Gracias a ese acuerdo, la pena inicial de dos años de cárcel que se solicitaba para el empresario minero se reduce a seis meses de prisión, a lo que se suma una multa por el valor de lo defraudado. Como el presidente de Carbunión carece de antecedentes penales, no tendrá que entrar en prisión, aunque sí abonará una cuantía de diez euros diarios por ese periodo.

La Fiscalía solicitaba dos años de prisión para el presidente de Carbunión y propietario de Unión Minera del Norte (Uminsa) y Coto Minero Cantábrico (CMC) por un presunto delito contra la Hacienda pública ocurrido en 1996 cuando era vicepresidente y consejero delegado de MSP.

La vista oral estaba prevista que se celebrase a primera hora de la mañana del 21 de octubre en el Juzgado de lo Penal número uno de León. Al final no tuvo lugar, debido a que Alonso aceptó el pago de la multa.

Los hechos se remontan al año 1996 cuando, según el Ministerio Fiscal, el acusado adquirió a las sociedades Norfesa y Obricosa maquinaria de origen ruso y ucraniano por precios muy superiores a los declarados en las aduanas. En esas operaciones, el verdadero importador de la maquinaria era la MSP, actual Coto Minero Cantábrico, que utilizaba a las otras dos sociedades como «testaferros con fines de elusivo den el IVA».

De este modo, se defraudó una cuantía total que asciende a 201.901 euros, por lo que el Ministerio Fiscal reclama dos años de prisión, así como el pago de la cuantía defraudada, con personalidad penal subsidiaria, lo que supondría la pérdida de la posibilidad de obtener cualquier tipo de subvención o ayuda pública.