El PNV afirma que Bruselas no ha recibido aún los planes de inversión para reabrir la central de Garoña

Así se consignó en la respuesta a una pregunta dirigida a la Comisión Europea por la eurodiputada del PNV, Izaskun Bilbao, que llevó incluso al pleno la situación de esta instalación.

Según informó el PNV, el cumplimiento de este requisito es preceptivo para reabrir la central, porque así se detalla en el tratado Euratom y porque, tras los resultados del test de resistencia que promovieron las autoridades europeas tras el accidente de Japón, se demostró que las obras a realizar son estructurales.

Por ello, el PNV recordó en su pregunta que los estudios acreditaban que «esta central no resiste terremotos de la intensidad que exige el regulador, presenta riesgo de inundación muy alto en caso de rotura de las presas cercanas y tiene deficiencias en la custodia y protección del combustible gastado en caso de pérdida de los sistemas de refrigeración».

También denunció que faltan medidas para reducir las concentraciones de hidrógeno, con riesgo de explosión en la contención del reactor. Finalmente, se detectaron deficiencias en los planes de emergencia ante una catástrofe nuclear en la zona.

Estas circunstancias, la longevidad de una central diseñada para operar durante 25 años y con 41 de actividad y la existencia en su perímetro cercano de significativos núcleos de población como las localidades burgalesas de Miranda de Ebro y la capital del País Vasco (Vitoria), eran otras circunstancias que, recordó Izaskun Bilbao, «aconsejan que concluya el ciclo de vida útil de la central el próximo mes de julio».

En su respuesta, el Comisario de Energía, Günther Oettinger, informó de que la Comisión sí fue informada de que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo español está tramitando una modificación de la legislación nacional pertinente que propone que, en caso de que el cese de la actividad de una instalación nuclear no se deba a motivos de seguridad nuclear, el titular de la licencia de explotación pueda solicitar una renovación de la misma en el plazo de un año tras la declaración de cese de actividad.

De conformidad con la Directiva 2009/71/Euratom del Consejo, de 25 de junio de 2009, los Estados miembros deben comunicar a la Comisión el texto de las disposiciones básicas de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por esta Directiva, así como de cualquier modificación posterior de las mismas.

Sin embargo, la Comisión no recibió ningún plan de inversión con arreglo al artículo 41 del Tratado Euratom relativo a una modificación en la central nuclear de Santa María de Garoña.

El comisario aclaró que las decisiones sobre la posible prórroga de la licencia de explotación de una central nuclear y sobre su reapertura son de competencia nacional. «Es responsabilidad de los Estados miembros garantizar que la central nuclear se explote de forma segura, de conformidad con la Directiva 2009/71/Euratom del Consejo», señaló.

Para hacer efectiva esta obligación, los Estados miembros deben garantizar que su marco nacional «exija que los titulares de una licencia, bajo la supervisión de la autoridad reguladora nacional competente, evalúen y verifiquen periódicamente y mejoren continuamente, en la medida de lo razonablemente posible, la seguridad de sus instalaciones nucleares».

En este caso y a la vista de los resultados de seguridad efectuados tras el accidente de Fukushima, están tasadas en un informe europeo y están claras las condiciones que debería cumplir la central para entrar de nuevo en funcionamiento.

La reapertura responde más a «un capricho» que a cuestiones energéticas

Por su parte, el portavoz de energía del PNV en el Congreso, Pedro Azpiazu, consideró que una posible reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña responde parece «más un capricho que una cuestión de racionalidad energética y política».

Así, exigió al Gobierno el cierre definitivo de la instalación atómica, después de que el pasado viernes el Gobierno aprobara un decreto que permitirá a Nuclenor (empresa propietaria de la central burgalesa) solicitar la renovación de su licencia antes del 6 de julio (fecha en la que se cumple un año desde que Nuclenor optara por la paralización unilateral de la actividad de la central).

Con ello, el diputado vasco denunció que es «incomprensible» el empeño del Gobierno español en reabrir una central nuclear de primera generación, «obsoleta, que conlleva riesgos, y a la que se oponen la ciudadanía, las instituciones y los partidos políticos».

Azpiazu insistió también en que Garoña cumplió un ciclo y «está amortizada», a la vez que recordó que «no aporta nada desde un punto de vista de seguridad de suministro» debido a su reducido tamaño.

El portavoz energético del Grupo Vasco respondió así también a unas declaraciones del ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, en las que aseguraba que el Estado se encuentra en un momento de «exceso de capacidad energética».