La diputada del PP insistió en que se está ante una decisión «exclusivamente empresarial», que compete a Nuclenor, empresa participada al 50% por Endesa e Iberdrola, que es quien explota la planta.

A su juicio, la empresa además es quien debe dar la explicación sobre su posición a las cerca de mil familias a las que da soporte, así como a los accionistas de la propia central.

Así, Moneo defendió que el Gobierno cumplió los compromisos que adquirió antes de las elecciones generales del pasado 20 de noviembre y, aconsejado por el propio informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), realizó las modificaciones normativas precisas a lo largo de estos meses para dar la continuidad a Garoña.

«El Ejecutivo ha actuado conforme a decisiones y opiniones técnicas procedentes del CSN y como prometimos previamente a las elecciones y a lo largo de los últimos años», defendió la Moneo.

En este sentido, recalcó que la decisión de cerrar la central burgalesa corresponde al anterior Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, a pesar de los informes del CSN favorables a la continuidad de la instalación atómica.

«Consideramos que la nuclear ocupa un lugar en el mix energético por el que siempre apostó el PP. Ahora nuestra preocupación radica en los trabajadores de la central«, insistió Moneo.

El PSOE pedirá a Soria que explique el procedimiento de cierre

Por su parte, el PSOE registrará la próxima semana la solicitud de comparecencia en el Congreso del ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, para que explique la revocación de la orden por la que se acordó el 6 de julio el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) y el futuro procedimiento de cierre de dicha planta.

Así lo aseguró el portavoz socialista en la Comisión parlamentaria de Industria, Energía y Turismo, José Segura, ante lo que calificó de «desorientación y falta de criterio» del Ministerio de Industria y, más concretamente, del titular del mismo, José Manuel Soria y del secretario de Estado de Energía, Fernando Marti.

«Es espectacular cómo España está cayendo en gravísimos errores en materia de política energética», avisó el diputado canario, al mismo tiempo que señaló que la política gubernamental intenta que no crezca el déficit tarifario, un objetivo que dice que comparte, si bien no está de acuerdo con el método, los tres decretos aprobados para ello.

De hecho, insistió en que el Gobierno del PP, desde que tomara posesión, se comprometió a la reestructuración del sector energético nacional anunciando una ley al respecto, «que todavía no ha visto la luz y que ha aflorado notables discrepancias en el Gobierno entre Hacienda e Industria».

En su opinión, por «decisión política del Gobierno anterior» se le dio a Nuclenor una ampliación de dos años para explotar Garoña, cuyos 40 años de concesión terminaban a mediados de 2011.

El PNV celebra que se abra la puerta al cierre de la nuclear en 2013

Pedro Azpiazu, portavoz de Energía del PNV, celebró el nuevo escenario abierto respecto al posible cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) en 2013 dando por amortizada la vida útil de la central, tal y como ya solicitó el Grupo Vasco en el territorio y en las instituciones vascas donde está representado.

En este sentido, Azpiazu reiteró el rechazo que expresó en su momento, cuando el Gobierno de Rajoy anunció su intención de prorrogar la vida de la central.

Ante el posible cierre de Garoña, el Grupo Vasco reclamó a su vez al Gobierno la puesta en marcha de medidas de impulso y apoyo a iniciativas económicas que ayuden a paliar los efectos negativos que el fin de la actividad de Garoña pudiera generar.

Por otro lado, el PNV respeta la decisión de Nuclenor, en cuanto que se trata de una decisión empresarial ante las incertidumbres que presenta el futuro del sector energético, y los efectos que las nuevas tasas nucleares puedan provocar en la rentabilidad del sector. Por ello, reclamó al Gobierno zanjar esta incertidumbre para que el sector energético pueda operar con las suficientes garantías y estabilidad y ofrecer el mejor servicio a los ciudadanos.

UPyD lamenta perder esta fuente energética

Para Carlos Martínez Gorriarán, diputado de UPyD en el Congreso, el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) es una «mala noticia» porque considera que perder esta fuente de energía empeorará la competitividad económica de España.

«La situación financiera de las eléctricas es mala y lógicamente temen embarcarse en nuevas inversiones como las que Garoña necesita. Pero es una mala noticia. Significa que las empresas punteras españolas del ramo renuncian a nuevas inversiones si no hay una nueva política energética», valoró.

Así, recordó que en 2011, «si bien sólo el 4% de la energía instalada era de origen nuclear, la producida finalmente fue del 14%». A su juicio,perder esa fuente energética empeorará la competitividad económica, además del significado económico de fondo que supondrá el parón de la inversión.

En este sentido, Martínez Gorriarán consideró que Nuclenor, empresa propietaria de Garoña, quiere una seguridad jurídica y una previsibilidad de las decisiones de política energética que no encuentra en este Gobierno del PP.

«Es cierto que hay razones para temer cualquier arbitrariedad en este terreno: fue otro Gobierno del PP el que comenzó en 2002 la tremenda pifia del déficit tarifario, profundizado luego por los gobiernos de Zapatero», agregó.

Por ello, criticó que en el Gobierno actual no se aprecia una política energética «clara, transparente y previsible» a medio plazo. «Así que me parece comprensible que Nuclenor pida garantías y si no las obtiene renuncie a pedir la prórroga de explotación», concluyó.

Aralar pide su cierre inmediato y una apuesta por las renovables

El vicecoordinador de Aralar, Dani Maeztu, exigió que se prescinda «inmediatamente» de la central Nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) y de todas las centrales nucleares, porque «impiden la apuesta energética clara a favor de las energías renovables» y pidió al Gobierno central que diseñe «un mix energético que impulse las energías respetuosas con el medio ambiente».

Maeztu hizo referencia a la «probable prórroga» del permiso de la citada central que podría pedir Nuclenor, gestor de Garoña, para instarles a que se «adhieran a la mayoría social y no insisten en alargar la vida de una central peligrosa y obsoleta».

En ese sentido, recordó las resoluciones que el Parlamento vasco aprobó durante la legislatura que acaba de terminar apoyando el cierre de Garoña. «Es tremendo e innecesario exponer a la ciudadanía a las consecuencias que puede tener una infraestructura deteriorada como la de la central de Burgos», destacó.

En opinión del portavoz de Aralar, «es absurdo que el ‘lobby’ energético intente lavar su imagen exigiendo a las centrales de España que cumplan ciertos requisitos». «Las pruebas, los controles y los requisitos se hacen pensando en el negocio de la energía nuclear y no pensando en la seguridad ciudadana o en el desarrollo de las energías renovables», denunció.

Por ello, exigió al Gobierno central que «prescinda» de Garoña y «diseñe un mix energético que impulse las energías renovables respetuosas con el medio ambiente, haciendo previamente un análisis y una reflexión sobre la desmesurada demanda de energía del modelo de crecimiento actual».

Castilla y León niega presiones de Nuclenor y dice que no gravará la nuclear

El portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, negó que haya habido presiones por parte de Nuclenor sobre la futura fiscalidad de la Comunidad Autónoma y aseguró que el Gobierno regional no gravará la energía nuclear ya que «nunca» se lo planteó.

«Nunca se ha hablado de un impuesto a las nucleares», aseveró el portavoz de la Junta, que recordó que los únicos que pusieron sobre la mesa esa posibilidad fueron los socialistas de Castilla y León en una posición «incoherente» al pedir primero el cierre de Garoña para pedir después que se gravase su actividad.

Sin embargo, la propia consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, anunció el pasado 20 de febrero que iba a proponer al Consejo de Gobierno un impuesto para gravar a la energía nuclear con el objetivo de equiparar a la central nuclear de Santa María de Garoña al resto de la producción energética, a la que se impuso la «ecotasa» para gravar el daño medioambiental causado por determinados aprovechamientos del agua embalsada, por los parques eólicos y por las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión.

Por otro lado, De Santiago-Juárez aseguró que la Junta de Castilla y León no está decepcionada por la decisión de Nuclenor de no solicitar la renovación del permiso de funcionamiento de Garoña –el plazo expira en julio de 2013– y aclaró que ahora «la pelota está en el tejado» del ministro de Industria, al que se dirigió esta misma mañana el consejero del ramo, Tomás Villanueva, para pedirle una reunión para conocer la situación concreta de este proyecto.

El portavoz aseguró comprender también la decisión de la empresa que «quiere saber bien en qué terreno de juego puede jugar» ya que para prorrogar la vida útil de Garoña durante seis años debe invertir 120 millones de euros y para ello debe cuadrar sus cuentas puesto que las empresas «no son una ONG».

La Diputación de Burgos ve «razonable» la decisión de Nuclenor

El portavoz de la Diputación de Burgos, Borja Suárez (PP), calificó de «razonable» la decisión de Nuclenor de no pedir la prórroga para la central de Garoña ante la incertidumbre del sector energético en España.

Suárez reconoció su «sorpresa» por la decisión de la empresa, que cree que obedece a una «legítima» intención de introducir «cierta presión» en la negociación para sacar las mejores condiciones posibles para las empresas del sector energético.

Para Borja Suárez, la decisión de Nuclenor de no solicitar la prórroga de momento «no es una deslealtad hacia el Gobierno», que revocó la Orden Ministerio de cierre en 2013, sino una «postura seria de querer conocer todos los condicionantes antes de tomar una decisión».

En todo caso, insistió en que el cierre de la planta nuclear sería «un desastre para toda la zona», aunque incidió en distinguir las circunstancias actuales de las que se produjeron cuando el Gobierno socialista emitió la Orden de cierre en 2013. Señaló que entonces se dictó la orden «por capricho», cuando el informe del CSN era favorable a la prórroga, mientras que ahora la empresa duda de la rentabilidad de seguir operando y si el cierre se llega a producir será por «una decisión empresarial y no arbitraria».

El alcalde del municipio donde se ubica Garoña vería «catastrófico» su cierre

El alcalde de Valle de Tobalina, Rafael González Mediavilla, donde está enclavada la central nuclear de Garoña, consideró que el cierre de la planta en julio de 2013 sería «catastrófico» para este municipio y otros de su entorno.

González Mediavilla señaló que el cierre de la planta supondría dejar a 780 personas en paro, muchas de ellas residentes en los municipios de la zona.

Además, los ayuntamientos dejarían de ingresar una cantidad importante por los impuestos que ya no cobrarían de la planta nuclear y de negocios y actividades que dependen de ella directa o indirectamente.

El alcalde consideró lógico que Nuclenor no presente la solicitud de prórroga porque «antes es necesario que se regule el sector energético en España».

Aunque insistió en que no se debe reducir ninguna exigencia a la planta en materia de seguridad «cueste lo que cueste», González Mediavilla criticó la posibilidad de aplicar un impuesto o «ecotasa».

En su opinión, los impuestos en España están creciendo hasta un nivel «que esto se parece cada vez más a la edad media», y «no se va a poder realizar casi ninguna actividad por el coste que supone en impuestos».

El alcalde criticó también que la mayor parte de los impuestos que generó hasta ahora Garoña no se hayan reinvertido en la zona, que ahora se encuentra con «malas infraestructuras y sin futuro económico y laboral, porque no hay empresas alternativas a la nuclear».