El PSOE e Izquierda Plural cargan contra el ministro Soria por los informes de las energías renovables y este sostiene que «eran adicionales»

En 2013, el Gobierno encargó a las consultoras Roland Berger y Boston Consulting Group sendos informes para respaldar el nuevo sistema de retribución de las renovables, pero finalmente uno de los contratos fue rescindido y el otro documento se presentó tras la aprobación de la normativa.

La diputada del PSOE Pilar Lucio calificó de «desastre» la política energética del Gobierno, porque está hecha «sin estrategia, sin diálogo, sin consenso», basada en «decisiones ideológicas y cortoplacistas» que no han logrado bajar la factura de la luz.

También cargó contra el «escándalo» de los informes sobre las renovables porque estos documentos «no existían cuando usted cambió la legislación», a pesar de que su encargo se justificó en que aportarían «transparencia y objetividad» y sólo buscaban frustrar el desarrollo de las renovables.

Esta adjudicación, «que podrá ser legal, pero no es ética ni estética», constituye para la diputada «un auténtico fraude y una chapuza».

Desde Izquierda Plural, la diputada Laia Ortiz pidió la dimisión de Soria y el cese del secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, por gobernar «dando bandazos» y «al servicio de los grandes intereses de las corporaciones energéticas».

El «colofón» de esta política han sido, en su opinión, los informes renovables, presupuestados en un millón de euros y que aún no son públicos, lo que indica que la normativa se aprobó «con arbitrariedad, con opacidad y sin respaldo».

También criticó el «despropósito» de los peajes al autoconsumo, que explica como «amenaza a las grandes eléctricas porque es ahorro energético», mientras «la factura eléctrica continúa aumentando».

El portavoz del PNV Pedro Aspiazu solicitó que se agilice el cierre de la central nuclear de Garoña y que se facilite la adaptación de la TDT.

En cambio, el diputado del PP Guillermo Mariscal defendió la política energética del Gobierno, basada en la sostenibilidad financiera, medioambiental y de suministro, al tiempo que subrayó que la dirección política del país corresponde al Ejecutivo y no a las consultoras.

Los informes eran «adicionales»

Por su parte, el ministro de Industria defendió que «no se ha encargado a ninguna empresa externa la elaboración de los estándares» para calcular la retribución renovable, puesto que la elaboración de la normativa renovable correspondió «exclusivamente» a Industria y, en concreto, por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), aunque se decidió «recabar el criterio» de otros organismos públicos y privados, entre ellos las consultoras, para aportar «información adicional».

«Durante la elaboración del diseño del nuevo régimen retributivo se encargó al IDAE que recabara apoyo sobre los costes de inversión de las distintas energías renovables basándose en su propia experiencia, que es mucha, más que ningún otro en España», recalcó.

En cualquier caso, apuntó que los contratos con las consultoras se firmaron en diciembre de 2013, cuando los trabajos ya estaban avanzados y los criterios establecidos, y que desde entonces los funcionarios del IDAE mantuvieron reuniones con responsables de las consultoras para «evaluar» el avance del proyecto y cotejar la información.

No obstante, subrayó que el trabajo de estas consultoras fue meramente de «contrastes», ya que el criterio para la elaboración de los estándares fue exclusivo de los servicios del Ministerio.

Soria explicó que el contrato con Boston Consulting se rescindió porque «no se ajustaba a las condiciones del pliego» al no presentarse en el formato establecido ni aportar algunas de las informaciones requeridas.

Entre estas faltas de datos, citó los estándares históricos y a futuro de las principales variables por tecnologías y año de puesta en marcha, así como de las necesidades de resoluciones por tecnología. A esto añadió que el documento final «no incluye los análisis ni los resultados de algunas tecnologías».

Soria se defendió así de los argumentos de Pilar Lucio y acusó a los diputados de la oposición de «confundir deliberadamente» a la opinión pública, «ya que no tiene nada que ver lo que plantea con la realidad de los hechos», y defendió que «el Gobierno de España debe encargar la elaboración de los criterios a quien tiene que hacerlo, y así se hizo» poniéndolo en manos de los servicios del Ministerio.

Asimismo, el ministro defendió la política energética de su Ejecutivo, que consiguió «arreglar y solucionar» la herencia del anterior Gobierno socialista. Para ello, el titular de Industria se basó en las declaraciones de su antecesor en el cargo, Miguel Sebastián, en un artículo en las que reconocía que «el Gobierno socialista apostó desproporcionadamente por las energías renovables».