El partido de Revilla ve «innecesaria» la declaración contra el fracking en Cantabria pero dará libertad a sus alcaldes para que puedan firmarla

No obstante, el partido liderado por el expresidente cántabro Miguel Ángel Revilla no va a dar ninguna instrucción al respecto, sino que da libertad a sus alcaldes para que acudan el día 24 al Parlamento a firmar la declaración, ya que «todo» lo que se haga para mostrar oposición al fracking «no está mal». Además, considera que no sería «oportuno» generar «división» en torno a este asunto ya que tampoco «existe» dentro del PRC. De hecho al vicesecretario general de los regionalistas, Rafael de la Sierra, le da la «impresión» de que los 29 regidores del partido van a rubricar el documento y manifestarán «de nuevo» su apoyo al Ejecutivo en la oposición al fracking.

Y suscribirán la declaración, apuntó el portavoz del PRC, aunque no se incluyan varios puntos que el PRC ha propuesto: recurrir todos los permisos relacionados con el fracking concedidos en la región, aunque sean del Estado; instar al Gobierno central a la paralización o suspensión de los mismos; plantear en las Cortes Generales las modificaciones legislativas necesarias para impedir la fractura hidráulica en Cantabria, como la reforma de la Ley de hidrocarburos; y que se respalden los intentos de distintos ayuntamientos de adoptar medidas para proteger su patrimonio y medio ambiente frente a esta técnica.

De la Sierra insistió en que la declaración institucional y el llamamiento a los alcaldes para apoyarla es una «maniobra de marketing» de Ignacio Diego, ya que por ejemplo todos los alcaldes y ediles del PRC, que tiene representación en 99 municipios, así como la Ejecutiva del partido y el Grupo Parlamentario han mostrado «hasta la saciedad» su postura contraria al fracking. El portavoz de la formación regionalista en la Cámara también criticó las «incoherencias» e «incongruencias» del presidente Diego, de su Gobierno y del PP, en torno a este asunto, ya que si bien no hacen una «declaración mala», tampoco hacen ninguna «obra buena».

Así, recordó que mientras en Cantabria se aprobó por unanimidad de todos los grupos parlamentarios (PP, PRC y PSOE) una ley que prohibía esta técnica, el Ejecutivo central del PP dio luz verde a una norma en la que se basa el recurso presentado por el Estado y que dio pie al Tribunal Constitucional a tumbar la ley cántabra. A modo de ejemplo, De la Sierra señaló que la diputada regional y también senadora del PP, Tamara González, ha votado una ley en la región y otra en Madrid. «No se puede ser más incongruente», apostilló De la Sierra, para enfatizar que los diputados y senadores populares en Madrid mantienen una postura «contraria» a la del partido en la región, por lo que consideró que Diego debería pedirles que «dimitan».

Con todo, De la Sierra recalcó que la «solución real» al problema del fracking pasa por modificar la Ley estatal de hidrocarburos y, en su defecto, o de manera complementaria, acometer reformas o actuaciones en el ámbito de Cantabria, que tiene competencias en materias como el medio ambiente, la sanidad o la protección del patrimonio. Por ello, ve un «peligro» que el Ejecutivo autonómico «esté pensando» en trasladar a los ayuntamientos la «responsabilidad» sobre el fracking, objetivo que podría estar detrás de la declaración institucional, comentó. Así, cree que «se está jugando un poco con la gente» y «ocultando» que el «verdadero problema» del fracking está en la legislación nacional.

Aún así, el Ejecutivo cántabro debe «actuar» y emplear las medidas que están «en su mano», sentenció De la Sierra. En este sentido, opinó que el Gobierno tiene que recurrir «todos» los permisos concedidos en la región para que se consideren «nulos», al afectar a suelos rústicos de protección especial, y no de especial protección minera. Este extremo fue el que permitió anular el permiso Arquetu, y debería de ser el criterio a seguir para recurrir todos los permisos y actos de aplicación en Cantabria, apuntó De la Sierra, que también considera que el Gobierno autonómico tendría que exigir al Estado que paralice los permisos concedidos en la región cántabra, al tratarse de terrenos «inadecuados» para el desarrollo del fracking.

Además, para respaldar este rechazo al fracking De la Sierra recordó el informe contrario del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), adscrito al Ministerio de Ciencia, que alerta de la peligrosidad de la fractura hidráulica de cara a la contaminación del agua potable o la provocación de movimientos sísmicos, así como las resoluciones aprobadas en el pasado Debate sobre el Estado de la Región: una del PRC para adoptar medidas que impidan el fracking en Cantabria y paralizar los permisos concedidos y otra del PP para continuar la «ofensiva» contra el fracking, prohibirla en Cantabria y que el Estado permita a las comunidades autónomas decidir en sus respectivos territorios.