El PSOE negocia contrarreloj con CiU para salvar el recorte a las primas fotovoltaicas

En la Cámara Alta, la enmienda fue apoyada por PP, CiU, PNV, ERC, ICV y los senadores del mixto y contó con el voto en contra del PSOE, aunque ahora los nacionalistas vascos no descartan sumarse a los socialistas para derrotar la modificación, según adelantaron fuentes de esta formación, que afirmaron que «está todo abierto».

Aun así, esta situación sólo genera un empate a 175 escaños a favor y otros tantos en contra que no garantiza que se retire la enmienda. De esta forma, el PSOE necesita los diez escaños de CiU para sumar una mayoría suficiente, ya que ni el PP ni las minorías de la izquierda parlamentaria descartan modificar el sentido de su voto ante esta medida.

Sin embargo, la federación catalana sigue sin decidir el sentido de su voto, pese a los contactos continuos que llevan manteniendo con el PSOE a lo largo de esta semana, y en los que participó incluso el propio ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, al que se le ha podido en los pasillos del Congreso con el portavoz económico de CiU, Josep Sánchez Llibre.

El pasado mes de enero, el PSOE logró convalidar el decreto con los votos a favor del PNV y la abstención de CiU, a condición de pactar ciertas modificaciones a la norma aprovechando el trámite parlamentario de la Ley de Economía Sostenible.

De esta forma, se acordó elevar de 25 a 30 el número de años con derecho a prima, así como facilitar el acceso de los productores fotovoltaicos a líneas del ICO y garantizar que en el futuro no puedan realizarse nuevos recortes en el número de horas con derecho a prima.

No obstante, el PSOE se negó a aceptar la propuesta de CiU de suavizar el recorte aceptando una reducción del 30% al 20% en la reducción de las horas con retribución durante los próximos tres años para las instalaciones del real decreto 661/2007.

A raíz de la introducción de esta enmienda, un grupo de inversores internacionales han presentado una demanda contra Gobierno español ante un tribunal de arbitraje de Londres por el daño provocado por los cambios retroactivos introducidos en la legislación de remuneración a los productores de energía fotovoltaica.

Los inversores, representados por el despacho internacional Allen & Overy, han realizado inversiones por valor de 2.875 millones de euros en proyectos fotovoltaicos en España. Los demandantes piden una indemnización indeterminada al Gobierno español que corresponda con el daño causado por sus acciones sobre las inversiones realizadas en el sector.