El PP se opone en solitario a una iniciativa del PSOE para luchar contra la pobreza energética

La diputada del PP, Encarnación Jiménez, hizo hincapié en la «sensibilidad» y el «compromiso» del Gobierno con «los más necesitados y los que más sufren», y negó una «supuesta falta de iniciativa del Gobierno» en materia energética con la que los socialistas justificaron la presentación de su iniciativa.

En este sentido, recordó que la Ley del Sector Eléctrico ya define consumidor vulnerable, regula el bono social al que se acogen 2 millones de consumidores y «establece las bases de protección del consumidor» ante el corte de suministro energético, en cuyo desarrollo reglamentario se está trabajando actualmente. A todo ello hay que sumar las medidas puestas en marcha por comunidades autónomas y ayuntamientos «en su mayoría gobernados por el PP».

«No deja de ser sorprendente que quienes generaron las situaciones más difíciles en materia de energía, los que hoy hablan de pobreza energética, mientras gobernaban contemplaban cómo la factura subía de forma desmesurada y no decían nada. Y peor aún, tampoco hacían nada para remediarlo», reprochó, recordando por último que «la mejor política para erradicar la pobreza es crear empleo», junto con la lucha contra el déficit tarifario o el fomento de la eficiencia.

«Siete millones de personas tendrán restricciones este invierno»

Por su parte, la secretaría de Cambio Climático y Sostenibilidad del PSOE, Pilar Lucio, defendió una propuesta que pretende «paliar los efectos perversos» de las decisiones que ha tomado el PP, «no por cuestiones económicas sino con un fuerte trasfondo ideológico, ya que han supuesto un varapalo en la calidad de vida y en el poder adquisitivo de los más vulnerables», dijo la socialista.

«Queremos hacer posible un rescate ciudadano», insistió, defendiendo que la situación es «de emergencia», sobre todo ahora que se acerca el invierno con la bajada de temperaturas.

En concreto, advirtió de que en España hay siete millones de personas que pasarán el invierno con restricciones en el acceso a la luz, el gas o el propano, y «bajo la amenaza del corte del suministro», según apuntó en base a un estudio de la Asociación de Ciencias Ambientales.

«Ante estas evidencias de desigualdad creciente y del auténtico despropósito de la reforma energética, que no tiene ninguna lógica ni económica ni ambiental ni regulatoria, proponemos crear una tarifa social asequible para los consumidores vulnerables», explicó la diputada, criticando que la factura de la luz no ha parado de subir.

En concreto, se trataría de que unos 3 millones de ciudadanos pertenecientes a determinados colectivos vulnerables se beneficien de un precio fijado en función de su capacidad económica para cualquier suministro energético (gas, luz, propano). Así, a estos consumidores, entre los que estarían las pensiones mínimas del Sistema de la Seguridad social, pensiones mínimas de clases pasivas y quienes dispongan de una renta familiar per cápita inferior al 75% del salario mínimo interprofesional, se les aplicará un determinado nivel de potencia o consumo «suficiente para cubrir las necesidades domésticas básicas».

La iniciativa considera necesidades domésticas básicas las destinadas a climatización de las viviendas, las de iluminación y consumo de los aparatos de conservación y transformación de alimentos y las destinadas a calentar el agua de uso sanitario e higiénico.

Igualmente, abogó por una tarifa social determinada en función de la capacidad económica de los consumidores, y contempló también que la diferencia entre la tarifa social y lo que cuesta la luz, unos 120 millones de euros, se financie a través de los Presupuestos Generales del Estado.

Por otra parte, los socialistas plantearon también una regulación de la pobreza energética que incluya la imposibilidad de cortar el suministro eléctrico por impago al consumidor vulnerable durante determinadas épocas del año, en función de un calendario fijado por la Administración teniendo en cuenta la temperatura de cada territorio.

«El PP se niega a reconocer la pobreza energética»

Álvaro Sanz, de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), recordó que hace un año su grupo ya avisaba de esta situación con una iniciativa similar, y que en este tiempo «la situación no ha cambiado» sino que «está empeorando», a pesar de que atajarla «depende de tener voluntad política y la valentía suficiente para defender los intereses de la gente frente a los intereses de los poderosos». Sin embargo, dudó de que el PP vaya a cambiar su postura porque «desbarataría su relato de salida de la crisis».

El portavoz adjunto de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, criticó que el PP se «niegue a reconocer» que la pobreza energética es «un problema real», resultado de la crisis económica, y a tomar medidas para «que ninguna familia quede excluida de algo tan elemental como el consumo de energía que permita una calidad de vida civilizada». «No estamos hablando de lujos, hagamos algo, porque no es una plaga bíblica, es un tema político y económico», emplazó.

Por CiU, Inmaculada Riera recordó que Europa, «sensible» a la pobreza energética, aprobó diversas directivas para dar respuesta a las situaciones de vulnerabilidad e instó a los estados miembros a «resolver esta problemática», algo que el Gobierno español no ha hecho «de manera determinante y efectiva». Es más, incluso recurrió un decreto de la Generalitat catalana para impedir el coste de suministro a determinados consumidores durante el invierno. «Es el momento de más responsabilidad social», espetó a los populares.

El portavoz económico del PNV, Pedro Azpiazu, coincidió en que «es preciso dar un impulso político a este tipo de medidas» porque es «inconcebible» que en pleno siglo XXI haya españoles que pasan frío en su casa, aunque advirtió de que si se pusiera en marcha lo que propone el PSOE habría que enmendarlo porque se trataría de una ayuda social, y éstas son competencia de las comunidades autónomas.

Por CC-NC, Pedro Quevedo lamentó que no haya habido avances en la lucha contra la pobreza energética pese a las diferentes iniciativas parlamentarias que ya se debatieron en el Congreso, lo que a su juicio es «un ejemplo perfecto de cómo la ideología se impone a la lógica y a las cuestiones más elementales de la humanidad ante quienes lo pasan peor».

Joan Baldoví, de Compromís-Equo, recordó que «casi el 17% de las familias españolas destinan más de 10% de sus recursos a pagar luz y gas» mientras entre las empresas con mayores beneficios se cuentan las energéticas. «Hay siete millones de familias que pasan frío en invierno y calor en verano», insistió, añadiendo que esta iniciativa «está más que justificada» pero que «tan importante como tomar medidas para mitigar la pobreza energética es luchar contra las causas que la provocan».