El PSOE insta a trasladar a los presupuestos del Estado la parte no eléctrica del recibo de la luz

Así consta en el texto presentado por el grupo socialista, en el que hizo hincapié en los derivados de apoyos a la insularidad o a la generación con combustibles fósiles como el carbón, al igual que los derivados de «decisiones políticas pasadas».

También pidió que se impulse un Pacto de Estado de la Energía para dotar a la política energética de una estabilidad mayor y cumplir con los objetivos de la Unión Europea en materia de reducción de las emisiones de CO2.

Asimismo, solicitó la elaboración, en el plazo de un año, de una prospectiva energética con visión a largo plazo para fijar compromisos con el objetivo de tener un sistema energético bajo en carbono y reducir «drásticamente» la alta dependencia energética de España en el horizonte del 2050.

De igual forma, pidió establecer un modelo energético «más sostenible» desde el punto de vista económico, medioambiental y social y la aprobación de un nuevo marco normativo para el sector que restituya «cuanto antes» la seguridad jurídica en las renovables.

Otras de las peticiones del grupo socialista fueron la aprobación de un plan de apoyo integrar la generación eléctrica con energías renovables y energía primaria autóctona, y dotar al mercado eléctrico español de una «mayor robustez» ante «intentos de afectar su funcionamiento», haciéndolo «más eficiente» en la fijación de precios y facilitando la entrada de nuevos actores para garantizar la competencia.

Solicitó además revisar «en profundidad» las tarifas de los pequeños consumidores que sean establecidas por los precios del nuevo mercado, que revelará el coste del mix energético y no el coste marginal del sistema, «siempre muy superior».

La propuesta de resolución también demandó la realización en los próximos seis meses de una auditoría de costes del sistema eléctrico para determinar «fehacientemente» los distintos costes del sistema eléctrico. Al mismo tiempo, requirió la aprobación en el plazo de tres meses de una estrategia para la erradicación de la pobreza energética y el establecimiento de un servicio mínimo de suministro de energía (electricidad y gas) que garantice que ningún hogar pueda ser privado de un mínimo de cobertura de subsistencia.

A su vez, exigió la suspensión de los permisos de investigación o autorizaciones de exploración de hidrocarburos, concedidos o en tramitación, en el mar Mediterráneo y en las aguas jurisdiccionales colindantes al Archipiélago Canario.

En esta línea, solicitó la paralización de la actividad de los proyectos que requieran la utilización de técnicas de fracturación hidráulica (fracking). En concreto, sugirió la suspensión de las autorizaciones concedidas y la prohibición de nuevas actividades en tanto no se disponga de informes «concluyentes» que descarten la existencia de daños ambientales irreparables ligados a las mismas.

Igualmente, pidió paralizar «inmediatamente» el proyecto del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca) puesto que «su seguridad no está garantizada», siendo el emplazamiento a su juicio «inadecuado» desde el punto de vista geotécnico.

El diputado socialista Luis Carlos Sahuquillo tachó de «traición» la decisión de instalar el cementerio nuclear en Villar de Cañas, en la provincia de Cuenca, al mismo tiempo que responsabilizó de esta «barbaridad» a la presidenta de Castilla-La Mancha, Maria Dolores de Cospedal.

Actualmente, está pendiente de licencia la idoneidad del emplazamiento del almacén, así como la de la de construcción, que tienen que ser emitidas por el Consejo de Seguridad Nuclear (CNS) y, según recordó, existe un informe del regulador que instó a Enresa a mejorar el proyecto porque ve «lagunas» para conceder los permisos de emplazamiento y, además, otro documento de una empresa norteamericana URS en el que se concluyó que el emplazamiento previsto «es inadecuado» y añadió que «no estamos dispuestos a tragarnos como mínimo por 75 años un basurero nuclear».

En cuanto a las centrales nucleares, instó al Ejecutivo a adoptar las medidas necesarias para no prorrogar la vida útil de estas instalaciones más allá de los 40 años, así como el cese definitivo de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos).

Entre las reivindicaciones figuraron también la de potenciar las interconexiones eléctricas y la generación distribuida, garantizar la trasposición de las directivas europeas sobre certificación y etiquetado de eficiencia energética, y preservar las fuentes autóctonas de forma que contribuyan a asegurar la garantía de suministro dada la dependencia energética de España.

Una Ley de Lucha contra el Cambio Climático

Asimismo, el Grupo Socialista registró una propuesta en la que solicitó al Gobierno que envíe al Parlamento un proyecto de Ley de Lucha contra el Cambio Climático que debería establecer la agenda de reducción de emisiones de CO2 para 2050 y con objetivos para 2025, 2030 y 2040.

Estos objetivos deben incorporar la obligación de destinar lo obtenido en las subastas de derechos de emisión al Fondo Español del Carbono y de las empresas de presentar cuentas anuales con la estimación de la huella ecológica en el registro mercantil.

Para elaborar ese proyecto de ley, el PSOE recalcó que el Gobierno tendría que abrir un diálogo con la sociedad civil e incorporar «equilibradamente» las diferentes inquietudes y sensibilidades «sobre la necesidad de una actuación firme contra el cambio climático».

Además, indicó que el Ejecutivo buscará «el máximo consenso» de los grupos parlamentarios con el objetivo primordial de «ofrecer una respuesta común para un desafío que atañe y compromete a varias generaciones en un horizonte temporal de gran amplitud».

El proyecto de ley debería ser aprobado definitivamente antes de que el próximo mes de diciembre se celebre la cumbre mundial del clima en París (Francia).

Por otro lado, el PSOE incluyó en su propuesta de resolución que se detenga «la precarización, privatización y mercantilización de los bienes ambientales que ha presidido» la política ambiental del Gobierno de Mariano Rajoy, «sustituyéndola por la sostenibilidad como elemento consustancial al concepto de desarrollo económico y social».

Los socialistas propusieron evaluar las incidencias del cambio climático en las playas (dominio público marítimo-terrestre) y tomar medidas de prevención, mitigación y adaptación para hacer frente a sus posibles efectos, así como eliminar los contenidos de la Ley de Costas aprobada en 2013 relativos a la «desprotección ambiental» y los que favorecen «la privatización y la especulación en zonas costeras hasta ahora protegidas».

Además, recomendaron incorporar la reducción de la contaminación como un objetivo del modelo productivo con la adopción de medidas contra las diferentes formas de contaminación (atmosférica, terrestre, de las aguas, lumínica y acústica).

En este sentido, defendieron la protección de la biodiversidad con el desarrollo de los espacios protegidos en la Red Natura 2000 y la protección del patrimonio forestal.