El número de usuarios acogidos al bono social de la luz cae un 4,6%, a pesar del repunte del 9% entre el colectivo de los desempleados

Estos datos corresponden al último boletín mensual de indicadores eléctricos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en el que se recogen datos de mayo y se comparan con el mismo mes del ejercicio anterior.

De los 4,2 millones de acogidos al bono social en mayo, la mayor parte, 2,7 millones, corresponden a potencias inferiores a los 3 kW, un 6,6% menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior.

La siguiente categoría de beneficiarios con mayor peso es la de pensionistas, que sumó 685.015 clientes en mayo, un 4% menos que los 715.329 del mismo mes de 2013.

En cuanto los hogares con todos los miembros en paro, en la actualidad existen 131.727 contratos de este tipo, un 9% más que los 120.756 de hace un año. Este incremento contrasta con la categoría de familias numerosas, que registró un aumento del 1,7%, hasta 638.381 hogares.

El bono social fue una medida lanzada en 2009 consistente en la congelación del recibo de la luz para determinados colectivos vulnerables, entre los que figuran potencias inferiores a 3 kW, familias numerosas, pensiones mínimas y familias con todos los miembros en paro.

El descuento, que aumenta conforme los precios suben por encima del nivel de 2009, quedó limitado a un máximo del 25% como parte de la reforma energética del Gobierno.

El informe de la CNMC muestra además que en la actualidad existe un total de 25,7 millones de consumidores de electricidad, apenas 100.000 menos que en el mismo momento de 2013.

De esta cifra, la mayor parte, 24,2 millones, corresponde a potencias inferiores a 10 kW, entre las que se encuentran las contratadas habitualmente por los consumidores domésticos.

Dentro de este ámbito, 14,4 millones de clientes, ó el 57%, se encuentran acogidos al suministro con tarifa regulada. Este grupo de clientes tuvo derecho a las devoluciones practicadas recientemente por las eléctricas al haberse producido un precio en el mercado mayorista inferior al fijado provisionalmente por el Gobierno.