El PSOE pedirá una auditoría sobre la gestión de Gil-Ortega en Enresa

El portavoz socialista en el Congreso, Antonio Hernando, anunció la presentación de esta iniciativa en rueda de prensa en Toledo, tras reunirse con el secretario general del PSOE castellanomanchego y candidato a la Junta, Emiliano García-Page.

Para Hernando, la dimisión de Gil-Ortega como presidente de Enresa supone una «bofetada» a la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, por haber elegido a una persona «sin características ni conocimientos» para asumir la presidencia de esta empresa pública.

Con esta auditoría, el PSOE quiere que se aclare con qué empresas se firmaron los contratos en relación al ATC y «con qué finalidad», pues «se sabía que estaban abocados al fracaso» y que era «una irresponsabilidad construir en esos terrenos», según dijo Hernando.

Junto a la petición de una auditoría, el grupo socialista va a solicitar la comparecencia urgente del ministro de Industria, José Manuel Soria, y del presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Marti, en el Congreso para que den explicaciones sobre la viabilidad del almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares de alta actividad y combustible gastado.

La ubicación del ATC parte de una decisión socialista

Asimismo, la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, recordó que la elección de Villar de Cañas (Cuenca) para ubicar el ATC partió de una «decisión previa» del anterior Gobierno socialista que, en su momento, decidió la posibilidad de cinco emplazamientos distintos para la instalación. «De entre esos cinco, nosotros designamos uno», señaló.

Sáenz de Santamaría explicó que en estos momentos «se está produciendo un cambio en Enresa, que también tiene mucho que decir en esta cuestión y le corresponderá tomar las decisiones oportunas», al ser preguntada sobre un posible encarecimiento de la obra civil del ATC.

En cualquier caso, la vicepresidenta incidió en la importancia de las «intervenciones del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)», sus informes y autorizaciones pendientes en relación al ATC, que son vinculantes y preceptivos en caso de ser negativos, así como «en cualquier otro» emplazamiento de este tipo (centrales nucleares, hospitales u otras instalaciones atómicas), y que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo tendrá «muy presente» la posición del regulador.

Las «prisas» conducían a «sobrecostes e incertidumbres»

Por su parte, el Colegio Oficial de Geólogos (ICOG) solicitó a Industria que se tome «el tiempo técnicamente necesario» para adjudicar las obras del ATC en Villar de Cañas (Cuenca).

Los geólogos recordaron que el ATC «es un proyecto estratégico con una vida útil de 100 años, por lo que es necesario tomar todas las medidas técnicas necesarias para asegurar su estabilidad estructural».

El ICOG estimó, además, que la adjudicación de la contratación del ATC debe realizarse de acuerdo con los requerimientos previos que establezca el CSN. «Los estudios geotécnicos realizados hasta la fecha, indican que, si no se realizan el proyecto constructivo con calma y analizan todos los riesgos geotécnicos, pudieran producirse sobrecostes importantes en la obra por la presencia de suelos con carstificación y disolución de yesos, de arcillas expansivas y de zonas inundables«.

Asimismo, el Colegio de Geólogos consideró que debería realizarse un análisis del coste y beneficio sobre la ejecución del proyecto en Villar de Cañas o «alternativamente investigar otras opciones más favorables desde el punto de visto geológico».

En opinión del colegio profesional, el «incumplimiento» de los criterios geológicos va hacer muy complejo que el proyecto del ATC se adjudique en esta legislatura. «Pretender que el proyecto y adjudicación de la obra, sea aprobado en una legislatura, impide que se hayan realizado los adecuados estudios geológicos y geotécnicos, que minimicen o eliminen posibles reformados en las obras», según estimó el ICOG.

En ese sentido, recordó que los reformados de los proyectos fueron una «práctica demasiado habitual» en España durante las últimas décadas y «muy criticada» por los organismos de la Unión Europea. «Múltiples obras de infraestructura se han adjudicado sin los adecuados estudios geológicos previos, lo cual ha generado sobrecostes de más del 30% sobre el presupuesto inicial», concluyó la institución.