El promotor de Castor reconoce que la inyección de gas pudo causar los seísmos en la costa de Castellón

Según explicó el presidente de la Comisión de Ciencias del CVC, Martín Quirós, el responsable de la promotora de este proyecto, Recaredo del Potro, compareció ante esta comisión para informar en la elaboración de un dictamen sobre lo ocurrido en el citado almacén submarino, que permanece paralizado desde el pasado 26 de septiembre.

El presidente de Escal UGS, según Quirós, manifestó que, aunque espera la decisión del Gobierno, confía en volver a abrir la planta, ya que durante su comparecencia explicó que los informes que encargó a la Universidad de Berlín y al Servicio Geológico de California «son tranquilizadores».

Durante su intervención, reconoció que los 600 millones de metros cúbicos de gas inyectados en el deposito vacío de la planta pudo provocar una «hipertensión de 7 u 8 bares más, de los 170 que ya tenía» y «forzar» y «adelantar» los seísmos que, según dijo, «se producen periódicamente en la zona».

Entre el 5 de septiembre y el 23 de octubre se produjeron 516 eventos sísmicos, el de máxima intensidad de 4,2 grados, según señaló Martín Quirós, quien indicó que algunos días después de paralizar la actividad de planta los seísmos cesaron.

Durante su comparecencia, el presidente de Escal UGS también explicó que ninguno de los seísmos registrados fue de gravedad, ya que abrieron una oficina para compensar los daños que éstos pudieran causar y «sólo ha habido una reclamación de una finca que tenía una grieta pequeña», según Quirós.

El presidente de la Comisión de Ciencias de la CVC señaló que el presidente de Escal no informó sobre la cifra económica que debería pagarle el Estado en caso de que le fuera retirada la concesión, aunque indicó que tiene informes de dos empresas que hicieron una valoración al respecto.

En este sentido, Recaredo del Potro se refirió a una ley de diciembre de 2006 que, a su juicio les ampara en este sentido y les asegura la devolución del dinero. De hecho, la empresa Escal ya remitió 42 documentos sobre la planta, tanto al Gobierno central como a la Generalitat y a los municipios afectados por los seísmos.

Hasta que el Ministerio de Industria decida si la planta es reabierta o no, las instalaciones de la planta «se mantienen a pleno rendimiento», aunque no se inyecta gas.