El PSOE asegura que el Gobierno está inspeccionando sin base legal la distribución de gasóleo por parte de las cooperativas agrarias

El portavoz parlamentario socialista de Agricultura, Alejandro Alonso, se refirió en concreto a la orden dictada hace dos años por el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales del Ministerio de Hacienda, que obliga a inspeccionar a las cooperativas agroalimentarias que distribuyen gasóleo agrícola a tipo reducido.

Dichas inspecciones se basan en «una interpretación» de la Dirección General de Tributos de 2006, que «entiende que las tarjetas-gasóleo bonificado no sólo deben ser utilizadas como medio de pago, sino que también han de usarse en el momento de la retirada» del combustible en el poste de la cooperativa, a pesar de que «tal requisito no figura ni en la ley ni en el reglamento» de los Impuestos Especiales.

Así, cuando los inspectores detectan que la cooperativa no exige la presentación de dicha tarjeta al retirar el gasóleo, proceden a regularizar la cuota pagada por la cooperativa. Es decir, a cobrar la cantidad correspondiente al tipo normal no bonificado, lo que en ocasiones puede ascender por encima del medio millón de euros.

Sin embargo, el PSOE consideró que esta forma de actuar «no tiene base legal» ni en la ley ni en el reglamento de Impuestos Especiales. De hecho, en 1994 la Dirección General de Aduanas informó a la Confederación de Cooperativas Agrarias de España -hoy Cooperativas Agroalimentarias de España- de que se podía entregar el gasóleo sin presentar la tarjeta porque «esa fórmula no implicaría un menor control en las ventas y existencias». «No existe ningún precepto que expresamente lo prohíba», añadió.

Esta previsión legal tampoco cambió con la entrada en vigor, al año siguiente, del Reglamento de Impuestos Especiales, ni con su modificación el pasado mes de enero. Y tanto el Tribunal Económico-Administrativo Central como el de Castilla-La Mancha ratificaron este principio en sendas sentencias de 1999 y 2003, precisando que no usar la tarjeta al recoger el gasóleo no podría conllevar ni regularizaciones del impuesto ni sanciones.

«No obstante lo anterior, y por primera vez en catorce años, la consulta (de 2006) adopta el criterio según el cual las cooperativas que suministran gasóleo bonificado a sus socios deben pasar física o electrónicamente las tarjetas-gasóleo bonificado para cada suministro en el mismo momento del suministro. De no hacerse así, se perdería el derecho a la aplicación del tipo impositivo reducido», criticó el principal partido de la oposición, recordando que este cambio de criterio de la Dirección de Aduanas ni siquiera tenía que ver con la consulta realizada.

En este sentido, el PSOE recordó que un fallo del Tribunal Supremo de 2011 arroga el derecho de interpretación de la legislación al Gobierno a través de la aprobación de reglamentos, por lo que la respuesta a una consulta no puede modificar las previsiones legales.

«Con sus decisiones, el Gobierno pone en riesgo el futuro de las cooperativas agroalimentarias. El PP debe frenar cuanto antes su escalada de inspecciones a las cooperativas, porque pese a no tener una clara base legal, están dañando gravemente al sector agroalimentario», reprochó el diputado toledano.

Por todas estas razones, Alonso registró una proposición no de ley para su debate en el Pleno del Congreso, con la que exige al Ejecutivo, y en particular al Ministerio de Hacienda, que «suspenda con carácter inmediato» las inspecciones y que «dé solución a este conflicto que está afectando a las cooperativas agroalimentarias».

Además, registró una batería de preguntas dirigidas al titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, para saber si está de acuerdo con la interpretación de la normativa de Impuestos Especiales que está haciendo el Departamento de Aduanas, si avala las actuaciones llevadas a cabo en los últimos dos años y si es «consciente del quebranto económico» que se está causando a las cooperativas.

Alonso también quiere saber «cómo es posible» que tras la modificación parcial del Reglamento de Impuestos Especiales el pasado mes de enero para permitir que se puedan usar medios distintos a la tarjeta-gasóleo bonificado en la retirada del combustible, Aduanas siga impulsando las inspecciones, y si es que ha habido otras modificaciones legislativas o pronunciamientos judiciales que las justifiquen.

«¿En qué disposición de la Ley o del Reglamento de Impuestos Especiales encuentra base el criterio (utilizado para realizar las inspecciones) y sus efectos? ¿Considera el Ministerio de Hacienda que la consulta de 2006 ha supuesto una reinterpretación de la Ley y del Reglamento, hasta el punto de que invade competencias restringidas al Ministerio?», añadió el diputado.