El presidente de Enresa dimite «por razones personales» y los ecologistas piden cancelar el almacén nuclear

Según confirmó Enresa, la dimisión ya ha sido comunicada también al Ministerio de Industria, Energía y Turismo y añadió que la dimisión se hará efectiva transcurrido el plazo de preaviso que se fija en el contrato mercantil de Gil-Ortega, que fue nombrado presidente en junio de 2012.

Anteriormente, Gil-Ortega desempeñaba la función de vicepresidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, y había sido alcalde de Ciudad Real, senador, formando parte de la Comisión de Industria y Energía de la cámara alta durante tres legislaturas, y diputado autonómico.

De esta forma, Gil-Ortega abandona su cargo como presidente de Enresa, el cuarto tras los mandatos de Juan Manuel Kindelán (1985-1994), José Alejandro Pina (1994-1996 y 2004-2012) y Antonio Colino (1996-2004).

En una de sus últimas decisiones como presidente, Gil-Ortega cesó el pasado 27 de enero a su director de Administración, Eugenio Alejandre Siscart, por «extinción de vida laboral», según informaron fuentes de la compañía estatal. Pocos meses atrás, también fue cesado el responsable jurídico de la empresa estatal, Jesús Moreno Vivas, por presuntas desavenencias con el presidente.

El cese fue recibido con «satisfacción» por parte del Comité de la empresa en Madrid que, sin embargo, lamentó que no se hubiera producido con anterioridad.

En una comunicación interna del comité de empresa de ENRESA en Madrid, estimó que este cese era «congruente» con lo que el comité llevaba solicitando desde hace meses y, por ello, lamentó también que la decisión «no haya tenido lugar hace tiempo».

Enresa es la empresa estatal encargada de la gestión de los residuos nucleares españoles así como del proyecto del ATC en Villar de Cañas, que albergará los residuos atómicos de alta actividad y el combustible gastado durante casi un siglo, hasta que éstos sean trasladados al almacén definitivo.

Según el VI Plan General de Residuos Radiactivos, el ATC almacenará «todo» el combustible gastado que se genere en el país (unas 6.700 toneladas); los residuos procedentes del reproceso del combustible de Vandellós I realizado en Francia (68 cápsulas de elementos vitrificados) y residuos de media actividad procedentes de ese mismo reproceso), así como los residuos del desmantelamiento de los componentes internos de las centrales (20.000 metros cúbicos) que no puedan guardarse en el almacén de residuos de media y baja actividad de El Cabril (Córdoba).

Respecto a los residuos que están en Francia, España pagaba a Francia por que le mantenga estas cápsulas vitrificadas una elevada suma anual, del orden de 65.000 euros diarios como penalización por mantener allí estos residuos. Sin embargo, el convenio fue renegociado y en la actualidad estas penalizaciones ya no se pagan, precisamente por los avances en el ATC en ciernes, al menos hasta finales de 2015. Sin embargo, la fecha prevista para la entrada en funcionamiento del silo atómico es principios de 2018.

El proyecto es fruto de una decisión parlamentaria, por acuerdo de todos los grupos, que se adoptó en 2004. Sin embargo, el proceso de elección de emplazamiento no comenzó hasta que julio de 2006 aunque se fue posponiendo hasta 2009, cuando el entonces ministro de Industria Miguel Sebastián, abrió el concurso de presentación de municipios candidatos a albergarlo. La legislatura terminó a finales de 2011 sin que el Consejo de Ministros tomara una decisión respecto al emplazamiento definitivo por falta de acuerdos dentro del Gobierno y con las comunidades autónomas.

El siguiente Ejecutivo, con José Manuel Soria como titular en la cartera de Industria, acordó en el primer Consejo de Ministros que el silo atómico se ubicara en el municipio conquense que, sin embargo, no partía como pueblo favorito en las quinielas.

Los problemas del ATC han podido con Gil Ortega

Por su parte, Paco Castejón, portavoz nuclear de Ecologistas en Acción, afirmó que la salida de Gil Ortega se debe a las dudas técnicas y políticas sobre el ATC.

En primer lugar, «se le colocó allí por una clara motivación política para que un sector del PP, encabezado por la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, tuviese el control sobre el ATC» y esto «lo ha «dificultado todo mucho porque no tenía ninguna preparación», añadió.

Ahora parece que su dimisión «está relacionada con su debilidad política», puesto que los enfrentamientos políticos dentro del PP, entre la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y Cospedal, le han dejado sin sus apoyos.

La vicepresidenta y Cospedal no compartían la elección del emplazamiento, señaló el físico nuclear, que pidió reiniciar todo el proceso. «No pensamos que ha sido por motivos personales, sino por otros motivos», indicó.

En segundo lugar, «las enormes dificultades e imposibilidad de llevar a cabo el proyecto del ATC en los terrenos de Villar de Cañas, que la consultora americana URS calificó de inadecuados» y el CSN pidió información adicional sobre la seguridad del emplazamiento en el marco del proceso de licitación de la obra.

A este respecto, añadió que en la zona existe un acuífero muy superficial que «a menudo aflora a la superficie» y el terreno es propicio para que se produzcan grandes oquedades, «características que harían imposible una cimentación con garantías del almacén nuclear».

«La forma de llevar el proyecto, con muchas prisas, le ha llevado a cometer errores grandes», el más ‘sonado’ de ellos el de intentar de asignar la obra principal antes de contar con un informe previo del CSN y antes de tener el conocimiento técnico necesario de los terrenos», denunció Castejón.

«Así no se puede hacer un proyecto técnico solvente y con un presupuesto asociado adecuado para llevarlo a cabo». Además, la organización valoró también que la salida de Gil Ortega se produce «en un mes decisivo» para la adjudicación de la obra del ATC, después «de una cadena de ceses sospechosos» y en un año de citas electorales que «podrían dar al traste con el proyecto si triunfa alguna opción política que se oponga a él».

La conclusión, a su juicio, es que se debería reiniciar todo el proceso de gestión de residuos de alta actividad en España, es decir, si optar por un ATC, los ATIs (almacenes de residuos individuales) o un AGP (almacén geológico profundo).

«Si no hubieran seleccionado Villar de Cañas, seguramente se habría hecho todo con mas facilidad», por eso puede suponer la «oportunidad» de enterrar definitivamente el cementerio nuclear, un «proyecto peligroso, innecesario y politizado», afirmó.

«No es el lugar indicado, y este no es el momento adecuado para construir un cementerio, ahora que la mayoría de las centrales han construido o proyectan almacenes individualizados», dijo Castejón.

En definitiva, Ecologistas en Acción estimó que las presiones del sector nuclear, intereses de empresas particulares, enfrentamientos internos del Partido Popular han resultado «un cóctel que propicia la salida de Gil-Ortega».