El proyecto del ATC requiere de dos autorizaciones del CSN, que serán vinculantes si son negativas

Según explicaron fuentes próximas al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), pese a que Enresa, la empresa estatal de residuos radiactivos pidió las dos autorizaciones al mismo tiempo, en el regulador atómico se están tramitando por separado y no hay previsión de fechas o plazo para terminarlas. El Reglamento de Instalaciones Nucleares permite a Enresa a solicitar estas dos autorizaciones de forma simultánea.

En la actualidad, la de emplazamiento es la que está más avanzada y se prevé que el CSN se pronuncie en este primer semestre del año. En cuanto a la de construcción, han indicado que ya se han iniciado algunas cuestiones, pero en todo caso será posterior a la primera. «Van en paralelo, pero son distintas», señalaron.

Respecto a la de emplazamiento, trata de analizar la calidad e idoneidad de los terrenos y para ello, el CSN solicitó más información a Enresa para hacer el análisis de los terrenos. En este sentido, indicaron que la cuestión está en manos de los técnicos y que las solicitudes de información añadida son «parte del proceso normal».

Asimismo, una vez esté tomada la decisión, que corresponde al Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear, los informes respecto a ambas solicitudes de autorización son, igual que en el caso de una central nuclear, vinculantes si la valoración es negativa y preceptivos, si es favorable.

Esto significa que si el CSN estimase que no se puede dar una autorización a los terrenos del emplazamiento, el Gobierno, a través del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, no podría dar luz verde a la construcción del ATC en Villar de Cañas (Cuenca). De todas formas, subrayaron que no se puede empezar a construir hasta que no tenga las dos autorizaciones y, el proyecto no tiene aún concedida la autorización municipal.

Estas fuentes valoraron que «lo normal en la lógica» es licitar el proyecto una vez se tengan las autorizaciones pertinentes que otorga el Consejo de Seguridad Nuclear cuya misión es «garantizar» la seguridad del emplazamiento y de la instalación.

Así consta en el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas, que explica que las autorizaciones requeridas para las instalaciones nucleares son la autorización previa o de emplazamiento, que es un reconocimiento oficial del objetivo propuesto y de la idoneidad del emplazamiento elegido, cuya obtención faculta al titular para solicitar la autorización de construcción de la instalación e iniciar las obras de infraestructura preliminares que se autoricen.

Además, se necesita una autorización de construcción, que faculta al titular, en este caso Enresa, a iniciar la construcción de la instalación y solicitar la autorización de explotación.

Este miércoles, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, dijo que el Ejecutivo «actuará con especial atención a la opinión del Consejo de Seguridad Nuclear» antes de tomar las decisiones respecto al ATC.

Un día antes, el presidente de Enresa, Francisco Gil Ortega, presentó su dimisión «por razones personales», aunque detrás de los motivos podría estar, según apuntaron distintas fuentes, al proceso de licitación del silo atómico.

La dimisión, según confirmaron fuentes del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, fue comunicada a José Manuel Soria, que se remite a las informaciones facilitadas por Enresa y que respecto al nombramiento de nuevo presidente en la empresa estatal de residuos radiactivos, señaló que «habrá que esperar a que lo comunique oficialmente Enresa».

El ATC es la construcción donde se albergarán, al menos durante 60 años, los residuos nucleares de alta actividad y el combustible gastado de las centrales nucleares españolas, incluido el de Vandellós, que actualmente está alojado en Francia. En ese plazo, se deberá encontrar una solución definitiva para alojar estos residuos hasta que pierdan definitivamente la radiactividad que emiten hasta llegar a los niveles normales de la naturaleza.

El proyecto fue acordado en 2004 por unanimidad en el Parlamento. En 2009, el Ministerio de Industria abrió el plazo para que se presentaran municipios voluntarios a acoger el ATC. De entre los 12 candidatos, 8 fueron calificados como idóneos pero el Gobierno no eligió entre ellos hasta el último Consejo de Ministros de 2011. El lugar elegido fue Villar de Cañas (Cuenca) y, en principio, el objetivo era que el proyecto estuviera concluido a finales de 2017.

«No hay alteración» en la construcción del almacén

Por su parte, el portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Leandro Esteban, aseguró que «no hay alteración» en la construcción del ATC y que no tiene ninguna noticia de que el Gobierno central vaya a terminar con el proyecto, después de que el grupo socialista manchego haya anunciado que volverá a pedir la comparecencia en este órgano del presidente y del director técnico de Seguridad Nuclear del CSN y del director de la División Técnica de Enresa, para «dar la máxima transparencia» a la situación del almacén nuclear y conocer «de primera mano» todos los datos sobre el proyecto.

«En este asunto lo único que se persigue es la nada, no hay nada, lo único que hay es que la construcción va a continuar y no va a sufrir alteraciones«, y aportará «importantes beneficios» en términos de desarrollo a una zona de la región que «falta le hace» después de «tantos años de socialismo, que la tuvo en el abandono», manifestó el también consejero de Presidencia y Administraciones Públicas.

En esta misma línea, advirtió que «nada tiene que ver una dimisión por razones personales con la construcción de unas obras que llevan un procedimiento perfectamente normal, transparente y lógico».

Por lo tanto, recalcó, «el PSOE en Castilla-La Mancha sólo está en contra de las cosas buenas que le pueden suceder a esta región y está muy a favor de mentir a los ciudadanos de manera contumaz e importante».

«Evidentemente, aquí hay tomate»

En este sentido, el secretario regional del PSOE, Emiliano García-Page, se preguntó «qué hay detrás de las prisas que ha tenido María Dolores de Cospedal y su entorno por adjudicar contratos millonarios en la construcción del ATC, «que hasta la propia vicepresidenta del Gobierno de España ha tenido que parar esas obras para que prevalezca la seguridad». «Evidentemente, aquí hay tomate», añadió.

El líder socialista reaccionaba así después de que Soraya Sáenz de Santamaría asegurara que el Ministerio de Industria presentará «especial atención a la opinión del CSN para nombrar al nuevo presidente de Enrersa.

«Me llama la atención de las prisas de Cospedal en colocar a mucha gente para toda la arquitectura de los contratos del ATC y en adjudicar contratos millonarios. Es como disparar primero y apuntar después», dijo el líder del PSOE en la región, que criticó que se empiece a construir un «vertedero» en un sitio del que todavía no hay informes «válidos sobre su idoneidad».

Y es que el también candidato socialista a la Junta de Comunidades, consideró «elemental» que «antes de empezar un «basurero nuclear» que afecta al futuro de generaciones enteras de castellano-manchegos y cuyas obras valen 900 millones de euros, más que todos los hospitales de la región juntos, se disponga de los informes de solvencia técnica y de seguridad necesarios».

Tras precisar que esta infraestructura se ha empezado a hacer sin informes de seguridad y en contra de informes de consultores privados que lo cuestionan, se preguntó «quién va pagar esta obra y las adjudicaciones si finalmente se echa para atrás» y quiénes son los adjudicatarios.

«No hablamos de un parque ni un jardín, a lo mejor de un huerto», advirtió García-Page, que redundó en valorar que el Gobierno de España haya antepuesto el concepto de «seguridad al concepto de mercantil instalado en el negocio del parque temático este».

«El único negocio que ha traído a Castilla-La Mancha María Dolores de Cospedal es un vertedero, y ya veremos si solo de residuos nucleares», finalizó.

Asimismo, el portavoz de este Grupo, José Luis Martínez Guijarro, aseguró que la dimisión de Gil-Ortega, que calificó de «forzada», pone de manifiesto que el Gobierno regional «antepone sus intereses electorales a la seguridad» y opinó que su nombramiento «se impuso para controlar el proceso de adjudicación de las infraestructuras».

El portavoz manifestó que «existen informes encargados por el CSN que siembran dudas sobre la idoneidad de la construcción del cementerio nuclear», razón por la que aseguró que su partido cree que el proyecto se debe paralizar hasta que existan informes favorables.