El PSOE adopta las posiciones de Jorge Fabra en temas de Energía

Desde Ferraz señalan que una treintena de personas ha participado en la elaboración de esta parte de la ponencia, a través del Grupo Federal de Energía y de colaboradores externos. Según indican a Energía Diario desde la sede del partido, el trabajo ha sido coordinado por Hugo Morán, secretario de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad del PSOE, y Jorge Fabra, expresidente de REE y miembro de Economistas Frente a la Crisis. Otras fuentes solventes consultadas por Energía Diario han confirmado la participación de Luis Atienza, expresidente de REE, y Alberto Carbajo, exdirector de Operación de REE.

Sin duda alguna, el artículo Otro diagnóstico del problema eléctrico, publicado por El País el pasado 15 de septiembre, ha sido más que tenido en cuenta a la vista de la ponencia que recoge las conclusiones de la Conferencia Política del PSOE. De hecho, Jorge Fabra se ha hecho con las riendas en materia energética del PSOE. A pesar de la confirmación oficial recibida por Energía Diario desde el propio PSOE, lo más curioso es que el propio Fabra proclamó el 11 de noviembre en su cuenta de Twitter la frase «Yo no soy del PSOE«; lo que es evidente es que el PSOE sí que quiere ser de Fabra a tenor de la literalidad con la que adopta sus planteamientos.

En este resumen vamos a analizar, punto por punto, las similitudes que guarda el artículo publicado en El País y la ponencia política del PSOE en materia de energía. En ambas subyace una concepción muy intervencionista del sector eléctrico, con desprecio al mercado en aras de mecanismos de retribución regulada, correlacionado con sistemas de costes reconocidos y con un modelo de remuneración de actividades (liberalizadas o no) decidida por el poder y por la política. A continuación se enumeran los distintos aspectos del artículo que son adoptados por la ponencia política de los socialistas:

• Las empresas «influyen sobre la Administración» para verse favorecidas

La ponencia política abunda en una teoría muy común en los planteamientos de Fabra: las empresas presionan al Gobierno para fijar la retribución. En el primer párrafo del artículo, los autores afirman que «los precios no los determina sólo el mercado, sino que también dependen del poder económico y de la influencia que un número reducido de empresas pueda ejercer sobre la Administración pública que determina sus remuneraciones». Luego habla del incremento del precio de la electricidad desde 2006, sin correlación alguna con los costes que integran el suministro.

La ponencia señala en su punto 714 que «este alto coste (del suministro eléctrico) se explica, en gran medida, por fallos regulatorios que se han traducido en una excesiva retribución a unas tecnologías de generación sobre otras, y problemas de poder de mercado». Lo que omiten es cualquier referencia a la responsabilidad política de los gobiernos del PSOE sobre esta situación ya que, hablando sobre el incremento del precio de la electricidad, los autores toman 2006 como punto de partida y para esas fechas ya estaba el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.

• Las empresas «tienen tanto beneficio» que atraen a los inversores extranjeros

Para Fabra y Gallego, en España hay una «relativa facilidad» para obtener beneficios, lo que ha convertido a las compañías nacionales en más atractivas para atraer inversiones extranjeras. A su juicio, este es el motivo por el cual tres de las cinco empresas de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA) ahora son propiedad extranjera (refiriéndose a Endesa, E.ON y EDP) así como dos de las tres principales petroleras de España (Cepsa y BP).

Este enunciado también es recogido en el punto 721 de la ponencia: «De las cinco grandes empresas eléctricas existentes, tres han pasado a ser propiedad de empresas públicas o semipúblicas extranjeras, y de las tres grandes petroleras, dos, que anteriormente eran empresas privadas españolas, son ahora extranjeras».

• El déficit tiene «consecuencias letales» para los consumidores, que además «no han sido conscientes» de la deuda en la que han incurrido

Este planteamiento de que los ciudadanos ignoraban que estaban contrayendo una deuda de 27.000 millones de euros con las eléctricas, aparece en el cuarto párrafo del artículo de El País y es adoptado por el PSOE en el punto 740 de la ponencia: «(…) la Deuda Eléctrica contraída por los consumidores (sin que sean conscientes de ello) con las cinco grandes empresas eléctricas». En este posicionamiento no se alude a la práctica de control de precios de la energía y de adición de costes en el suministro llevada a cabo desde 2004.

Las consecuencias, para los autores, «son letales, tanto para las familias, que ven reducida su renta disponible, como para la competitividad de la industria española»; según el punto 715 de la ponencia «todo ello reduce la renta disponible de las familias, e incide en la pérdida de competitividad de la industria».

• El diagnóstico de las causas del déficit tarifario está distorsionado por la contabilidad

En su artículo, Jorge Fabra y Martín Gallego manifiestan que «la ingeniería contable regulatoria distorsiona un diagnóstico acertado (del déficit)». La ponencia refleja expresamente en el punto 742 que “el desarrollo normativo ha introducido unas prácticas de contabilidad regulatoria que dificultan el correcto diagnóstico del déficit tarifario”.

Posteriormente, los autores plantean en el artículo que «hay un orden arbitrario en el reparto de los ingresos por venta de electricidad» que hace que, «interesadamente», el déficit se asocie «contablemente» a las renovables, «aunque haya sido producido por la sobrerretribución a hidroeléctricas y nucleares», según Fabra y Gallego. Este planteamiento aparece tal cual en los puntos 742 y 743: «Los ingresos por venta de electricidad se liquidan retribuyendo primero la electricidad producida a precios de mercado y los pagos regulados a las centrales convencionales y a continuación, los costes de las actividades reguladas (transporte, distribución,..) y las primas de las renovables. Como los ingresos son menores a la suma de todos estos conceptos reconocidos, el déficit de ingresos aparece contablemente en el lado de estas últimas. Si el orden prefijado hubiera sido el contrario la insuficiencia de ingresos se manifestaría en la parte de la energía y cuestionaría el modo en el que el mercado retribuye los costes de nucleares e hidroeléctricas».

El análisis es de argumentos políticos y de comparación dialéctica entre tecnologías. En los dos casos, dicho análisis se efectúa sin cifras: no se refleja una evolución de los montantes y volúmenes; tampoco utilizan la información financiera y contable, ni de estas instalaciones ni de los resultados empresariales en la actividad eléctrica en España, para justificar estas afirmaciones. Del mismo modo, no efectúan comparativas sobre el coste de las primas a las renovables ni datos correlacionados con la producción de electricidad, ni a nivel internacional o al menos en la zona euro, ni la evolución anual de lo que ha supuesto su coste en el suministro. Todo es válido en términos políticos.

• Déficit de tarifa vs Superávit de retribuciones reconocidas

Los autores del artículo aseguran que el déficit se debe a una excesiva retribución de la energía hidráulica y nuclear, por lo que creen «que no existe un déficit tarifario eléctrico, sino un superávit de retribuciones reconocidas»; se trata de una expresión que el PSOE hace suya en el punto 741: «los consumidores españoles no están pagando por la electricidad los costes de producirla, sino la envolvente de los costes de producción de las centrales más caras, incluyendo la sobre-remuneración de las centrales hidroeléctricas y nucleares. No debería pues hablarse de un déficit en las tarifas, sino más bien un superávit en las retribuciones reconocidas».

Por ello, Fabra y Gallego abogan por «no aumentar las tarifas, sino reducir los ingresos a las centrales hidroeléctricas y nucleares, que superan los que la regulación les reconoció cuando realizaron sus inversiones». Posteriormente insisten en que «volver a pagar los precios originarios que las eléctricas consideraron suficientes para acometer sus inversiones (en hidroeléctricas y nucleares) restituiría, en la terminología del Gobierno, una «rentabilidad razonable» para hidroeléctricas y nucleares que nadie podría objetar». En esta línea, el PSOE afirma en el punto 748 que «la restitución de los principios jurídicos y retributivos bajo el que se acometieron las inversiones en nucleares e hidroeléctricas posibilitaría que los mayores costes de las energías renovables existentes se acomodaran, sin presionar al alza los costes para los consumidores, en el espacio retributivo que deben dejar libre los beneficios extraordinarios e inesperados (que el mercado está suministrando a las centrales nucleares e hidroeléctricas).

• Crítica a la Tarifa de Último Recurso

Fabra y Gallego dicen que » la energía no se paga al precio del mercado spot, sino al precio —un 15% más elevado— de unas subastas reguladas que fijan las Tarifas de Último Recurso que pagan 22 millones de hogares y que, indirectamente, determinan el precio al resto de los consumidores».

La ponencia va más allá incluso en su punto 739 y dice que «la Tarifa de Último Recurso, además de no proteger a los consumidores «vulnerables» (que han sufrido un aumento de precios del 17% en comparación con el spot fijado por el mercado spot), ha suministrado cuantiosos ingresos adicionales a las cinco grandes empresas eléctricas, tanto por el suministro a los usuarios de dicha tarifa, como por servir de referencia para la negociación de los contratos de suministro en el mercado libre en el que también se encuentran las empresas».

• Las energías renovables no son las únicas que reciben primas

En el artículo publicado en El País, Fabra y Gallego aseguran que «las energías renovables tampoco son las únicas que perciben pagos regulados (aunque sólo en ellas reciben el peyorativo nombre de primas). En el artículo hacen equivalente las primas a otros conceptos integrados en el suministro eléctrico, incluyendo otras finalidades como son «incentivos a la inversión», «pagos por disponibilidad», «costes extrapeninsulares».

En sus puntos 731 y 732, la ponencia política expone que además de la retribución del mercado, las centrales eléctricas perciben otros precios regulados que reciben el nombre de «pagos por capacidad» para las centrales térmicas de gas y carbón importado, mientras que las de carbón nacional tienen cantidades y precios protegidos por el BOE. Las centrales hidroeléctricas y nucleares además de percibir un precio de mercado muy superior a sus costes, también reciben complementos regulados. Las nucleares han estado recibiendo hasta 2009 «pagos por capacidad» y las hidroeléctricas reciben «pagos por disponibilidad». Igual ocurre con las energías renovables, aunque sólo en este caso los precios regulados se denominan «primas» (cuando todo son primas, se les dé el nombre que se quiera dar, buscando, detrás de un lenguaje que ha dejado de ser neutral, la confusión en el diagnóstico sobre el problema del déficit tarifario). La equivalencia de los conceptos retributivos y funciones en el sistema eléctrico, semejante en las posiciones de Fabra y Gallego, queda patente con sus planteamientos sobre las primas.

• Las centrales nucleares e hidroeléctricas están sobrerretribuidas

A juicio de los autores del artículo, las centrales nucleares e hidroeléctricas reciben una «sobrerretribución» que se debe a que la energía de estas centrales se paga «al coste más elevado de las centrales de gas»; por ello hacen la reflexión de que «si se cerraran las centrales nucleares o si, por el contrario, se prolongara su vida otros 20 años, el precio de mercado apenas variaría, aunque en ambos escenarios el coste del suministro sería bien distinto.» Esta afirmación se efectúa desde la perspectiva teórica de un modelo de costes reconocidos y no de la eficiencia media del mercado: es un «viejo caballo de batalla» en la posiciones de Fabra.

La ponencia política del PSOE recoge estos planteamientos en el punto 728 y 729: «Por ejemplo, si todas las centrales fueran de gas natural, el precio de mercado -y por tanto el coste de la electricidad para los consumidores- sería el mismo que ahora, a pesar de que casi un tercio de la electricidad que consumimos se produce en centrales hidroeléctricas y nucleares, a un coste muy inferior al de las centrales de gas. (…) Por la misma razón, la prolongación de la vida útil de una central nuclear no redunda en beneficio de los consumidores. Su cierre no alteraría de forma sensible el precio de mercado a pesar de que el coste del suministro sería menor por tratarse de una central cuya inversión ha sido ya recuperada».

Precisamente esta idea de la recuperación ya culminada de la inversión la manifiestan Fabra y Gallego cuando dicen que «sus propietarios han recuperado ampliamente su inversión a través de diversas retribuciones»; es algo que también se recoge en el punto 717 de la ponencia: «el diseño del mercado eléctrico español es inadecuado: establece un único precio horario para toda la generación que resulta superior al coste de algunas centrales cuyos costes de inversión han sido recuperados vía diversos pagos regulados y de los altos precios con las que el mercado las remunera. La sobrerretribución de estas centrales es en gran parte responsable del Déficit Tarifario del sector eléctrico». De esta forma tanto en la ponencia del PSOE, como en el artículo de Fabra y Gallego, se orilla el análisis de la evolución geométrica del coste de las primas y su impacto en el coste del suministro.

• La vieja reivindicación de reclamar los Costes de Transición a la Competencia desde 2005

Después de denunciar un trato «asimétrico» del Gobierno a las renovables respecto a otro más favorable que han recibido las empresas de UNESA ante los cambios en las remuneraciones, Fabra y Gallego centran su atención durante un par de párrafos en los Costes de Transición a la Competencia (CTC) y dice que «las cinco eléctricas deberían haber dejado de percibirlos en 2005 al alcanzarse el importe máximo contemplado en la ley («Si el coste resultara superior a 36 euros/MWh, este exceso se deducirá del importe pendiente de compensación»). Como dichas deducciones no se han seguido verificando (contra las recomendaciones del Libro Blanco encargado a un grupo de expertos en 2005), las eléctricas han ingresado adicionalmente de forma inesperada un importe considerable que computa en el déficit».

De forma análoga, en la ponencia del PSOE se desarrolla aún más en sus puntos 733, 734 y 735 en los que afirma que «las empresas recuperaron sus inversiones a través del precio de mercado. Los precios fueron tan elevados en relación con sus costes, que en 2005 los consumidores ya habían pagado CTC’s por un valor de 8.600 millones de euros -límite máximo fijado por la LSE- adelantando la recuperación en cinco años a las previsiones legales» y se insiste en que «en contra de las recomendaciones del Libro Blanco de 2005, ni en ese año ni en posteriores se produjo revisión alguna del régimen retributivo de las centrales históricas, que siguen cobrando unos precios de mercado muy superiores a sus costes remanentes reales».

• El sistema eléctrico necesita una auditoría para hacer la reforma

En el antepenúltimo párrafo del artículo publicado en El País, los autores propugnan «implantar una transparencia que, partiendo de una auditoría del conjunto del sistema regulatorio, vaya más allá de las cuentas de las empresas, para restaurar la confianza perdida y servir de base a la reforma regulatoria que sigue pendiente».

Esta afirmación se ve traslada a la ponencia política del PSOE en su punto 744 a través de lo que podríamos decir coloquialmente como un «copia y pega» ligeramente retocado: «un sistema tan regulado como el eléctrico tiene que ser mucho más transparente. No se trata de recurrir a las auditorías convencionales, sino a una auditoría regulatoria del conjunto del sistema eléctrico que pudiera sentar las bases de una revisión de la regulación», expresa la ponencia.

• La política energética que España necesita

La finalidad de lo que Jorge Fabra y Martín Gallego citan como «la política energética que requiere el país en este momento» es «conseguir un abastecimiento energético a un menor precio que reduzca la dependencia exterior, minimice el impacto ambiental y promueva un desarrollo industrial que cree empleo de calidad».

Esta frase se ve reflejada en el punto 746: dice el PSOE que «debiera ser una prioridad para España conseguir una política energética que persiga la sostenibilidad —en su doble versión económica y medioambiental—, con capacidad para contribuir al cambio del modelo productivo aportando independencia energética, tejido industrial y empresarial, innovación tecnológica y empleo de calidad».

• El instrumento para conseguir los objetivos energéticos: las renovables

Los autores del artículo creen que «todo puede conseguirse dejando de reconocer sobrerremuneraciones inadecuadas y apoyando de forma inteligente el desarrollo industrial de las renovables, uno de los pocos sectores internacionalmente competitivos en los que España tiene ventaja comparativa y que va a suponer, según Bloomberg, el 70% de las inversiones en nuevas centrales en todo el mundo hasta 2030».

Esta afirmación de los autores se recoge, tal cual, en el punto 767; incluso el dato final aportado aparece en el punto 768. La ponencia expone que «una de las pocas oportunidades que se le presentan al país en medio de la crisis económica: dirigir su necesaria reindustrialización hacia un sector con expectativas de crecimiento en todo el mundo y uno de los pocos en los que España tiene ventajas comparativas, tanto por disponer de abundantes recursos naturales, como de tecnología y know how propios. (…) el desarrollo de las energías renovables en todo el mundo en los próximos 17 años, puede constituir una base importante de la reindustrialización de España, ya que estas supondrán (especialmente la eólica y la fotovoltaica) el 70% de la nueva potencia eléctrica adicional que se instale hasta 2030».