El Parlamento catalán aprueba la Ley de Garantía y Calidad del Suministro Eléctrico

Esta ley, que ha sido aprobada con los votos favorables de los grupos que apoyan al gobierno catalán, pero también de CiU y del PPC, tiene su origen en el gran apagón que tuvo lugar en Barcelona en julio del 2007, cuando el gobierno catalán se comprometió a tramitarla para evitar que se volviesen a repetir situaciones parecidas en el futuro.

El articulado estipula los derechos y obligaciones de las empresas suministradoras, las condiciones mínimas que deben ser garantizadas para asegurar el servicio, la obligatoriedad de disponer de un plan de actuación ante las incidencias, la comunicación de las mismas a los usuarios, los planes de inversión, y los criterios para diseñar las instalaciones eléctricas.

Otros aspectos contemplados en la nueva ley son las medidas de seguridad en caso de incendios, el control e inspección de las instalaciones, medidas de protección de la avifauna en los cables de alta tensión, y la tipificación de las infracciones y de las sanciones que pueden ser impuestas a las compañías.

Sobre este último punto, la ley prevé multas de hasta 600.000 euros para infracciones leves, de hasta 6 millones de euros para infracciones graves y de hasta 30 millones de euros para infracciones muy graves.

El texto de la ley indica que «en el supuesto de una infracción muy grave, el órgano (administrativo) competente puede acordar también (además de la multa) la revocación o la suspensión de las autorizaciones administrativas que son otorgadas por la Generalitat en el ámbito de sus competencias».