El PP valenciano pedirá que el Gobierno exija responsabilidades por Castor y se dirija a Fiscalía

Así lo avanzó el portavoz del PP, Jorge Bellver, al informar de la presentación de una proposición no de ley en el Parlamento autonómico sobre el cierre y la indemnización del almacén subterráneo denominado Castor. En esa iniciativa parlamentaria, también proponen trasladar el apoyo de la Cámara autonómica al Ejecutivo estatal por el acuerdo de paralización definitiva del almacén de gas, a raíz de su relación con los seísmos registrados en la costa de Castellón.

Bellver remarcó que el decreto ley aprobado por el Gobierno en octubre, «priorizando el interés general y la seguridad de las personas», a su juicio «no es casual ni es caprichoso, sino que ha venido forzado por la incompetencia socialista» y «es consecuencia de dos decisiones del Gobierno socialista entre 2006 y 2010, declarar urgente la obra y blindar las indemnizaciones a favor de la concesionaria, incluso en caso de que existiera dolo y negligencia».

El portavoz del PP explicó que «son cláusulas abusivas para el Gobierno» y, de hecho, «el Ejecutivo inició diferentes procesos judiciales y administrativos para intentar que se declaren lesivos y nulos estos acuerdos pero hasta ahora se dio la razón a la empresa». Bellver destacó que todas las administraciones están «intentando que se reduzca el importe de las indemnizaciones, apelando a la responsabilidad por la gestión del proyecto», aunque remarcó que, tanto el Gobierno como el Consell, consideran que «por encima de cualquier consideración está la defensa del interés general y la seguridad de los habitantes de las comarcas afectadas».

Por su parte, el portavoz de Compromís, Enric Morera, avanzó que preguntarán en el próximo pleno del parlamento autonómico por «el decreto de indemnización de Castor, que tendrán que pagar los ciudadanos» y presentarán, «conectada con esto, una interpelación sobre pobreza infantil», al opinar que «el capitalismo de amiguitos y de beneficiar a los oligopolios, en este caso al de Florentino Pérez, lo pagan los ciudadanos en el recibo del gas y eso provoca empobrecimiento».