El Parlamento Europeo examinará los recortes a la retribución de las energías renovables en España

El director general de la asociación, José Donoso, y el abogado voluntario de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético Piet Holtrop defendieron en la Eurocámara esta petición ciudadana.

En concreto, los impulsores de la iniciativa pidieron que el Parlamento Europeo vigile de cerca la actuación de la Comisión Europea para que no permita que los Estados miembros vulneren el Derecho Europeo mediante reducciones retroactivas de la retribución a las renovables.

Además, solicitaron que se estudie en concreto el caso de España, que es «el Estado miembro que lidera los recortes a las renovables en Europa y las barreras al desarrollo del autoconsumo y la eficiencia energética», según indicó UNEF.

En concreto, Donoso denunció que «la reforma eléctrica en España incumple las directivas renovables europeas» y para ello solicitó la intervención de las instituciones europeas ante la arbitrariedad y la retroactividad de las medidas adoptadas por el Gobierno «que rompen el principio de seguridad jurídica y crean una total incertidumbre hacia el futuro, dada la posibilidad de revisión del nuevo régimen retributivo cada tres y seis años».

El director general de UNEF explicó la situación de indefensión en la que se encuentran los inversores fotovoltaicos tras la aprobación del nuevo marco regulatorio que altera las expectativas lógicas y razonables de los inversores y llevará a la quiebra a gran parte de los 60.000 inversores que acometieron sus proyectos atendiendo a los marcos regulatorios vigentes anteriormente.

«La reforma eléctrica en España supone una grave infracción de los principios europeos y atenta contra los inversores, ciudadanos y los objetivos de eficiencia energética. La nueva ley que con carácter retroactivo afecta a las inversiones realizadas en energías renovables y en especial en el sector fotovoltaico, incumple el principio de seguridad jurídica y altera los principios de libre competencia del mercado y de sostenibilidad, al impedir de facto el desarrollo de nuevas formas de producción de energía, como el autoconsumo fotovoltaico».

José Donoso denunció en Bruselas que con esta reforma, el Gobierno no busca un «beneficio razonable» sino desmantelar las instalaciones existentes, ya que el nuevo sistema de retribución a las renovables, en el que se da un pago por MW en función de unos costes de inversión estándares, es arbitrario y discrecional. Este sistema aplica a unas plantas un recorte del 20% y a otras el 50% sobre sus ingresos previstos.

Estos nuevos estándares no reflejan la realidad bajo la que se acometieron las inversiones en su momento, lo que lleva a una situación por la cual entre el 30 y el 50% de las instalaciones no podrán refinanciar su deuda, ya que la Banca debería aplicar una quita del 60% y, por lo tanto, se verán arrastradas a la quiebra.

Por otro lado, UNEF alertó asimismo sobre el carácter discriminatorio y desproporcionado de los recortes del Gobierno a las energías renovables, a las que señaló como principales causantes del déficit de tarifa, cuando en realidad renovables, cogeneración y residuos en su conjunto, sólo son responsables del 22% de los cerca de 30.000 millones de déficit de tarifa acumulado.

El director general de la asociación fotovoltaica explicó el impacto del Real Decreto de Autoconsumo que, al introducir un peaje extra o «impuesto al sol» a estas instalaciones, hace inviable económicamente su desarrollo y va en contra de la libertad individual y la libre competencia del mercado. La introducción de este peaje de respaldo reduce gravemente el ahorro que estas instalaciones suponen y amplía el plazo de amortización (de 12 a 35 años para una casa particular y de 7,5 a 13 años o más para una pequeña o mediana empresa) impidiendo, de facto, su desarrollo en España e introduciendo multas a las instalaciones no declaradas de hasta 60 millones de Euros, el doble que las contempladas para, por ejemplo, vertidos nucleares.

Apoyos en el Parlamento Europeo

La solicitud de UNEF y la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, contó con el apoyo de los grupos parlamentarios ecologistas y socialistas, tanto de la diputada Teresa Riera del grupo Progresista de Socialistas y Demócratas, como de la diputada Margrete Auken, del grupo Verdes/Alianza Libre Europea, que mostraron su preocupación por el deterioro del la seguridad jurídica de las inversiones renovables en España y la intención del Gobierno de sustituir renovables por tecnologías antiguas. Por otro lado, la petición contó con la oposición de la diputada Pilar Ayuso del Grupo del Partido Popular Europeo que defendió sin fisuras la reforma del Gobierno.

A pesar de la petición del Grupo Popular de archivar el caso, la Comisión decidió mantener abierta la petición y sea enviada a la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo para su examen para vigilar el desarrollo de la Reforma Eléctrica en España, consciente del impacto que puede tener en las legítimas expectativas de los inversores en renovables y del futuro del autoconsumo en España y ante las dudas sobre la legalidad de las medidas adoptadas.

El representante de la Comisión Europea expresó que la Comisión está «preocupada por la propuesta del estado español», por lo que enviaron dos cartas solicitando más información a España de las que, ha dicho, no han recibido respuesta. De este modo, se comprometió a seguir persiguiendo al gobierno español para que le amplíe información y seguir de cerca el desarrollo normativo en España y el impacto de las medidas que está tomando en las inversiones realizadas.