El PSOE insta al Gobierno a retirar la moratoria para las renovables

Al mismo tiempo, Morán señaló que el Ejecutivo «debe iniciar un proceso de diálogo que permita consensuar una estrategia al país en relación con el modelo energético, en general, y el papel de las energías renovables, en particular».

El dirigente socialista dijo que la moratoria es una muestra más de «la desvinculación del Gobierno del Partido Popular con cualquier compromiso de carácter ambiental» y rompe con la iniciativa de la Unión Europea, la Estrategia 2020, vinculada a la lucha contra el cambio climático y a la evolución a un nuevo patrón energético.

Morán aseguró que, además, esta decisión del Gobierno «pone en riesgo las estrategias territoriales vinculadas al desarrollo económico y al empleo» y que la puesta en marcha de la moratoria afectaría «a cerca de 50.000 empleos directos y a todo el empleo inducido que se genera alrededor del sector de las energías renovables».

También recordó que España ocupa «una situación estratégica a nivel internacional en I+D+i como generadora de patentes, industrias y productos en renovables, lo que afectará negativamente a la balanza de comercio exterior».

«El Gobierno de Rajoy debe retirar el real decreto y abrir una mesa de negociación en la que participen las comunidades autónomas, los ayuntamientos, las organizaciones sindicales y el sector, tanto en su vertiente energética como en su vertiente industrial, sin olvidar tampoco a las ONG, si queremos tener una política ambiental seria», insistió el dirigente socialista.

Tampoco a la Izquierda Plural le gusta la decisión adoptada por el Gobierno. La diputada de ICV y portavoz del grupo, Laia Ortiz, calificó de «aberración» e «irresponsabilidad» la decisión del Gobierno, tanto desde el punto de vista medioambiental como desde el económico.

Además, criticó el carácter «unilateral» de la decisión y consideró que supone una «involución» para el país y seguir apostando por un modelo energético basado en los combustibles fósiles, lo que a su juicio sólo se explica por la voluntad del Ejecutivo ‘popular’ de mantener los privilegios tanto a las eléctricas como al sector nuclear e hidráulico.

Por su parte, UPyD no apoyará la iniciativa, aunque desde el Grupo indicaron que aún está por decidir si votarán en contra o se abstendrán.

Esta normativa, presentada a finales de enero por el ministro de Industria, Energía y Turismo, supondrá dejar de primar a las energías renovables con cargo a los presupuestos, lo que conllevará un ahorro a las arcas del Estado de unos 7.220 millones de euros destinados a las primas al régimen especial en 2012.

Según detalló Soria, esta suspensión evitará la instalación con primas de 500 megavatios (MW) renovables que se encontraban a la espera de entrar en el registro, lo que evitará el pago de incentivos por 160 millones de euros al año sin perjudicar con ello ni al sistema eléctrico, que tiene suficiente capacidad instalada para hacer frente a la demanda, ni al cumplimiento de los objetivos renovables de la Unión Europea.

El objetivo que persigue la moratoria es contribuir a la reducción del déficit marcado por el Ejecutivo central, al poner «un freno temporal a un sistema de retribución que entraña unos costes demasiado elevados para el sistema eléctrico», y forma parte, según el titular de Industria, de una reforma más amplia del sector energético.