El PP tumba la petición de cerrar de forma definitiva Castor, a la espera de más informes técnicos

Esta petición de cierre definitivo ha partido del diputado de CiU, Martí Barberà, en la citada comisión, a través de la defensa de una proposición no de ley, a la que se han sumado el resto de grupos de la oposición y que será rechazada, dado que el PP cuenta con mayoría absoluta en el arco parlamentario.

«Hay que pedir que se cierre, aunque una vez concluidos los trabajos actualmente en curso se tendrá una base técnica sólida sobre la que tomar una decisión, incluido el desmantelamiento. En todo caso, primará la seguridad de las personas y la seguridad del medio ambiente», ha insistido la ‘popular’.

Mientras, ha insistido en que es «oportuno» mantener la «cautela» y la «prudencia», la paralización del almacenamiento se mantendrá todo el tiempo necesario», ha insistido la ‘popular’, después de que ésta se parase sólo cuatro días después de que se registraran los sismos, el pasado 26 de septiembre.

Igualmente, ha destacado que el Ministerio que dirige José Manuel Soria pidió informes al IGN y al IGME, conocidos recientemente, que tras analizar las causas de sismiscidad que las relaciona con la inyección de gas colchón, recomiendan estudios adicionales que confirmen las hipótesis planteadas y se establezca el nivel de riesgo concurrente y se ha pedido colaboración a entidades extranjeras para hacer un análisis concluyente.

Teresa de Lara ha recordado que se dio luz verde a este proyecto gracias a un decreto de 2008 que otorgó la licencia de explotación. Asimismo, ha destacado que fue el anterior Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero el que calificó esta infraestructura «de caracter urgente».

Igualmente, ha apuntado a una resolución de octubre de 2009 de la secretaria de Estado de Medio Ambiente, con Teresa Ribera de secretaria de Estado, que vio con buenos ojos la declaración de impacto ambiental del proyecto, que no incluía el riesgo sísmico de Castor.

Sobre quién va a tener que pagar los 1.300 millones de euros, De Lara cree que habría que preguntárselo al expresidente Zapatero y si ésta representa «una deuda más» de las que ya ha dejado.

Con todo ello, ha asegurado que el PP no puede apoyar esta proposición no de ley porque muchos de sus puntos «carecen de solidez». En primer lugar, porque no se puede cerrar la instalación hasta que no vean la luz esos informes concluyentes, o como por ejemplo el punto de la iniciativa que dice que al Banco Europeo de Inversiones le corresponde la tutela de los procedimientos administrativos o el control técnico de los proyectos.

El diputado de CiU, Martí Barberà, ha criticado la ejecución de Soria al frente de este problema porque estas situaciones, según ha insistido, necesitan de reacciones «rápidas y contundentes», cuando en la actualidad ronda la «inseguridad» entre los ciudadanos por la «opacidad» del Gobierno.

«Entiendo que el ministro tenga que ganar tiempo para saber cómo va a solucionar este grave problema y entre ganar tiempo y ser opaco hay una gran diferencia», ha defendido el nacionalista catalán, al mismo tiempo que ha pedido que Soria comparezca en el Congreso de nuevo.

Desde la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Laia Ortiz, ha calificado el proyecto Castor de «despropósito», «falto de transparencia y democracia». En su opinión, se trata de un proyecto que sale a raíz de la burbuja del gas.

«Se ha llevado a cabo con opacidad, con decisiones políticas que han llevado por delante la voluntad de comunidades autónomas. Tiene deficiencias en la evaluación ambiental. La prioridad del Gobierno es que se llevara a cabo de cualquier forma y por eso se legislaron a medida cuestiones como que no habría responsabilidad de la empresa en ningún caso», ha rechazado la diputada ecosocialista.

Ortiz también ha censurado la actitud del Gobierno a la hora de esconder los informes encargados a auditorías internacionales «que no quieren hacer públicos», a la vez que ha incidido en la necesidad de que los ciudadanos no paguen el cierre de este «despropósito».

«Sabemos que hay reuniones entre el secretario de Estado de Energía, Álvaro Nadal y Florentino Pérez (accionista del proyecto), que negocian cómo el Estado paga la irresponsabilidad de una empresa, aunque hay administraciones implicadas y ha habido negligencias en todaa partes», ha indicado la parlamentaria catalana de ICV.

Joan Ruiz Carbonell, del PSOE, coincide en que es necesario paralizar de forma definitiva Castor, porque para el PSOE por encima de los intereses económicos dice que está la seguridad ciudadana. En su opinión, que en cualquier territorio se produzcan hasta 600 sismos en pocas semanas tendría que ser motivo suficiente para paralizar la instalación de forma definitiva.

Finalmente, Joan Baldoví, de Compromis-Equo, ha mostrado su «total apoyo» a esta iniciativa y petición, tras los más de 500 terremotos registrados por la inyección de gas.

De hecho, ha llamado la atención sobre el hecho de que deje de inyectarse gas y no se registran terremotos. «Ahora lo que los ciudadanos quieren saber es quien pagará el pato», ha alertado.

PSOE recomienda al Gobierno que no se separe del criterio de los científicos en sus decisiones sobre el almacén Castor

El secretario de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad del PSOE, Hugo Morán, considera que «lo razonable» es que en las decisiones que deba tomar respecto al almacén de gas de Castor, frente a la costa de Vinaroz (Castellón), el Gobierno no se aparte de lo que los científicos y los expertos señalen, porque se trata de una «decisión política que no puede ser autónoma del conocimiento técnico».

«Cualquier resquicio de duda que se pudiera plantear desde el conocimiento científico que pueda afectar a la seguridad de las personas debe prevalecer sobre cualquier otra cuestión de otro tipo», ha manifestado.

Ante los medios, Morán se ha referido al último informe realizado por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) sobre la serie sísmica registrada entre septiembre y octubre de 2013, coincidiendo o posterior a la inyección de gas colchón en el almacén profundo de Castor, un proyecto de la empresa Escal-UGS.

Además, ha recordado que precisamente fue un análisis del IGME de 2007 el que se tuvo en cuenta para autorizar la concesión del proyecto que aparecía en el Plan Estratégico de los sectores de electricidad y gas de 2002, ya que la institución encontró apta la estructura de Castor -un antiguo yacimiento de petróleo explotado en los años 70 del siglo pasado- para almacenar gas natural.

Por ello, cree que un nuevo informe del IGME, que es un organismo científico y técnico, es el que debe valorar la nueva situación y determinar la dirección que debe seguir el Gobierno en la decisión sobre la instalación.

En todo caso, ha criticado la falta de transparencia del Ejecutivo en este proceso porque considera que «no es posible que el Parlamento tenga que sustentar sus debates sobre la cuestión a partir de filtraciones a los medios de comunicación» ya que los documentos no están en poder de los diputados. «Hay un problema de déficit de transparencia que alarma a la población», ha lamentado.

Por ello, ha recomendado al Gobierno que tenga la iniciativa en esta cuestión y que todos los documentos que se van encargando se trasladen de «forma inmediata» al Parlamento en vez de alargar los plazos de entrega cuando los parlamentarios le reclaman tales informes, mientras que la población sigue pidiendo explicaciones.

A su juicio, esto daña la credibilidad del Gobierno porque cuando se oculta información se induce a la sospecha y quiere que el Ejecutivo «deje claro» que en este proceso «sin excepción», la seguridad de las personas es lo primero.