto, primero detectó la falta del mineral y, posteriormente, estableció que con los nuevos carbones puestos a disposición del AETC por parte de UMINSA y CMC había quedado cubierto el déficit detectado.

El Grupo Victorino Alonso ha destacado en un comunicado que había otros acopios adicionales de carbón diferentes a los medidos a instancias de Hunosa, algunos de los cuales estaban en emplazamientos que hasta la fecha no habían albergado carbones del AETC, y otros que estaban próximos a las pilas que sí se midieron.

El empresario leonés ha incidido en que no hubo «ni estafa ni apropiación indebida ni falsedad en documento mercantil» pero que la acusación realizada por Hunosa sí consiguió crear un estado de opinión adecuado para favorecer la denegación de 50 millones de euros en ayudas de 2012 a ambas empresas, provocando la situación concursal en que se hayan inmersas.

Desde Hunosa han negado ese extremo, han recordado que la querella se interpuso en abril de 2013 y que las ayudas ya habían sido denegadas en febrero de ese mismo año, y han afirmado que gracias a esta denuncia UMINSA y CMC han puesto a disposición del AETC más de 600.000 toneladas de nuevos carbones.