En el texto de las enmiendas, el PSOE pidió la supresión del título I de la ley, en el que se recoge el impuesto a la generación eléctrica, ya que no puede hablarse de «impuesto medioambiental» cuando «no se establece un incentivo a reducir la contaminación» ni se evitan conductas que supongan «un perjuicio para el medio».

El nuevo impuesto «ni responde al objetivo pretendido por la norma, protección del medio ambiente, ni respeta los principios rectores de la política tributaria española, ni los principios constitucionales», aseguró el grupo socialista.

Al aplicar un tipo único del 6%, el Gobierno impone la misma carga fiscal a los productores respetuosos con el medio ambiente que a los no respetuosos, y crea además una base imponible para el impuesto en la que se parte de una «capacidad económica desvirtuada» que no hace sino «ahondar en la desigualdad» entre unos y otros productores, indicó el PSOE.

Esta desproporcionalidad, indicó, hace que el nuevo impuesto sitúe a los productores en peores condiciones de competencia empresarial y que dispongan de menos oportunidades competitivas en el sector.

«Por tanto», advirtió el PSOE, «el impuesto creado podría ser inconstitucional», ya que «vulnera principios de justicia tributaria constitucionalmente tutelados, limitando la competitividad económica e impidiendo el crecimiento económico sostenible».

Como alternativa al impuesto, propuso fijar una fórmula que exima de su pago a las energías renovables u otra opción en la que se apliquen tipos progresivos en función de los ingresos anuales del productor. Estos tipos irían del 1,2% para una facturación de hasta 1,5 millones al 6% cuando la facturación supere los 40 millones.

Otra de las propuestas del principal grupo de oposición consistió en aplicar un añadido a uno de los artículos de la ley para especificar el carácter temporal de las medidas y condicionar su finalización a la consecución del objetivo de suficiencia en el sistema eléctrico.

Además, reclamó medidas para mejorar la cogeneración y la competitividad de los grandes consumidores de electricidad, así como que, en caso de que se aplique, el impuesto del 6% también afecte a la electricidad que se importa, con el objetivo de no perjudicar a los productores nacionales frente a los extranjeros.