El PP rechaza pedir al Gobierno un plan para la biomasa y cree que no es necesaria una ley específica para la técnica de la fracturación hidráulica

El diputado del PP Manuel Luis Torres recordó que el crecimiento de las energías renovables basadas en un sistema de primas e incentivos causó un «sobrecoste» al sistema que «ha agravado sus problemas estructurales y amenazó su sostenibilidad», asunto en el que trabaja el Gobierno. «Somos conscientes de que la biomasa tiene interés», dijo, haciendo referencia tanto a los aspectos energéticos como medioambientales, económicos y de empleo.

Sin embargo, según el PP, «en el momento actual no está justificado» pedir un plan de estas características, ya que lo fundamental es «solucionar el déficit tarifario». No obstante, aseguró que en el próximo plan de desarrollo rural ya se tendrán en cuenta aspectos relacionados con la biomasa.

El portavoz de Energía del PSOE, José Segura, defendió la «gran potencialidad» de la biomasa, tanto en términos económicos como de empleo y desde el punto de vista medioambiental. Además, consideró que es procedente reflexionar sobre este tema «ahora que el sistema energético está en fase de reconversión, optimización de uso de recursos y reconfiguración del mix».

Por eso, los socialistas propusieron que, en el plazo de seis meses, el Gobierno presente un proyecto específico para el ámbito de las biomasas que permita la consecución de los objetivos 2020 del sector de la biomasa en España. Entre otras cosas, pidieron que se prevean «retribuciones que garanticen la rentabilidad razonable de las instalaciones de generación eléctrica», una simplificación de los trámites administrativos, la eliminación del pre-registro para plantas menores de 1MW o la puesta en marcha de un programa de financiación para estos proyectos de biomasa.

Laia Ortiz, de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), coincidió con el diagnóstico socialista y con la necesidad de impulsar el uso de las renovables, por lo que criticó en este punto la caída «dramática» de la inversión en renovables en la actual legislatura. No obstante, estimó que hace falta incluir «criterios de sostenibilidad» también en el uso de esta energía, que tiene un «gran potencial», para «no repetir errores del pasado».

Desde CiU, Inmaculada Riera consideró «necesario» abordar la reforma energética cuanto antes para fijar un mix energético «adecuado» en el que las renovables -incluyendo la biomasa y el biogás- tengan un «papel relevante, de presente y de futuro». Por eso, aunque echó en falta «más concreción» en algunos puntos, votará a favor de una propuesta «interesante y positiva».

El portavoz adjunto de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, expresó su acuerdo en que es necesario abordar este tema dentro del debate sobre las energías renovables, pero se abstendrá porque la propuesta incluye un «incentivo perverso» al proponer que se impulse el uso de la biomasa, no para el autoconsumo, sino para «convertirlo en otra fuente de energía que sólo sea rentable a través de un régimen de primas», porque eso supondría «repetir los errores» del pasado que provocaron, entre otras cosas, el déficit de tarifa.

No hace falta una ley específica de «fracking»

Asimismo, UPyD instó al Gobierno a presentar un proyecto de ley de regulación de la exploración y explotación de hidrocarburos no convencionales con técnica de fracturación hidráulica, en la que se definan los estándares mínimos para autorizar estas operaciones en todas las comunidades autónomas, que prevea la creación de un supervisor público, y que modifique la legislación de construcción y cementación de pozos y la Ley de residuos y suelos contaminados para tener en cuenta esta tecnología.

En este sentido, el diputado del PP Mario Flores destacó que es necesario «estar abiertos a cualquier oportunidad que pueda disminuir la dependencia energética» de España, dado que el precio de la energía tiene un importante impacto en la competitividad de la economía. «Es necesario conocer y valorar los recursos energéticos de que disponemos, y que sea en un marco para no generar alarmas», dijo.

No obstante, también es preciso «que se den las condiciones legales y de seguridad para investigar y explorar cualquier fuente de energía», por lo que el proyecto de ley para la Garantía del suministro e incremento de la competencia en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares ya obliga a estos proyectos a tener una declaración de impacto ambiental previa para conseguir la autorización.

«Son medidas legislativas que por el momento son suficientes y dan cobertura legal, jurídica y social para explorar e investigar usando la técnica del fracking», añadió, apuntando que cuando haya más resultados de estudios científicos sobre el impacto y riesgos de esta técnica «servirán de base para la elaboración de una futura normativa».

Así, el PP votará en contra de la propuesta de UPyD porque consideró «suficiente» la actual normativa de hidrocarburos y de protección ambiental. «No por más legislar tendremos más seguridad jurídica. No entendemos que exista en estos momentos la necesidad de dotarnos de una legislación específica de fracking», concluyó.

Chesús Yuste, de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) se opuso rotundamente al uso de esta técnica, como ya planteó hace semanas en sede parlamentaria cuando pidió que se prohibiera su uso, y subrayó que «la ley que hace falta no es de regulación del fracking para ‘desasustar’ a los vecinos de las zonas donde se plantean estos proyectos, sino la de prohibición».

Y es que, según dijo, «está demostrado que esta técnica tiene un enorme impacto ambiental y un elevado riesgo de contaminación y para la salud de las personas», negando que exista desconocimiento sobre este asunto. «En contra del fracking está la gente que sabe», añadió, recordando asimismo que se trata de una energía «ineficiente».

Además, calificó de «increíble y disparatado» hablar de «fracking limpio, aunque quieran vestirlo de lazos de color magenta», porque «es un oximoron», y concluyó criticando al Gobierno por «colar por la puerta de atrás» la regulación sobre este tema en una ley sobre energía eléctrica.

También Compromís-Equo se opondrá «rotundamente» a la propuesta por razones medioambientales. Su diputado, Joan Baldoví, avisó de que los impactos ambientales que puede generar el fracking «no están plenamente evaluados», por lo que sería «muy irresponsable asumir los riesgos» sin conocerlos. «Y en cualquier caso, ¿para qué más gas? Es absurdo seguir consumiendo combustibles fósiles y desviar recursos que deberían ir a las renovables«, zanjó.

Inmaculada Riera, de CiU, defendió que «el referente regulatorio debería ser Europa, y no el estado», porque «de no legislarse en el marco comunitario se iría a una proliferación de normativas dispares que generaría conflicto entre países». Así, dado que la Comisión Europea está llevando a cabo una consulta al respecto, votará en contra hasta que haya un pronunciamiento europeo antes de regular a nivel nacional.

Además, la diputada catalana estimó que sería «contraproducente» legislar sin tener en cuenta el «papel esencial» de las comunidades autónomas en esta materia, y recordó que no hay un «pronunciamiento unánime» sobre los riesgos ni éstos son los mismos en todos los territorios.

El portavoz adjunto de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, lamentó que el fracking se presente como «una técnica intrínsecamente perversa y peligrosísima» cuando «no hay ninguna fuente de energía que no incluya riesgos medioambientales». Además, consideró que es una «tomadura de pelo» decir a los ciudadanos que se puede sustituir la totalidad de los hidrocarburos con renovables, aunque haya que trabajar en pro de una menor dependencia energética.

Además, señaló que «cualquier esfuerzo para reducir» la actual factura energética y déficit tarifario «es una pieza esencial para salir de la crisis», pero antes es necesario regular legalmente técnicas como el fracking, no prohibirlo directamente. «Hace falta una legislación que dé garantías de que este tipo de técnicas se van a hacer con garantías razonables y que se va a suspender cuando haya riesgos contrastables y pruebas documentadas de malas prácticas», añadió.

El diputado del PSOE Félix Lavilla defendió la enmienda de su grupo, que pasa por la constitución de un grupo de expertos que evalúe los riesgos ambientales asociados al fracking que sirva al Congreso durante la discusión de la ley, y que se haga una moratoria de las autorizaciones hasta la aprobación de la normativa. Además, el PSOE también entendió que se debe prohibir con carácter general esta técnica en espacios protegidos. «La ley de la selva actual sólo va a generar problemas», advirtió, pidiendo que se aborde con urgencia este tema para evitar que cada comunidad autónoma vaya por un camino.

Por último, también se votó en contra de la propuesta de Izquierda Plural de paralizar el proyecto de explotación minera de magnesitas de Borobia, en Soria, por su impacto medioambiental y por contar con el rechazo de los vecinos de la zona.