El PSOE advierte de que el crédito de 2.200 millones a las renovables podría ser «ayuda de Estado»

Esta consideración aparece recogida en las enmiendas del PSOE a este proyecto legislativo. El objetivo de la norma es reducir el desajuste del sistema eléctrico mediante la concesión de un préstamo a la tarifa con cargo a las cuentas públicas.

La norma indicó que el préstamo se concede para financiar determinados costes del sistema eléctrico «ocasionados por los incentivos económicos para el fomento a la producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energías renovables».

El PSOE pidió eliminar esta alusión a las tecnologías «verdes» para «evitar la eventual consideración de la financiación pública de las energías renovables como ayuda de Estado, lo que implicaría su sujeción a las limitacioneas previstas en la normativa comunitaria».

Además, consideró que esta alusión a las renovables «resulta innecesaria, al mismo tiempo que limita las posibilidades de actuación a la hora de decidir a qué costes del sistema se debe aplicar dicho crédito extraordinario«.

De hecho, «se podría dar la circunstancia de no poder aplicar los fondos así dispuestos a otro fin» en caso de que la norma se apruebe como está concebida en la actualidad, advirtió el PSOE.

Si se aplica el cambio propuesto, se evitará además la necesidad de recurrir a mecanismos adicionales de financiación, entre ellos posibles subidas de los peajes eléctricos, argumentaron los socialistas.

Por su parte, la Izquierda Plural, compuesta por IU, ICV-EUiA y CHA, presentó una enmienda a la totalidad del texto y varias enmiendas al articulado, en las que insistió en anular la referencia a las renovables, ya que el déficit de tarifa es fruto de «un problema estructural de la regulación» y no del coste de estas tecnologías.

Este grupo propuso introducir además una disposición adicional por la que en el plazo de tres meses el Gobierno debará realizar una auditoría independiente de la composición del déficit de tarifa, así como otra en la que se deroga la moratoria a las renovables aprobada en enero de 2012.

BNG también presentó enmiendas a la norma, en las que coincidió en eliminar la alusión a las renovables y en considerar que se produce una «culpabilización injusta» de estas tecnologías.

Por su parte, ERC propuso en sus enmiendas que en el plazo de un año se presente una reforma global del sector eléctrico en la que se prohíba el incremento del déficit de tarifa y que se realice una auditoría de costes de producción eléctrica.

Este grupo también se mostró partidario en sus enmiendas de que, si hay diferencias importantes en la estimación del déficit de tarifa con respecto al cálculo realizado por las eléctricas, se considere «odiosa» la deuda procedente de esta variación.

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