El PSOE pide explicaciones a Industria por los gastos de viaje y tarjetas del presidente de Enresa

Los socialistas hicieron esta petición en la Cámara Baja tras la información aparecida en el «eldiario.es« en la que se acusa a Gil-Ortega de haber incumplido su contrato al cargar en su tarjeta una serie de gastos en concepto de viajes nacionales y al extranjero sin justificar, pese a estar ya incluidos en su sueldo, y su intención de contratar a 28 personas «a dedo» a fin de agilizar la construcción del silo.

Una actuación que el entonces máximo responsable jurídico de la compañía y uno de los siete miembros del Comité de Dirección de Enresa, Jesús Moreno, calificó de posible «enriquecimiento injusto» en un informe interno, en el que avisaba de la «incompatibilidad» entre el cobro de dietas por parte de Gil-Ortega y el abono de esos gastos. Moreno fue destituido de forma fulminante tras redactar ese informe.

Gil-Ortega, exsenador del PP y exalcalde de Ciudad Real, es una persona de la máxima confianza de la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, y fue nombrado en junio de 2012 al frente de Enresa sin ninguna experiencia en el sector nuclear. Esta empresa promueve actualmente el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos radiactivos de alta actividad de Villar de Cañas (Cuenca).

Frente a esto, el primer partido de la oposición busca que el titular de Industria acuda a la comisión parlamentaria del ramo para dar cuenta de la auditoría interna realizada por Enresa, de la que se desprende que Gil-Ortega incumplió su contrato e cometió irregularidades en los gastos realizadas por su presidente.

Además de reclamar la documentación oficial que avala la información del diario digital, los diputados del PSOE por Castilla-La Mancha Alejandro Alonso, Luis Carlos Sahuquillo e Isabel Rodríguez presentaron una batería de preguntas en el Congreso para que el Gobierno confirme si Gil-Ortega cobró gastos que previamente había cargado a su tarjeta sin presentar la correspondiente factura, para que informe de la razones que motivaron el cese del responsable jurídico de Enresa y para que detalle la relación de gastos de representación abonados en 2013 a su presidente.

Entre otras muchas cuestiones, también quieren saber cuál es la retribución oficial total, tanto fija como variable, que recibe Gil-Ortega, que, según el citado medio digital, ronda los 105.000 euros brutos anuales, qué opina el Gobierno sobre su gestión al frente de Enresa y qué decisiones adoptará en caso de confirmarse la información publicada.

«¿Asume el Gobierno su responsabilidad de haber nombrado como presidente de Enresa en un asunto tan sensible a una persona sin ninguna experiencia previa en el sector nuclear y cuyo único mérito parece ser la vinculación de confianza con la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal?», reza otro de los interrogantes.

En este sentido, la Plataforma contra el ATC volvió a pedir la dimisión del presidente de Enresa por las «irregularidades» en su gestión.

«Mucho nos tememos que las prisas son otras, más bien de índole electoral y que los ‘perfiles especializados’ que reclama Gil-Ortega podrían guardar más relación con clientelismos políticos que con perfiles técnicos», denunciaron.

Todo ello, lleva a los integrantes de esta plataforma a asegurar que «nunca la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos había estado tan politizada, nunca su presidente había sido tantas veces noticia ni nunca había sido tan cuestionada la credibilidad de esta entidad pública».

«Por tanto para esta plataforma existen motivos más que suficientes para pedir, una vez más, la inmediata dimisión de Francisco Gil-Ortega como presidente de Enresa».

Más información sobre la «idoneidad» del ATC

Asimismo, el secretario regional del PSOE, Emiliano García-Page pidió tanto a María Dolores de Cospedal, como a José Manuel Soria, que den información «urgente» sobre el ATC que se va a ubicar en Villar de Cañas (Cuenca).

Page realizó esta petición después de que «eldiario.es» publicara una información en la que aseguró que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) cuestiona en un documento interno la «idoneidad» de emplazar el silo en la localidad de Villar de Cañas (Cuenca), pues advirtió de múltiples «carencias» en la documentación presentada por Enresa.

«Lo que estamos conociendo sobre el basurero nuclear es mucho más grave que la opinión política que podíamos tener de él, pues genera muchas dudas sobre seguridad y salubridad. No nos gusta el basurero por motivos de dignidad del pueblo, de la región y por dignidad económica», dijo el líder socialista castellano-manchego, que urgió a la presidenta regional y al ministro del ramo a que «aclaren» todos los extremos de esta instalación antes de que se siga avanzando su construcción.