El Parlamento andaluz pide a la Junta que declare a Andalucía como «territorio libre de fracking»

Esta iniciativa parlamentaria salió adelante con los votos PSOE-A e IULV-CA y el rechazo del PP-A después de que, el pasado mes de mayo, por entonces en la Comisión de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, ya se aprobara (con los mismos apoyos) otra iniciativa también de la formación de izquierdas en la que se instaba a la Junta a no conceder autorizaciones para investigaciones que utilicen esta técnica y a no realizar los cambios normativos necesarios para que el fracking sea considerado como uso prohibido en todo tipo de suelos, a efectos de planificación territorial y de aplicación de la legislación urbanística y reguladora de las actividades.

La proposición no de Ley aprobada va un paso más allá que la aprobada hace poco más de tres meses y plantea, además de declarar a Andalucía como «territorio libre de fracking», dejar «sin efecto, en su caso, todas las autorizaciones concedidas por la Junta para la realización de estudios prospectivos mediante esta técnica».

Junto a ello, IULV-CA también quiere que el Ejecutivo andaluz «inste al Gobierno de la Nación a la prohibición, en todo el territorio del Estado español, de la realización de actividades de prospección, exploración, investigación o explotación de hidrocarburos y gases de roca y no convencionales, que supongan –en todo o en parte del proceso– la utilización de las técnicas de fractura hidráulica con inyección de agua y/o de otros aditivos químicos».

Sobre todo, según defendió el diputado de IULV-CA Manuel Baena en la comisión, porque esta técnica no sólo afecta a «nuestras reservas hídricas sino también a la salud». Como ejemplo, dijo que tras un fracking en torno al 60% del hidrocarburo se queda en el fondo «contaminando aguas subterráneas y provocando efectos nocivos» en las personas. Tanto, señaló tras invitar a sus señorías a ver vídeos en «YouTube» sobre ello, que hay veces «que el agua del grifo puede arder al acercarle una cerrilla porque contiene metano y otras sustancias».

Ante ello, y aunque no está incorporado en el texto de la iniciativa aprobada , Baena abogó porque las Administraciones públicas puedan «vigilar» y «sancionar con multas disuasorias» a aquellos que «han engañado y están haciendo prospecciones sin consentimiento».

Por su parte, el diputado del PSOE-A, Juan José Díaz Trillo, exconsejero de Medio Ambiente, quiso dejar claro que, tanto su partido como su grupo parlamentario, están «claramente en contra de esta técnica». «Hasta tal punto que, recientemente, las Diputaciones de Jaén y Sevilla aprobaron en sus respectivos plenos resoluciones en este sentido», añadió.

Díaz Trillo también quiso desmentir «las declaraciones del PP de que habíamos permitido en Andalucía prospecciones» de este tipo y negó que «se esté llevando a cabo ningún tipo de fracking y menos con el permiso de la Junta de Andalucía». Es por eso por lo que pidió que en la parte propositiva de la PNL –cuando se reclama que se dejen «sin efecto todas las autorizaciones concedidas por la Junta– se incluya un «en su caso» porque, según recalcó, «hoy en día no hay ninguna técnica de facturación». Esta enmienda que fue aceptada por IULV-CA.

De otro lado, el diputado del PP-A, José Jesús Gázquez, aseguró que su grupo «no puede» apoyar esta proposición no de ley «básica y principalmente» porque, además de que «no existen estudios empíricos» que demuestren que esta técnica es perjudicial para la salud, el «90% de las autorizaciones para investigación y prospecciones que se han dado hasta la fecha han sido concedidas por el Gobierno socialista». «El Gobierno del PP, a fecha de hoy 3 de octubre, emitió unas cuantas, pero el 90% fueron del PSOE, que miraba para otro lado», le reprochó a los socialistas andaluces.

Según Gázquez, que acusó a IULV-CA de «crear miedo en la población» sin apoyo científico en torno al fracking, lo que Andalucía necesita es un «mix energético» porque, en su opinión, «el verdadero problema de la contaminación de aquíferos no es el fracking es la Consejería de Medio Ambiente de la Junta, que es la que no construye las depuradores que tiene que construir».