El PSOE lleva al Constitucional la reforma energética por retroactiva

El PSOE explicó que las medidas incluidas en el Real Decreto-Ley 9/2013 sobre el sistema de retribución a las renovables, cogeneración y residuos suponen un «ejercicio de retroactividad que pone en cuestión la seguridad jurídica» y «sientan un peligroso precedente para la garantía y seguridad de las inversiones en actividades reguladas».

La reforma energética modifica, junto con otra serie de medidas que afectan a las renovables, el sistema de retribución para estas fuentes que dejan de recibir primas para ceñirse a una «rentabilidad razonable» en función de la evolución del bono a 10 años más 300 puntos y de unos criterios aún sin definir.

Es decir, que en 2013 se toman decisiones sobre instalaciones construidas hace años, estableciéndose ahora a qué coste debiera haberse realizado en su día la inversión, con qué coste debieran haberse operado y mantenido desde que entraron en funcionamiento, y qué «rentabilidad razonable» debieran haber obtenido si sus costes hubieran sido los que ahora considere el Gobierno que debían haber sido con una gestión eficiente, para rehacer con esos criterios las cuentas desde su puesta en funcionamiento para ajustar sus ingresos futuros.

A su juicio, ahora se puede reducir la rentabilidad de unas instalaciones, incluso hasta hacerla negativa, y no para ajustarla al cambio en las condiciones económicas y financieras del contexto, «sino para compensar una rentabilidad superior a lo que ahora se dice que hubiera sido razonable, obtenida en los años de vida de la instalación, al margen del marco retributivo con el que esas inversiones se realizaron, con grave daño a la seguridad jurídica de las inversiones en actividades reguladas, porque siempre estarán al arbitrio de la revisión de la rentabilidad que desde su puesta en funcionamiento se pueda decidir».

Para el grupo parlamentario socialista, estos cambios conllevan «la vulneración de diferentes preceptos constitucionales», como los de seguridad jurídica e irretroactividad de las disposiciones restrictivas de derechos del artículo 9.3 de la Constitución española, el principio de reserva de ley o el artículo 86.1 de la Constitución sobre los requisitos constitucionales para dictar decretos-leyes.

Junto a esto, el grupo socialista señaló que la reforma del Gobierno «dificulta las inversiones productivas» para un «nuevo modelo con un gran componente innovador, como es el caso de las renovables».

Por otro lado, los socialistas destacaron que este Real Decreto-ley «agrava los problemas del sistema energético español y afecta a un tipo de energías autóctonas como las renovables en un país con un 80% de dependencia energética respecto de terceros países».

Subrayaron asimismo que la reforma del Ministerio que dirige José Manuel Soria «incumple compromisos europeos, traslada el déficit tarifario al recibo de la luz con las consiguientes subidas que sufrirán las economías familiares y las industriales y condena a nuestro país a tener una energía cada vez más cara que el resto de la Unión Europea» y «arroja por la borda el esfuerzo de las renovables que se consolida en otros países, un yacimiento de empleo intensivo», aseguró.

En su opinión, el Gobierno «renuncia a las energías renovables despreciando la oportunidad de avanzar en independencia energética y abre un conflicto social que puede traducirse en miles de desahucios para los inversores familiares que hipotecaron sus propiedades para instalar plantas fotovoltaicas, con un número de afectados sólo por instalaciones fotovoltaicas de 55.000″.

De esta manera, la reforma energética «genera una nueva forma de pobreza, la energética, en la que muchas familias tienen que renunciar a determinados servicios en sus hogares». Y además, «amenaza gravemente la competitividad de la industria española y castiga al sector servicios con sobrecostes añadidos».

El recurso fue registrado por la diputada asturiana Luisa Carcedo, portavoz adjunta del Grupo Socialista, y por los portavoces de Energía del Congreso y del Senado, José Segura y Jesús Alique, respectivamente. En estos casi dos años de legislatura el PSOE presentó ya más de una quincena de recursos de inconstitucionalidad contra medidas del Gobierno del PP.