La ley, que prevé la prolongación de la actividad de las 17 centrales del país hasta catorce años más de lo previsto, fue aprobada con los votos de la coalición gubernamental, en la que hubo algunos disidentes.

Socialdemócratas, Verdes y La Izquierda, las tres fuerzas de la oposición, rechazaron en bloque el proyecto y confirmaron, además, que recurrirán al Tribunal Constitucional, ante el propósito de Merkel de no someterlo a la ratificación de la cámara alta (Bundesrat), donde las filas gubernamentales no tienen mayoría.

La fórmula echa abajo al acuerdo pactado en 2000 con la industria por la coalición roji-verde del canciller Gerhard Schröder, que preveía que el «apagón nuclear» se consumaría en 2022, mientras que con el actual plan la última central no cerrará como mínimo hasta 2034.

Según el calendario ahora modificado, siete de las plantas existentes -construidas antes de 1980- prolongan su etapa de funcionamiento en ocho años más de lo entonces decidido, mientras que las restantes diez estarán hasta catorce años más en activo.

El concepto energético contempla asimismo una campaña de mejora del aislamiento de los edificios para ahorrar costes energéticos, lo que afectará a unos 18 millones de edificaciones, que deberán adecuarse a las nuevas normativas hasta 2050.

La aprobación estuvo precedida de un encendido debate, marcado por el rechazo de la oposición -los Verdes expusieron uno a uno sus razones para el rechazo, vestidos de riguroso luto y con una cruz amarilla- y algunas escisiones en las filas gubernamentales.

Entre la disidencia interna a Merkel destacó el diputado de la CDU Franz Heinrich, quien dijo que «como persona, cristiano y pastor (protestante)» no podía refrendar algo que burla los planes aprobados y mientras no se ha aclarado aún qué ocurrirá con la basura nuclear.

El presidente del Partido Socialdedemocrata (SPD), Sigmar Gabriel, advirtió, en declaraciones previas a la votación a la televisión pública ARD, que tal prolongación quedará en nada con las próximas elecciones generales, puesto que Merkel y su coalición quedarán apeados del poder.

Ya en la calle, en una intervención ante centenares de activistas antinucleares junto a la Puerta de Brandeburgo, Gabriel apuntó que Merkel se había, llanamente, «vendido» al lobby energético.

En esa misma dirección lanzó Greenpeace su mensaje, al desplegar sobre la fachada de la sede de la CDU una gran pancarta, de diez metros por diez metros, con una foto de la canciller brindando con el presidente del consorcio energético RWE, Jürgen Grossmann.

Varios activistas se habían encaramado a primera hora de la mañana al techo de la central para desplegar su pancarta, mientras ante el edificio se sucedían las protestas de los Verdes, encabezadas por sus líderes, Cem Özdemir y Claudia Roth, y el ex ministro de Medioambiente, Jürgen Trittin.

Simultáneamente, ante el Reichstag, sede del Bundestag (cámara baja del Parlamento), centenares de manifestantes formaron una cadena humana en contra de la nueva ley del gobierno de Merkel.

La canciller quiso ya revisar el calendario de cierre de las centrales en su anterior legislatura, en gran coalición, pero sus entonces socios socialdemócratas se lo impidieron.

Merkel retomó la cuestión tras su victoria electoral de 2009 y al formarse la actual coalición -integrada por la CDU, la Unión Socialcristiana de Baviera (CSU) y el Partido Liberal (FDP)-.