El PP rechaza dos mociones para una moratoria de cinco años para los proyectos de fracking y su prohibición total en toda España

En concreto, la iniciativa de Entesa Catalana de Progres exponía que se habían conocido estudios de instituciones «independientes y de indudable imparcialidad» que han apuntado que la utilización de la fractura hidráulica para extraer gas de pizarra puede tener riesgos e impactos, y que la técnica requiere de un consumo de agua «muy intensivo» al tiempo que en el proceso se liberan sustancias químicas «muy preocupantes».

Además, en la moción alegaron la «preocupación social» por los riesgos de esta técnica que, en la actualidad motivó una prohibición o moratoria en país como Francia, Luxemburgo, Bulgaria, Renania (Alemania), Friburgo y Vaud (Suiza) así como en varios estados de Estados unidos, Sudáfrica, y otras zonas de Canadá o Austria y que otros países como República Checa y Alemania consideren en la actualidad una moratoria.

Asimismo, la iniciativa del grupo catalán argumentó que una resolución del Parlamento Europeo del 21 de noviembre sobre las repercusiones medioambientales de estos proyectos de extracción de gas y petróleo de esquisto puede representar «complejas interacciones con el medio ambiente, en particular debido al método de fracturación» y pidió que se prohíba «totalmente» el fracking en zonas sensibles y especialmente peligrosas.

También reclamó al Gobierno llevar a cabo todas las iniciativas y mecanismos necesarios para alcanzar una moratoria de cinco años en la concesión de permisos para fracking en toda España.

Por otro lado, el PP en el Senado también rechazó otra iniciativa del mismo grupo de enero de 2013 en la que se instó a la Cámara Alta a realizar «todas las iniciativas y mecanismos necesarios para prohibir en todo el territorio del Estado Español» actividades de prospección, exploración, investigación o explotación de hidrocarburos y gases de roca no convencionales que supongan la utilización de técnicas de fractura hidráulica con inyección de agua.

Durante el debate de las mociones en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, el PP defendió que el mismo Parlamento Europeo señala que la decisión de explotar el gas no convencional o no corresponde a cada uno de los estados miembro de la Unión Europea y que «aplicando las mejores prácticas» se puede dar respuesta a las preocupaciones ambientales.

Por ello, consideró que la intensa presión social a la que se sometió a algunas administraciones las llevó a posicionarse contra el fracking, no por razones técnicas sino por demagogia o razones políticas y emocionales.

En todo caso, para el grupo mayoritario de la cámara, dada la importancia estratégica del suministro energético y por su potencial para generar actividad económica y complementaria parece «justificado» permitir el desarrollo de este tipo de proyectos «siempre que se garantice el estricto cumplimiento de las medidas de seguridad y de protección medioambiental vigente. De este modo, el PP no encuentra razones técnicas objetivas que justifiquen establecer una prohibición genérica y considera que esa propuestas es «absolutamente desproporcionada».

Diego «discrepa» del rechazo del PP en el Senado

Por su parte, el presidente de Cantabria, Ignacio Diego, «discrepa» de la decisión del Grupo Popular en el Senado, insistió en que todo el territorio de España «no es igual» y defendió que en Cantabria, por razones «geológicas» e «hidrológicas», ve «imprudente» llevar a cabo proyectos de fractura hidráulica.

A preguntas de los periodistas en un acto en el Instituto de Hidráulica de Cantabria, el presidente regional señaló que «va a seguir intentando impedir» que este tipo de técnica se emplee en Cantabria, aunque reconoció que, por el momento, no hay avances en las negociaciones con el Ministerio de Industria tras el recurso presentado por el Gobierno nacional contra la ley aprobada en Cantabria para prohibir esta técnica, que quedó suspendida por el Tribunal Constitucional.