El pleno del Senado aprueba la Ley del Sector Eléctrico tras rechazar sus seis enmiendas a la totalidad

El fin de la tramitación de esta Ley en el Senado culminó esta mañana con la aprobación del texto, tal y como estaba previsto, con la incorporación de las enmiendas del Grupo Popular y las que se han pactado con PNV y CiU. Entre estas nuevas enmiendas destaca la retirada de la aportación del Estado de 3.600 millones de euros para atajar el déficit de tarifa generado este año: 2.200 millones procedentes del crédito extraordinario concedido por Hacienda a Industria y que las propias Cortes Generales aprobaron el pasado mes de octubre y que ahora se deja sin efecto; 900 millones de la mitad de los sobrecostes que implica la generación eléctrica en los sistemas insulares (Baleares y Canarias) y extrapeninsulares (Ceuta y Melilla) y otros 500 relativos al impuesto de hidrocarburos que se destinarán a las comunidades autónomas.

En la jornada de ayer, el pleno del Senado rechazó las seis enmiendas a la totalidad presentadas contra el proyecto de Ley del Sector Eléctrico: una por el Grupo Socialista, dos por la Entesa pel Progrès de Catalunya (una por los senadores del Partido Socialista de Catalunya y otra por los de Iniciativa per Catalunya Verds), y otras tres presentadas por el Grupo Mixto con las presentadas por los senadores de Izquierda Unida, Esquerra Republicana y una conjunta presentada por los senadores de Amaiur, Euskal Herria Bildu y Eusko Alkartasuna.

Durante el debate de los vetos, el senador del PP José Ignacio Palacios ha defendido que «esta Ley y todas las disposiciones» adoptadas por el Gobierno «van en la buena dirección», que es lograr la «estabilidad» del sector garantizando la seguridad de suministro, consiguiendo una energía competitiva y logrando la sostenibilidad del sistema. Además, Palacios insistió en la “pésima herencia recibida” por el Gobierno por parte de sus predecesores socialistas que dejaron un sistema eléctrico “insostenible” y abogó por «dar un giro de 180 grados» a la «errónea política energética del anterior Ejecutivo de Zapatero”.

Palacios quiso justificar la falta de diálogo con los diferentes agentes del sector a la hora de abordar la reforma energética en la urgencia de aportar soluciones a una situación que es «crítica» y que exigía «implementar una reforma que no lastre la credibilidad de España y su reputación a nivel internacional». En este sentido, José Ignacio Palacios defendió la retirada de los 3.600 millones de euros para así poder cumplir «con el primer objetivo del Gobierno: salvar las cuentas del país», en referencia a la exigencia de la Comisión Europea de que España cumpla con su objetivo de déficit público. También descartó que esta retirada tenga consecuencias para los consumidores ya que «se van a cargar a las empresas».

El senador popular mantuvo una actitud ofensiva ante el resto de grupos parlamentarios: ahondó en la «pésima herencia recibida», afirmando que el primer déficit que dejó el anterior Gobierno «es el de la credibilidad institucional»; a los que reclamaban medidas para contrarrestar la dependencia energética del exterior, los emplazó a apoyar las prospecciones petrolíferas marinas próximas a Canarias o la exploración mediante el fracking . También tuvo respuesta para los oradores que insistieron en que la factura eléctrica es de las más caras de Europa y tomaron como referencia a Francia; en este punto, José Ignacio Palacios les recriminó rechazar la energía nuclear ya que el país galo tiene más de medio centenar de centrales nucleares.

También han apoyado el proyecto el PNV y CiU, que han llegado a acuerdos con el PP para enmendar la normativa; estos acuerdos no impidieron que planteasen críticas al texto propuesto. Iñaki Anasagasti (PNV) destacó que esta Ley del Sector Eléctrico presenta “sombras” para resolver la “difícil” situación que atraviesa el sector eléctrico con el problema del déficit tarifario dado que “no aporta estabilidad regulatoria ni seguridad jurídica a la política energética” y se ha realizado a espaldas de los sectores afectados y sin ninguna colaboración de los grupos políticos “salvo al final”. También añadió que el texto consagra el déficit de tarifa “a perpetuidad” y señaló que “no se resuelve” por lo que abogó por sacar de la factura “los costes no relacionados con el suministro eléctrico” ya que de ello depende la competitividad de la industria, así como el desarrollo económico y social. “Nuevas subidas de la luz ayudan al cierre y a la deslocalización”, recordó el senador.

Ramón Alturo (CiU) señaló que la negociación abierta con el grupo parlamentario popular merece un “apoyo crítico” por parte de los nacionalistas catalanes a la Ley del Sector Eléctrico que sale del Senado. A juicio de Alturo, este apoyo “no debe entenderse como un aval a todos los aspectos con los que estamos disconformes ya que hay sectores que se ven perjudicados” y emplazó al grupo mayoritario a continuar la negociación en el Congreso porque “hay cuestiones que mejorar”. Ramón Alturo incidió en que el “único” propósito de esta Ley es atajar el problema del déficit tarifario y lamentó que no se busque una “auténtica” reforma energética “que mejore la competitividad de las empresas”. También reflejó su preocupación ante la enmienda aprobada que retira del sistema eléctrico los 3.600 millones comprometidos por el Gobierno para financiar el déficit tarifario de 2013 ya que hay que evitar que esta cantidad “se pueda repercutir” en los consumidores.

Por contra, el senador socialista Jesús Alique ha tachado la reforma de «nuevo parche que pagarán los mismos», lo que repercutirá en una pérdida de poder adquisitivo para los consumidores y de competitividad para las empresas, especialmente las industrias. El principal grupo de la oposición se mostró a favor de los vetos y arremetió contra los nacionalistas catalanes y vascos ya que, según expresó el senador Jesús Alique (PSOE), el apoyo prestado les convierte en “cómplices del déficit Soria y de la subida del recibo”. Alique tuvo duras palabras para el ministro de Industria, José Manuel Soria, y para el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, ya que considera que “deben irse” porque no se puede soportar la “ópera bufa” en la que han convertido la reforma por su “falta de peso político y su improvisación”. Además, no tuvo tapujos en afirmar que “el ministro de Hacienda es el ministro de Energía” y afirmó que los ciudadanos y empresas se merecen “una auténtica reforma” y no la planteada.

Jesús Alique reclamó al Ministerio y al grupo mayoritario popular hacer uso de una «visión a largo plazo que defina un mix energético dialogado y consensuado y fije un modelo regulatorio transparente y estable». A juicio del grupo parlamentario socialista, «esta reforma nace muerta» y Alique no dudó en afirmar que la luz «seguirá subiendo». Además, el senador socialista apostó por un «cambio de rumbo» hacia un nuevo modelo que definió como «hecho por y para los ciudadanos, que acabe con la pobreza energética, apueste por las fuentes renovables, persiga una mayor eficiencia y no ponga traba alguna al autoconsumo».

Desde la Entesa, Jordi Guillot criticó que la normativa «responde exclusivamente a los intereses del oligopolio eléctricos», mientras que José Montilla afirmó que «lo más grave es que se engaña a la ciudadanía» al ocultar el coste de la colocación de la deuda en el mercado.

Jesús Iglesias (IU) lamentó que el Gobierno haya renunciado a “una reforma integral” del mercado eléctrico y manifestó que la Ley del Sector Eléctrico reproduce nuevamente “los demonios del Gobierno y del partido que lo sustenta” en su lucha contra el déficit tarifario. Iglesias incidió en que no entiende cómo el déficit tarifario existe a pesar de que el margen de beneficio de las compañías eléctricas “es muy superior” al de sus homólogas europeas y destacó que “su situación de dominio” las permite “chantajear a las Administraciones”. Además, Iglesias señaló que en 2008 ya había 16.000 millones de euros de déficit tarifario “cuando el peso de las renovables era mucho menor” por lo que abogó por buscar el origen del déficit en la “sobrerretribución” de las centrales nucleares e hidroeléctricas.

Ester Capella (ERC) considera que este proyecto de ley va “radicalmente en contra del interés general” y en favor del “oligopolio” de las cinco grandes empresas eléctricas, ”a las que no se las eliminan sus privilegios”. A juicio de Capella, esta reforma energética del Gobierno mantiene el actual modelo, que calificó como “injusto e ineficiente” a la par que tachó al grupo popular de “inmovilista” por no anticiparse al futuro y actuar ante el “previsible encarecimiento de los combustibles fósiles” en un momento en que las importaciones en España de combustibles ascienden a 45.000 millones de euros “y continúan aumentando”; según la senadora catalana, el Gobierno incide en la dependencia energética exterior y castiga las posibilidades autóctonas que pueden ofrecer las renovables y el autoconsumo.

La senadora Amalur Mendizabal, elegida por Amaiur, expuso que la Ley del Sector Eléctrico tiene “muy pocas luces y demasiadas sombras” porque considera que no hay “la participación ni el consenso” que merece la normativa que afecta a un sector “estratégico” para la ciudadanía y la economía del país. Mendizabal considera que la Ley “no entra en la raíz del problema del déficit tarifario”: por ello apostó por abordar la formación de los precios así como realizar una auditoría de los costes reconocidos al sector eléctrico y no seguir con “medidas recaudatorias que continúan por la vía de las energías contaminantes y atentan contra la seguridad jurídica de las renovables”.

Amelia Salanueva (UPN) mostró su apoyo a los vetos presentados contra la Ley del Sector Eléctrico ya que considera que no sólo no cumplirá sus objetivos, sino que “ha fracasado antes de nacer” ya que “el déficit se consolida y la luz subirá”, convirtiendo a los consumidores en “los paganos” de esta situación. Además, Amelia Salanueva mostró su preocupación por el incumplimiento de los objetivos europeos 20/20/20 y el impacto que se materializará para los productores renovables en la reducción de sus ingresos y la incertidumbre generada para los inversores.