El PP en el Congreso rechaza pedir el cierre definitivo de Garoña

Apenas una semana después de que se rechazara la moción del PSOE reivindicando un Pacto de Estado en materia energética, propuesta que en su contenido exigía el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña, la central de Valle de Tobalina (Burgos) ha vuelto a protagonizar el debate parlamentario con una proposición no de ley presentada por Amaiur. La proposición fue derrotada por 176 votos del PP, UPyD, UPN y Foro Asturias frente a 120 votos a favor.

El Partido Popular cimentó su rechazo a esta proposición sobre la base de que, “desde un punto de vista legal”, no corresponde al Gobierno proceder a cerrar definitivamente y a desmantelar la central nuclear de Garoña, tal y como reivindicaba la proposición, puesto que es el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) quien debe dar su visto bueno a la reapertura siempre que la titular de la central, Nuclenor (formada a medias por Iberdrola y Endesa), solicite su vuelta a la actividad, extremo no decidido aún.

El portavoz de Energía del PP en el Congreso, Antonio Erías, recordó que actualmente la central se encuentra en una situación de cese de explotación desde diciembre de 2012 pero que, en virtud de lo dispuesto en el reciente Real Decreto 102/2014, actualmente Nuclenor podría volver a solicitar su vuelta a la actividad y será en ese momento cuándo el Gobierno “deba atenerse” a lo que disponga el CSN. En este sentido, Erías reclamó “coherencia” al PSOE y al PNV, que aprobaron en 2011 con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y junto al PP, CIU y el PNV una enmienda a la Ley de Economía Sostenible por la que las centrales nucleares pudieran extender su vida útil más allá de los 40 años.

Respecto a las críticas de la oposición ante la posible vuelta a la actividad de Garoña, Erías indicó que en Estados Unidos hay 25 plantas nucleares que han visto extendida su licencia desde los 40 años a los 60 y que 5 de estas centrales son del mismo modelo y fabricante, General Electric, que la central burgalesa. Además, ante las similitudes técnicas que plantea Garoña con la central de Fukushima (Japón), el diputado popular señaló que esta tragedia se debió a un terremoto y posterior tsunami que evidenciaron el “deficiente” emplazamiento de la central japonesa, circunstancia “que no comparten ni Garoña ni el conjunto de reactores del parque nuclear español.”

Por su parte, el diputado Jordi Jané (CiU) quiso dar «un voto de confianza» al CSN y aseguró que su grupo respetará lo que este organismo decida. Eso sí, Jané recordó que «sólo podemos dejar que las centrales nucleares funcionen si se cumple con los parámetros técnicos de seguridad exigidos después de Fukushima al 100%». Los nacionalistas catalanes de CiU se abstuvieron en la votación.

Oposición pide el cierre definitivo

La propuesta de Amaiur aceptó enmiendas del PSOE y de la Izquierda Plural, que apoyaron la proposición no de ley y exigieron también al Gobierno que suspendiera el decreto que posibilita a Nuclenor solicitar la vuelta al funcionamiento de Garoña.

El diputado del PSOE por Burgos, Luis Tudanca, denunció que el Gobierno «ha hecho un pacto con el diablo, con las grandes eléctricas de este país» y se preguntó «cuánto dinero más nos va a costar esta foto», mostrando una imagen de Rajoy en campaña electoral en la central burgalesa. Luis Tudanca insistió en cerrar Garoña por «obsoleta» y reivindicó un plan de reindustrialización para la zona ya que «el futuro de la comarca nunca será Garoña» a la par que reprochó al PP que se posicione en contra de esta central en algunas autonomías.

Desde Izquierda Plural, Laia Ortiz señaló que el Gobierno está «cegado» por el lobby pronuclear y se está poniendo «en ridículo», con las diferentes decisiones que se van tomando «a medida» de las empresas por mantener abierta la central, mientras cuestionan la posición de los organismos reguladores como el CSN. Ortiz acusó al PP de «obcecarse» con la nuclear sin tener en cuenta «ni los riesgos, ni los costes, ni lo que supone el tratamiento de los residuos radiactivos así como el envejecimiento del parque nuclear nacional, no adaptado a las exigencias del siglo XXI». Por último, Ortiz apuntó a Soria: «Es una energía que no necesitamos cuando hay exceso de potencia instalada. Y están cambiando toda la regulación sólo atendiendo a los deseos de un ministro cuando ni siquiera lo han pedido las centrales«.

El portavoz económico del PNV, Pedro Azpiazu, insistió en que la planta burgalesa pertenece a la primera generación de centrales nucleares y está «obsoleta y amortizada», «deja bastante que desear» en lo que respecta a su seguridad, y con 400 MW aporta «muy poco» a la garantía de suministro en relación con la demanda energética del país. Además, reiteró que la decisión de cesar su actividad fue tomada por Nuclenor.

El promotor de la proposición no de ley, Xabier Mikel Errekondo, portavoz de Amaiur, defendió que Garoña, «la central nuclear más antigua de Europa y de similar diseño que Fukushima», es «innecesaria» teniendo en cuenta la demanda energética que hay en España y cuenta además con un reactor «que no se puede sustituir», con una vasija «dañada» y con una piscina de combustible nuclear gastado «a punto de rebosar».

«El Gobierno, vendido a las eléctricas insaciables de Endesa e Iberdrola a costa de la salud de la gente, traiciona a los ciudadanos, pues firmó el cierre de la central, y ahora altera a su antojo las leyes para poder reabrir la central «, criticó el portavoz de Amaiur. Por último, pidió al Gobierno que respete la voluntad de las instituciones vascas.

Garoña no produce electricidad desde el 28 de diciembre de 2012, cuando a raíz de la entrada en vigor del impuesto sobre la producción en centrales nucleares, que estableció la Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, Nuclenor decidió dejar de operar al considerar que le supondría un coste adicional de unos 152 millones de euros, una cantidad que consideraba «inasumible».

En un principio la planta debería haberse cerrado en julio de 2009, año en el que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero decidió ampliar su permiso de explotación cuatro años más, hasta el 6 de julio de 2013.

Ya con el Ejecutivo ‘popular’ de Mariano Rajoy, en julio de 2012, se procedió a modificar este decreto de cierre, concediendo a la instalación burgalesa la posibilidad de solicitar su prórroga de explotación hasta 2019.

No obstante, Nuclenor no presentó solicitud alguna ante la incertidumbre que a su juicio podría crearse con el nuevo impuesto sobre la energía nuclear antes mencionado, así como la inversión de más de 100 millones de euros que supondría reabrir la planta atómica.