El presidente de UIA convencido de que Argentina cumplirá la ley después de la expropiación de YPF

Argentina «debe cumplir la ley, y si la ley determina que la expropiación debe pagarse, tiene que cumplirse y estoy seguro de que se va a cumplir», dijo De Mendiguren en un encuentro con corresponsales extranjeros.

El dirigente de la patronal industrial se refirió así al contencioso del Gobierno de Cristina Fernández con Repsol por la expropiación del 51% de las acciones del grupo español en YPF, aprobada en mayo por el Congreso argentino.

Repsol, que mantiene un 12% de las acciones de la petrolera argentina, reclama 10.000 millones de dólares por la expropiación y niega la supuesta falta de inversión en YPF esgrimida por el Gobierno de Fernández para nacionalizar la firma.

El grupo español, que denunció la expropiación en tribunales internacionales, entiende que la operación fue «discriminatoria» y contraria al principio de «paridad de trato».

El Gobierno de Fernández anunció que el Tribunal de Tasación argentino fijará el valor de la petrolera, pero adelantó que no pagará la cifra reclamada por Repsol.

Fuentes del sector energético subrayaron el peso del yacimiento de petróleo no convencional de Vaca Muerta en la decisión de expropiar dado que es una apuesta que requiere grandes inversiones pero podría resolver los problemas energéticos del país a medio plazo.

También De Mendiguren destacó la importancia de Vaca Muerta en el mapa energético nacional porque, afirmó, «cinco años después de su puesta en marcha puede lograr el autoabastecimiento de gas y petróleo».

Según cálculos de la auditora Ryder Scott, los recursos y las reservas en Vaca Muerta, en un área ya estudiada de unos 8.071 kilómetros cuadrados, ascienden a 22.807 millones de barriles equivalentes.

Pero su potencial es mayor porque se extiende sobre una superficie total de 30.000 kilómetros cuadrados, de la que YPF tiene derechos sobre unos 12.000 kilómetros cuadrados.