El PP saca adelante su reforma del regulador único, que absorberá a la CNE, con el apoyo de CiU y PNV

Así, de las casi 300 propuestas de modificación presentadas por las diferentes formaciones parlamentarias, la Comisión de Economía ha aprobado este miércoles 28 de las 44 iniciativas del grupo popular además de una de CiU y 19 enmiendas transaccionales consensuadas en gran parte con los nacionalistas vascos y catalanes, que retiraron sus enmiendas de totalidad a cambio de negociar modificaciones con el Ejecutivo.

Con estos cambios, el proyecto de ley fue aprobado con los votos de PP, CiU y PNV; y el rechazo del resto de partidos. Dado que la Comisión goza de competencia legislativa plena, la norma será ahora remitida directamente al Senado.

El diputado popular Eloy Suárez defendió las enmiendas del PP, redactadas con la vista puesta en «preservar y promover el perfecto funcionamiento del mercado y mejorar la transparencia y existencia de una competencia efectiva» a la par que se impulsa la «austeridad» y la «profesionalidad del sector público».

«Creemos necesario transformar y simplificar los supervisores para mejorar y ahorrar en la gestión pública, evitando duplicidades y competencias que se solapan, reforzando la profesionalidad de estos organismos y yendo hacia una mayor independencia. Siete supervisores era un numero elevado y había que corregirlo por eficiencia y costes. Y nadie cuestionará que había habido fallos evidentes en la supervisión, y políticas sectoriales divergentes en algunos sectores», recordó el diputado.

Además, defendió que el pasado 26 de febrero el Senado holandés «dio el visto bueno» a un modelo «similar» al que promovió el Gobierno español, y que también el sistema alemán «se asemeja bastante». Suárez subrayó asimismo el talante dialogante del Gobierno, que pactó con los grupos que así lo quisieron.

Finalmente, defendió las enmiendas populares, que prevén mayor independencia en los nombramientos, la separación de regulación y competencia en dos salas, la devolución a la CNMC de algunas funciones o la fijación de tasas para garantizar la suficiencia presupuestaria de la Comisión.

La ley sale del Congreso «mejor de lo que entró», según CiU

El portavoz económico de CiU, Josep Sánchez Llibre, se congratuló de las enmiendas pactadas con los populares sobre «aspectos fundamentales», mencionando por ejemplo los cambios para que «prevalezca la independencia del regulador respecto del Gobierno» con la creación de dos salas o con la modificación del sistema de elección de los miembros de la CNMC.

«Creemos sinceramente que la ley que entró en el Congreso no tendrá absolutamente nada que ver con la que va a salir, porque se han modificado aspectos muy relevantes. Prácticamente le hemos dado la vuelta al calcetín«, dijo, matizando no obstante en que quedan temas pendientes como, por ejemplo, que se mantengan algunas sedes en ciudades diferentes a Madrid, que se respeten estrictamente las competencias autonómicas o que el reglamento lo redacten los miembros de la Comisión y no el Gobierno.

Por el PNV, Pedro Azpiazu reconoció que «el Gobierno se ha movido» tras el «voto de confianza» que dieron los nacionalistas vascos al retirar, como CiU, su enmienda de totalidad. «Preferimos ver el vaso medio lleno», dijo, destacando los «avances» en tres «cuestiones básicas» como son la creación de dos salas en lugar de un organismo único, la devolución al organismo de competencias que se preveía traspasar al Gobierno, y el respeto al marco competencial, sobre lo cual «es posible avanzar un poco más».

El portavoz económico de UPyD, Álvaro Anchuelo, lamentó que no se «extraigan lecciones de la crisis y se persista en viejos errores» como mantener la dependencia política de la nueva CNMC respecto del Gobierno con la fórmula de nombramiento de sus consejeros. Por eso, pidió «algo que el PP solicitaba en la oposición» como que los nombramientos sean por mayorías reforzadas en el Congreso o que se establezcan requisitos de formación y experiencia.

Tras reconocer que algunos aspectos «se han limado» con las enmiendas, el diputado de la formación magenta rechazó tanto el modelo unificado de reguladores con competencia, que «ni siquiera tiene en cuenta la defensa del consumidor» ni siquiera acaba con la «dispersión de autoridades» al mantenerse las autonómicas. Además, criticó que se mantengan algunas competencias en los ministerios, que faltará independencia funcional, que los ahorros son «más que dudosos» y que aunque el riesgo de captura es «menos probable si se produce es mucho más peligroso».

Esta reforma es un «bodrio», según el PSOE

La socialista María José Vázquez rechazó de plano el proyecto de ley contra el que se manifestaron «todos», y que se redactó «con nocturnidad». «Una reforma de este calado hubiera merecido un debate propio», dijo, criticando que la norma haya tardado «más de un año en llegar a la Comisión» pese a ser «un bodrio» y un «corta y pega».

Además, reprochó que en lugar de «fortalecer y aumentar» las competencias de los reguladores para que puedan proteger mejor a los consumidores, el Gobierno «socave la autonomía del organismo» y meta «la mano en todos sus rincones». «Ahora el Gobierno tendrá capturado al regulador, y las grandes empresas sólo deberán capturar al Gobierno, al que le une una estrecha amistad», avisó, recordando que hasta la Comisión Europea ha planteado sus dudas sobre esta ley.

Vázquez rechazó asimismo el modelo, pese a la decisión del Ejecutivo de crear finalmente dos salas, porque «provocará congestión y un retraso sin precedentes en la regulación sectorial, cuando la rapidez es fundamental para el funcionamiento de los mercados». Asimismo, reprochó que pese a la «complejidad y cantidad» de expedientes de los que deberán hacerse cargo los miembros de la CNMC, se impone una rotación que «acaba con la especialización» y hace que «todos sabrán de todo y no sabrán de nada».

Joan Coscubiela, de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), rechazó el proyecto incluso tras la inclusión de enmiendas porque el nuevo organismo «pierde especialización y gana riesgos de captura». «Un proyecto que empieza con una similitud tan grande con el informe de PWC encargado por Telefónica no puede acabar mucho mejor», dijo, calificando la norma de «profundo error» y pronosticando «efectos devastadores».

También avisó de que la norma «sigue sin responder a las exigencias de la Comisión Europea» en asuntos como la «garantía de la independencia y la suficiencia financiera». «Batallaremos hasta el final para que haga valer su opinión cuando vea el texto que sale del Congreso, haremos todo lo posible para que antes de que se apruebe definitivamente la ley nos dé un toque de atención de nuevo», añadió, lamentando que España adopte un modelo sin precedentes y que convierte al país en «el conejillo de indias de las grandes corporaciones internacionales».

La diputada de ERC, Teresa Jordà, criticó que con esta norma se «supedita la regulación a la ideología, dificultando la fiscalización y la transparencia, e implantando la doctrina neoliberal de liberalización que facilita la concentración oligopólica». Además, advirtió de que el nuevo modelo «rompe con la especialización y la formación» de los reguladores, favorece la «parcialidad» y fomenta las «puertas giratorias» y los «lobbies con acceso directo» al organismo.

La nueva Comisión agrupará siete organismos supervisores, todos menos los relacionados con el sector financiero. En concreto, integrará la Comisión Nacional de la Energía (CNE), la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) y la Comisión Nacional del Sector Postal (CNSP), así como el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA), la Comisión de Regulación Económica Aeroportuaria, la Comisión Nacional del Juego y el Comité de Regulación Ferroviaria (CRF).