El Pleno del Congreso rechaza debatir la propuesta de la Izquierda Plural para la aplicación de un IVA reducido a la electricidad, el gas y el butano

Por su parte, la portavoz de Energía de la Izquierda Plural, Laia Ortiz, que junto a Joan Coscubiela fueron los promotores de la proposición de ley, fue la encargada de defenderla y acusó al Ejecutivo de «empeorar» con sus políticas fiscales y energéticas las dificultades de acceso al suministro energético para más de 7 millones de familias, y llamó a «cambiar esa lógica de poner el dinero en los bolsillos que ya están llenos» y defender los derechos humanos y los bienes esenciales.

«Se pueden hacer las cosas de otra manera. Un gobierno puede estar en pie defendiendo a los ciudadanos frente a los especuladores y los buitres como en Grecia, o puede arrodillarse y ser vocero de la banca y las eléctricas. Un gobierno puede decidir utilizar los instrumentos fiscales que tiene para reducir desigualdades o puede contribuir a crearlas, como han hecho ustedes. Es una cuestión de voluntad», espetó a los diputados del PP, insistiendo en que el Gobierno de Syriza ha «apostado por rescatar la dignidad de las personas recuperando el control» de los suministros energéticos.

En este punto, la diputada de ICV recordó que el IVA es un «impuesto claramente regresivo que penaliza en mayor medida a las rentas más bajas», por lo que su incremento ha convertido la energía para el consumo doméstico en un «bien de lujo», llevando a miles de familias a una «situación insostenible». Es un tema de «derechos humanos» y de «justicia social», dijo.

Propusieron por ello una rebaja de los tipos de IVA aplicados a los servicios básicos, «conscientes de que no es una solución al problema de fondo, pero que puede contribuir a reducir barreras de acceso a estos servicios y a reducir la pobreza y las desigualdades».

En concreto, pidieron modificar la normativa reguladora del IVA, de 1992, con el objetivo de que el agua y el transporte público tributen por el tipo superreducido del 4% y la electricidad, el gas natural y el butano sean incluidos en el tipo reducido del 10%.

En su propuesta, subrayaron que la pobreza energética afecta a más de cuatro millones de personas en España con efectos «devastadores» no sólo de endeudamiento sino de salud, ya que, por ejemplo, el Observatorio para la Sostenibilidad estimó que en 2011 esa carencia fue responsable de entre 2.300 y 9.300 muertes prematuras.

Argumentaron que España es el país de la Unión Europea a 27 con los precios de la electricidad más caros después de Malta y Chipre. Según Eurostat, desde 2001 a 2012 la factura se había encarecido un 105,1%, y según datos de Cruz Roja de 2012, en dos años el precio del gas se había incrementado el 22%, el del agua el 8,5% y el de la bombona de butano el 23%.

La reforma energética del Gobierno empeoró la situación de quienes menos consumen, según denunciaron, al aumentar el término fijo de la factura un 18%.

Los diputados de ICV consideraron que la situación de pobreza energética «necesita de soluciones de manera urgente, y un cambio de actitud por parte del Gobierno, que hasta el momento se ha negado a llevar a cabo ningún tipo de actuación», lo cual contrasta, según denunciaron, con la celeridad con la que modificó la tributación aplicable a las entregas de objetos de arte para pasarla del 21% al 10%.

El PP dice que IVA «no es un impuesto equitativo»

Por su parte, la portavoz adjunta del Grupo Popular en la Comisión de Hacienda, Matilde Asián, explicó durante su intervención ante el Pleno de la Cámara Baja que no admitirán la tramitación de la proposición de ley pese a estar de acuerdo con sus «apariencias» porque la bajada de impuestos debe realizarse «con equidad» y «protegiendo a los colectivos vulnerables», algo que no permite el IVA, que «no es un impuesto equitativo», ya que no discrimina los perfiles de consumo ni las capacidades económicas de cada contribuyente.

«Si aceptáramos esta propuesta sin reflexionar habría quien nos diría que, bajando la facturación del IVA a la energía y el agua, ayudamos a llenar la piscina de los ricos. Y no nos gustaría que nos dijeran esto», explicó la diputada canaria, criticando además que propone un cambio en una figura tributaria que supone el 30% de la recaudación sin evaluar si su efecto en los ingresos del Estado es «superficial».

La dirigente popular apeló también a los efectos medioambientales de esta rebaja del IVA, que supondría un «incentivo al consumo» y perjudicaría el ahorro y la eficiencia energética. Además, recordó que los tipos españoles, fijados en el margen que permiten las autoridades comunitarias, está por debajo de la media europea.

«Un objetivo esencial de nuestra política es impulsar el crecimiento económico y la generación de empleo, lo que significa luchar contra la pobreza de todo tipo, al contrario que el PSOE, que entre 2008 y 2011 creó una manifiesta pobreza al destruir más de tres millones de puestos de trabajo», añadió Asián, rechazando así «lecciones de sensibilidad social» de quienes «hundieron los ingresos públicos» y provocaron «la peor amenaza del Estado del Bienestar».

Finalmente, la diputada canaria aseguró que una prioridad del PP es «bajar los impuestos con equidad y cada vez que el nivel de recaudación lo permita y esté garantizada la financiación de los servicios esenciales», pero alegó que luchar contra la pobreza energética pasa por «atacar el fondo del problema», que es el precio de la energía y su evolución al alza, frenada gracias a la reforma eléctrica de 2013.

Es una «vergüenza social»

La socialista María José Vázquez coincidió en que la pobreza energética que sufren millones de familias españolas de las clases más desfavorecidas y es una «vergüenza social» y una «lacra» que «no para de crecer» por la reforma laboral y las reducciones salariales propiciadas por el Gobierno del PP, que han «conseguido que los ricos sean cada vez más ricos y los pobres, cada vez más pobres, tal y como marca su ideología».

Así, un país que «presume de ser el país que más crece de la Unión Europea» es también el segundo en desigualdades, y «mientras el PIB se incrementa un 1,4% los bancos de alimentos piden a los donantes alimentos que no haya que cocinar porque las familias no tienen ni energía para prepararlos».

El portavoz económico de UPyD, Álvaro Anchuelo, también compartió la «preocupación» por el alto coste de la energía en España, por lo que apoyará la tramitación de la proposición de ley, aunque «discrepamos en los medios» porque lo que se propone es una reducción «indiscriminada del IVA», porque no todos los consumos que se hagan, por ejemplo, de la electricidad son una necesidad básica. Para Anchuelo la resolución de este problema no pasa por los impuestos sino por atajar los costes de generación, las «compensaciones de todo tipo» incluidas en la factura y la falta de competencia en un sector «oligopolístico y poco competitivo».

Por eso, la formación magenta apuesta por reformas energéticas, un incremento de la competencia en el sector, revisar el impuesto a la generación de energía y poner en marcha programas sociales para quienes sufren la pobreza energética, más que por revisar «indiscriminadamente» a la baja el IVA, sin tener en cuenta el nivel de consumo o de ingresos de cada ciudadano, desincentivando el ahorro, sin valorar la normativa comunitaria y provocando un importante impacto recaudatorio.

Proteger a los consumidores finales

El diputado de CiU Toni Picó lamentó que unos servicios «esenciales» como los energéticos «no gozan de un trato tributario acorde» con ese carácter, a pesar de que la Unión Europea permite a los estados miembros aplicar tipos reducidos o superreducidos «siempre que no haya riesgo de distorsión de la competencia» y les obliga también a proteger a los clientes finales, sobre todo los más vulnerables.

Pese a todo, España traspuso «de forma muy parcial» las directivas de la energía y del gas, que prevén incluso medidas para evitar la desconexión energética en periodos críticos, y no ha puesto en marcha posibilidades como un bono social en el gas. «Ni adopta medidas, ni las deja adoptar», añadió, recordando el recurso interpuesto ante el Tribunal Constitucional contra un fondo de la Generalitat de Catalunya para proteger a los consumidores vulnerables.

El portavoz económico del PNV, Pedro Azpiazu, valoró la oportunidad de esta positiva iniciativa, que a su juicio habría que extender a otro «montón de servicios y productos básicos» cuya clasificación en el IVA sería oportuno revisar.

Teresa Jordà, de ERC, acusó al Gobierno de generar «negocio en abundancia» para algunos y «ruina y desesperación» para los «centenares de miles de personas» que sufren pobreza energética. «Es urgente bajar el tipo de IVA de servicios básicos para aliviar la carga de familias y empresas», coincidió, señalando que esta medida sería «más oportuna» que la reforma fiscal aprobada por el Gobierno, y pidió que si se quiere mantener la recaudación que se apruebe un impuesto al lujo.

Por el BNG, Olaia Fernández, estimó que esta propuesta no solucionará el problema de la pobreza energética en su totalidad, pero sí «minoraría muchísimo la gravedad» de la situación que atraviesan muchas familias, a cuyas demandas el Gobierno, y en particular Cristóbal Montoro, hace «oídos sordos», incrementando con sus decisiones las dificultades que sufren.