El presidente del regulador único, que absorberá a la CNE y que se pondrá en marcha en octubre, será José Mª Marín, del Banco de España

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta subrayó que el Ejecutivo está ultimando los trámites para que este organismo aglutine ocho organismos supervisores en uno sólo de competencia y mercados , que englobará a cinco organismos reguladores que ya funcionan, dos que están creados por ley pero que había que poner en marcha, y uno anunciado que tampoco se creará, empiece a funcionar en la primera quincena de octubre.

La CNMC, cuya regulación fue aprobada por las Cortes el pasado mes de mayo y que el Gobierno se comprometió a poner en marcha el 5 de octubre, unifica a la Comisión Nacional de la Energía (CNE), la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), el Comité de Regulación Ferroviaria, la Comisión Nacional del Sector Postal (CNSP), la Comisión de Regulación Económica Aeroportuaria (CREA) y el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA).

Sáenz de Santamaría defendió que la CNMC, que se ha dado a conocer como el «súper regulador» aunque «sería más bien un «súper supervisor», permitirá al Estado un ahorro anual de unos 30 millones de euros anuales «en costes de funcionamiento». Asimismo, defendió que mejorará la coordinación entre los distintos reguladores y supervisores.

En concreto, la estructura del nuevo organismo supondrá un ahorro importante en términos de eficiencia y de altos cargos, que se reducirán entre un 35% y un 40% sin mermar la profesionalidad del supervisor ni su capacidad de actuación.

En concreto, el Consejo de Ministros aprobó el real decreto que regula el Estatuto Orgánico de la CNMC, que se configura como un organismo público adscrito al Ministerio de Economía y Competitividad, con personalidad jurídica propia y «plena independencia del Gobierno, de las Administraciones Públicas y de los agentes del mercado».

Además, se atribuye a la CNMC la consideración de Autoridad Nacional de Competencia, Autoridad Nacional de Reglamentación y Autoridad Reguladora Nacional.

El Consejo estará formado por diez consejeros

Los órganos de gobierno de la institución serán el Consejo de la CNMC (formado por el presidente, el vicepresidente y ocho consejeros) y el presidente de la propia CNMC, que también lo será de dicho órgano.

Los diez consejeros del Pleno serán elegidos por mandatos improrrogables de seis años, y su renovación se producirá parcialmente.

Según se dio a conocer, la vicepresidenta del Consejo será María Fernández Pérez, funcionaria del cuerpo del Estado y miembro de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, mientras que los consejeros serán Idoia Zenarruzabeitia, Josep María Guinart, Fernando Torremocha y García-Sáenz, Clotilde de la Higuera, María Ortiz, Benigno Valdés, Eduardo García y Diego Rodríguez. Todos ellos deberán comparecer en la Comisión de Economía del Congreso la próxima semana para su ratificación y posterior nombramiento por el Consejo de Ministros.

De este modo, la CNMC sólo contará con dos consejeros procedentes de los consejos de administración de los organismos reguladores sectoriales a los que sustituye, los propuestos por CiU y PNV para la Comisión Nacional de Energía (CNE), es decir, Zenarruzabeita y Guinart, que llegaron al regulador energético en 2011, durante la última renovación del organismo hecha por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.

Ambos grupos nacionalistas votaron en el Congreso y el Senado a favor de la ley por la que se creó el nuevo regulador único, al aceptar el PP algunas de sus enmiendas.

El pasado mes de abril el secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre, ya avanzó que iba a ser «muy difícil» mantener a los actuales altos cargos de los organismos reguladores desaparecidos, tal y como solicitó Bruselas para los casos en que no haya terminado su mandato, debido a la reducción de consejeros prevista.

La CNMC funcionará con la Sala de Competencia y Regulación Sectorial

Para su funcionamiento diario, la CNMC trabajará con dos salas, cada una con cinco miembros nombrados por el Pleno y que deberán ir rotando según la periodicidad que se determine. La Sala de la Competencia estará presidida por el presidente, mientras que la Sala de Regulación Sectorial la dirigirá el vicepresidente. Ambas conocerán todos los asuntos y, reglamentariamente, se determinará las materias sobre las que, correspondiendo a una, se debe mantener informada también a la otra.

Asimismo, los órganos de dirección de la CNMC serán las direcciones de instrucción que se estructuran en la de Competencia (formada por cinco subdirecciones: Industria y Energía, Sociedad de la Información, Servicios, Cárteles y Clemencia y Vigilancia), de Telecomunicaciones y del Sector Audiovisual (Regulación de comunicaciones Electrónicas, Análisis de Mercados de Comunicaciones Electrónicas, Técnica de las Comunicaciones Electrónicas y Audiovisual), de Energía (Energía Eléctrica, Gas Natural, Regulación Económica y Precios regulados y Mercados derivados) y del Transporte y del Sector Postal (Tarifas Aeroportuarias, del Sector Ferroviario, del Sector Postal y de Análisis de Mercados).

Cada uno de esas cuatro instrucciones tendrá un director nombrados por el Pleno y no por el Gobierno, que aseguró que todos los miembros de la CNMC serán «profesionales de reconocido prestigio».

Aunque la sede principal de la Comisión estará en Madrid, se mantendrá en Barcelona la Dirección Estratégica de Telecomunicaciones y Servicios Audiovisuales, como ya sucede con la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), y se deja abierta la posibilidad de establecer más subsedes en otras ciudades.

Un «paso atrás» en la independencia de los reguladores

Por su parte, la secretaria de Economía del PSOE, Inmaculada Rodríguez Piñero, denunció que el Gobierno elimina la independencia de los organismos reguladores en sectores fundamentales de la economía.

La dirigente socialista respondió así a la aprobación por el Consejo de Ministros del estatuto de la CNMC, que supone «un paso atrás, tal y como lo evidencian las reticencias de la Comisión Europea, en la calidad de la instituciones económicas de nuestro país».

«Supone una pérdida de independencia y de eficacia de los organismos reguladores encargados de velar por el buen funcionamiento de mercados tan básicos como las telecomunicaciones, la energía o el transporte», denunció.

En su opinión, la reforma sólo servirá para «beneficiar a grandes empresas que compiten en régimen de oligopolio, y perjudicar la libre competencia que redundaría en mejores precios para los consumidores».