Sobre este aumento del 1% en el impuesto a la producción eléctrica, el PP consideró «necesaria» la medida tanto para ajustarse a la finalidad de la ley como a los análisis realizados. Este impuesto podrá ser trasladado al consumidor final por parte de las empresas que produzcan y comercialicen electricidad, pero no por parte de la mayor parte de los productores de renovables.

Entre las enmiendas que los populares registraron en la Cámara Alta, durante el trámite parlamentario por vía de urgencia del proyecto de ley, se incluyó una reducción de cargas fiscales al gas natural que se utilice con fines industriales. Para el resto de usos (doméstico, generación eléctrica y cogeneración), el impuesto de hidrocarburos sobre el gas natural se mantendrá en 0,65 céntimos de euro por gigajulio.

En la iniciativa se explicó que el impuesto de hidrocarburos sobre el gas natural responde a la necesidad de establecer medidas fiscales para facilitar la transición a un uso más eficiente de la energía, lo que, en última instancia, permitirá mitigar el cambio climático.

«De manera excepcional, y con objeto de no desincentivar el uso del gas natural y evitar que estos usuarios opten por otros combustibles de menor coste y mayor impacto ambiental, se establece un tipo impositivo reducido para el consumo industrial», añadió el texto.

Esta imposición reducida se realiza al amparo de lo establecido en la normativa comunitaria, que permite diferenciar el gravamen sobre el gas por usos, con el objetivo de mantener la competitividad del sector industrial.

Fuentes gubernamentales explicaron que el Ejecutivo apoya esta enmienda porque es la única que compensa una rebaja de tasas con la subida de otras para que la recaudación final siga siendo la misma y poder atajar así el déficit de tarifa eléctrico.

«A cambio de disminuir el céntimo verde para el gas utilizado por la industria y para que la suma total de la recaudación siga siendo la necesaria para cubrir el déficit han tenido que proponer un incremento en el tipo impositivo del 6% al 7%«, añadieron las mismas fuentes.

De esta forma, se atienden parcialmente las reinvidicaciones de la industria, que teme una fuerte subida de sus costes energéticos. El pasado 19 de noviembre, la secretaria general de la Asociación Española del Gas (Sedigas), Marta Margarit, expresó su confianza en que el Senado rebajaría el «céntimo verde» sobre el gas para evitar que este sector tenga que pagar los «platos ratos» de las eléctricas.

Hasta ahora, el proyecto de ley contemplaba gravar con un 6% cada megavatio de energía generada, independiente de cómo fuera producido, lo que levantó las críticas tanto de las eléctricas tradicionales como las renovables. Según cálculos del Gobierno este gravamen del 6% tendría un impacto de 571,7 millones de euros en las compañías que operan en el régimen ordinario (como nuclear, hidráulica, ciclos combinados o carbón, entre otros) y de 688 millones de euros para las del régimen especial (renovables y cogeneración).

Nuevas cargas fiscales al carbón, los fuelóleos y los gasóleos

Asimismo, el PP propuso en la nueva redacción de la norma elevar las cargas fiscales al carbón y poner un límite de 500 millones de euros a los ingresos de las subastas de CO2 que anualmente podrán transferirse desde los Presupuestos Generales del Estado (PGE) a la tarifa eléctrica.

Al mismo tiempo, reflejó la creación de tipos específicos que gravan los fuelóleos y los gasóleos destinados a la producción de energía eléctrica o a la cogeneración de electricidad y calor útil.

Junto a esto, se incluyó una exención de los nuevos impuestos a la actividad nuclear para el almacenamiento de residuos procedentes de actividades médicas y científicas, así como de «incidentes excepcionales en instalaciones industriales no sujetas a la reglamentación nuclear», porque tienen un «escaso impacto en la recaudación».

Las enmiendas también incluyeron un compromiso de concertación de los nuevos impuestos con el País Vasco y con Navarra con el objeto de garantizar la seguridad jurídica de la norma. Esta concertación se producirá durante 2013.

La recaudación de impuestos por parte del Ministerio de Hacienda se transferirá de los Presupuestos Generales del Estado de cada año a la tarifa eléctrica un importe equivalente al de la suma de la estimación de lo que se recauda por estos impuestos. A esta transferencia se sumarán las estimaciones de los ingresos de las subastas de gases de efecto invernadero, con un máximo de 500 millones de euros.