El PP plantea que los estudios de impacto ambiental incorporen de forma expresa la peligrosidad sísmica natural e inducida

Concretamente, recogió una modificación del texto del Gobierno para que los estudios de impacto ambiental incluyan la descripción, en su caso, de los tipos, cantidades y composición de los residuos, vertidos, emisiones o cualquier otro elemento derivado de la actuación como «la peligrosidad sísmica natural o la peligrosidad sísmica inducida por el proyecto».

Esto deberá contemplar estas potencialidades de peligro ya sean de tipo temporal durante la realización de la obra, o permanentes, cuando ya esté realizada y en operación, en especial ruidos, vibraciones, olores, emisiones luminosas, emisiones de partículas, etcétera.

Además, otra de las propuestas del grupo es una enmienda de adición al grupo 2 del Anexo I, que se refiere a los proyectos de fracking, que se someten a Evaluación Ambiental ordinaria, cuya duración es de un máximo de veintidós meses, prorrogable dos meses más.

Sin embargo, la enmienda deja fuera las perforaciones de sondeos de investigación que tengan por objeto la toma de testigo previos a proyectos de perforación que requieran la utilización de técnicas de fracking.

El PP entiende que con carácter previo a la perforación de sondeos de exploración, investigación o explotación de hidrocarburos que requieran la utilización de técnicas de fracturación hidraúlica es «habitualmente» necesaria perforar sondeos de investigación para obtener una caracterización geológica, hidrogeológica, hidroquímica y petrofísica de las formaciones atravesadas, de modo que se puedan diseñar adecuadamente la perforación de los sondeos principales y la forma de realizar, «en su caso, la fracturación hidráulica».

En este sentido, el PP justificó en la enmienda en que estos sondeos de investigación de las estructuras tienen como objetivo la toma de testigo que para su posterior análisis, y de diagrafías del subsuelo, «sin que en ningún caso se utilicen técnicas de fracturación hidráulica». Por ello, considera que deberían quedar fuera de Evaluación ambiental hidráulica.

Además, pretende que se sustituya un artículo del Anexo IV para que entre los requisitos de los proyectos que están sujetos a contenido de estudio de impacto ambiental estratégico, sea necesario realizar un programa de vigilancia ambiental que incluya las medidas previstas para su seguimiento.

Por otro lado, las enmiendas del grupo añadieron, como mejora técnica, una nueva letra al anexo VI por la que se define el concepto de peligrosidad sísmica. Concretamente, se añade que este concepto significa la probabilidad de que el valor de un cierto parámetro que mide el movimiento del suelo (intensidad, aceleración etcétera) sea «superado en un determinado periodo de tiempo».

El PSOE pide parar el fracking hasta que no haya un estudio concluyente

El portavoz del PSOE en materia de Medio Ambiente, José Luis Ábalos, planteó, entre sus 62 enmiendas al proyecto de Ley de Evaluación Ambiental, una disposición adicional a la normativa en la que se determine la paralización de todas las actividades de fracking puestas en marcha en España actualmente, así como las autorizaciones concedidas hasta el momento y prohibir próximas fracturas hidráulicas «hasta que no haya un estudio concluyente sobre sus efectos».

Así lo confirmó el socialista valenciano, quien subrayó a su vez que entre sus enmiendas se plantea la conveniencia de realizar informes de riesgo sísmico en proyectos que estén relacionados con el subsuelo, «para evitar temblores como los sucedidos tras el proyecto Castor».

Igualmente, en sus enmiendas suprime los determinados «mínimos de magnitudes», por ejemplo a la hora de hacer un almacén subterráneo de gas de 500 toneladas, en aquellos casos en los que se pueda entrañar riesgos.

«Se elimina la magnitud a partir de las cuales se exigía la evaluación, a partir de 500 toneladas por ejemplo. Así, sólo basta con que sea un almacenamiento de gas subterráneo para hacer una evaluación de impacto ambiental«, explicó el diputado del PSOE.

En último lugar, Ábalos criticó la tramitación de urgencia que aplicó el Gobierno a este proyecto de ley, cuyo debate de totalidad se produjo el jueves de la pasada semana y cuyas enmiendas parciales al articulado se presentaron ayer en el Congreso.

«No tiene ningún sentido la tramitación de urgencia, máxime cuando el Parlamento europeo está debatiendo una nueva directiva sobre la materia. No sirve para nada», sentenció

En la misma línea, el eurodiputado socialista Andrés Perelló solicitó la intervención de la Comisión Europea para «frenar prácticas inyectivas y extractivas de hidrocarburos y gas como el de (la plataforma) Castor» y otros proyectos de fracking en curso, con el objetivo de «evitar todo riesgo sísmico, contra la salud o el medio ambiente».

En una pregunta parlamentaria dirigida al comisario de Medio Ambiente, Janez Potocnik, reclamó «evaluaciones exhaustivas previas y periódicas» que contemplen también el riesgo de seísmos, y apuntó especialmente su «preocupación» por el impacto que los seísmos registrados en la costa de Vinaroz puedan tener en los Lugares de Importancia Comunitaria de la zona, protegidos por la red Natura 2000.

«A la vista de lo que está sucediendo con estas prácticas que utilizan la inyección en el subsuelo, es urgente que la Unión Europea determine o bien su prohibición total o una moratoria, hasta que no se demuestre al cien por cien que no van a perjudicar a las personas y el medio ambiente«, pidió el eurodiputado en su pregunta al Ejecutivo comunitario.

«El proyecto Castor, de la costa valenciana, es una buena muestra de lo que puede ocurrir cuando se duplique la potencia de inyección en el subsuelo como sucede con el fracking», alertó el eurodiputado, que pidió «no dejarse deslumbrar por cualquier inversión, sin tener en cuenta las consecuencias a medio y largo plazo».

Izquierda Plural plantea informes sísmicos obligatorios en la DIA

Por su parte, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) propuso en el Congreso de los Diputados la elaboración de informes de riesgo sísmico obligatorios en las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), con el objetivo de evitar que se vuelva a repetir lo sucedido con el almacenamiento de gas Castor, donde se registraron más de 380 temblores en la costa mediterránea, o el almacenamiento de gas en Doñana, y dar garantías de calidad ambiental y seguridad en el desarrollo de estos proyectos

Se trata de una de sus enmiendas parciales al proyecto de Ley de Evaluación Ambiental, en la que plantea la adición de un nuevo artículo a la ley presentada por el Gobierno, por el que sea obligatorio que el promotor de un proyecto incluya un informe de riesgo sísmico en la declaración de impacto ambiental.

La portavoz de la Izquierda Plural en la materia, Laia Ortiz, pidió que estos informes se den en aquellos proyectos que afecten al subsuelo, incluidos los que hagan uso de la fractura hidráulica o el almacenamiento subterráneo de combustibles o de CO2, como en el caso del almacenamiento de gas Castor, así como en proyectos de centrales nucleares y almacenes de residuos nucleares.

En el caso Castor, Ortiz sostuvo que el informe de impacto ambiental no incluía ningún tipo de informe de riesgo sísmico pese a realizarse el almacenamiento en una zona de fallas sísmicas, y pese a que la Generalitat de Cataluña y el Observatorio del Ebro así lo solicitaron.

En el caso de Doñana, dijo que el Gobierno aprobó la DIA sin conocer el riesgo sísmico asociado, pese a que podían afectar a las poblaciones cercanas, al acuífero y al espacio natural de Doñana.

De hecho, subrayó que la DIA se limitaba a recomendar la realización de estudios complementarios para conocer el riesgo sobre actividad sísmica, pero nunca de manera previa a la aprobación de la misma. «La declaración de impacto ambiental debe tener en cuenta el riesgo sísmico, y en función del mismo (y del resto de parámetros) debe ser positiva o negativa.

Así, consideró la evaluación del riesgo sísmico debe ser previa a la declaración de impacto ambiental, y no al revés. En caso de existir este riesgo sísmico, no se podrá autorizar en ningún caso los proyectos que lo generen», defendió en su enmienda.

Es más, sostuvo que el órgano ambiental deberá consultar al IGME y al IGN, así como a los organismos científicos oficiales existentes, que actúen sobre el ámbito territorial presuntamente afectado, sobre el riesgo sísmico del proyecto, los cuales emitirán informe vinculante al respecto. «En caso de que el proyecto conlleve riesgo sísmico, el órgano sustantivo denegará la autorización del mismo», afirmó.

La Izquierda Plural presentó, además, más de 80 enmiendas relacionadas con otros aspectos de la evaluación ambiental, como el papel de la Conferencias Sectorial de Medio Ambiente y las competencias autonómicas, la Red Natura 2000 o las construcciones excluidas.