Todos los grupos de la Cámara han apoyado la propuesta de resolución planteada por el PP en la segunda jornada del debate sobre el estado de la Comunitat que, por otra parte, no ha respaldado las iniciativas presentadas en el mismo sentido por parte de Esquerra Unida y del grupo Compromís.

La propuesta aprobada, que también advierte de que Les Corts «impedirán» la instalación de este almacén en caso de aprobarse, se remite al acuerdo de la comisión de Seguridad Nuclear de Les Corts en 2006 que ya rechazó la ubicación en Zarra de un ATC, y que no se trasladó al Gobierno central porque no se especificaba en el texto.

El diputado del PP Vicente Betoret ha denunciado que el Gobierno central se planteara la posibilidad de que Zarra acogiera el cementerio nuclear sin tener en cuenta el rechazo que existía hacia el mismo, tanto en la comarca como en los pueblos adyacentes, como en el Gobierno autonómico.

Betoret ha criticado que el Ejecutivo central quiera dar a la Comunitat Valenciana «aquello que no quieren en ningún lugar», mientras le siga negando aspectos como el agua la financiación o la construcción de infraestructuras viarias fundamentales para su desarrollo.

La diputada de Compromís Mireia Mollà ha instado al Gobierno valenciano a no limitarse a las «declaraciones políticas» y comprometerse a impedir «judicialmente y administrativamente» que se instale en Zarra el cementerio nuclear, para lo que ha pedido que retire el recurso contra la recalificación de los terrenos que pueden acoger el ATC en rústicos.

Mollà ha insistido en ir «más allá de las declaraciones políticamente correctas» y avanzar en «los impedimentos administrativos y judiciales» para evitar que si el Gobierno declara bien de interés comunitario esta instalación pueda «pasarse a la torera» las declaraciones política de Les Corts.

La parlamentaria de EU Marga Sanz ha pedido al Gobierno valenciano que dé «un valor» a las movilizaciones de los vecinos del Vall d’Ayora que han demostrado «un compromiso cívico con su territorio y con la seguridad de sus habitantes rechazando la ubicación de la ATC».

El grupo socialista, por su parte, también ha presentado una propuesta de resolución rechazando este almacén de residuos nucleares, que todavía no se ha debatido.

Greenpeace respalda el rechazo unánime del parlamento

Asimismo, Greenpeace ha valorado positivamente la decisión de las Cortes Valencianas al aprobar por unanimidad la propuesta de resolución por la que «no se aceptará» ninguna decisión del Gobierno de España que afecte a la instalación en Zarra (Valencia) de un Almacén Temporal Centralizado (ATC) y su centro tecnológico asociado «sin contar con la voluntad del pueblo valenciano».

De esta manera, según la organización ecologista, el ministro de Industria, Miguel Sebastián, «no puede utilizar más como argumento para defender la candidatura de Zarra que la Comunidad Valenciana era la que menos rechazo institucional había mostrado a la ubicación del cementerio nuclear en su territorio, como hizo en su momento».

Greenpeace advierte de que «continuará denunciando la ilegalidad de este proyecto y el carácter antidemocrático del proceso emprendido por el Ministerio de Industria, al mismo tiempo que animará a la ciudadanía a proseguir con la movilización ciudadana».

En este momento, han continuado desde el colectivo, «todas las comunidades autónomas y sus parlamentos han mostrado su rechazo a albergar el cementerio nuclear, lo que muestra el amplio rechazo social, territorial y político que ha generado el proyecto».

Por ello, Greenpeace considera que el actual proceso «debe ser anulado e insta al Gobierno a tratar de resolver el problema de los residuos radiactivos buscando un amplio consenso social y medioambiental que contemple un plan de cierre progresivo pero urgente de las centrales nucleares».