El nuevo paquete de medidas de la UE para luchar contra el cambio climático elimina los topes nacionales de emisiones y fija un límite único para toda la UE

La Comisión Europea ha decidido mantener como principio la necesidad de tener en cuenta la gran diferencia de riqueza entre los 27 miembros de la Unión Europea a la hora de fijar algunos de los puntos más significativos de su paquete de medidas en la lucha contra el cambio climático. Por ello, a los estados más pobres se les permitirá que sigan creciendo en sectores como el transporte.

Por lo que respecta a los derechos de emisiones, la Comisión Europea ha establecido que no serán gratuitos a partir de ahora, sino que se entregarán por subasta. En estas subastas, que no serán discriminatorias, se tendrá en cuenta a los países más necesitados de desarrollo, y por tanto de emisiones de CO2.

Otra novedad es que el 20% de los beneficios obtenidos mediante las subastas de derechos de emisión se destinarán a proyectos de lucha contra el cambio climático.

España satisfecha nuevo reparto esfuerzos UE

El Gobierno español se mostró satisfecho por la nueva propuesta europea de reparto de los esfuerzos que los Estados miembros de la UE deberán realizar para fomentar las energías renovables y combatir el cambio climático.

De acuerdo con esa propuesta, en los sectores «difusos» (como el de la construcción o el transporte) España deberá reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero un 10 por ciento en el año 2020 con respecto a los niveles de 2005, la misma reducción que acometerá en su conjunto la Unión Europea.

Además, España deberá conseguir que las energías renovables aporten el 20 por ciento de la energía final consumida en el año 2020 (en 2005 ese porcentaje era del 8 por ciento), y cumplir el objetivo general de usar un 10 por ciento de biocombustibles en el transporte.

Los ministros de Industria y de Medio Ambiente, Joan Clos y Cristina Narbona, comparecieron ante la prensa en la sede de la Oficina del Parlamento Europeo en Madrid para analizar la propuesta, presentada en Bruselas por el presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso, y por los comisarios de Energía y de Medio Ambiente.

Narbona y Clos coincidieron al valorar que la UE haya tenido en cuenta los criterios «de equidad» defendidos por España a la hora de repartir los esfuerzos y aseguraron que las empresas españolas no estarán «discriminadas» respecto a las de otros países al fijar los techos de emisión de gases de efecto invernadero.

El titular de Industria señaló que las posiciones defendidas por España durante la elaboración de la futura directiva están «bien representadas» y destacó que los objetivos propuestos en la propuesta elaborada por Bruselas están en línea con lo que el Gobierno esperaba.

Asimismo, valoró que el establecimiento de mecanismos para el conjunto de la UE evitará «distorsiones» para empresas que están radicadas en un espacio económico.

Clos reconoció que alcanzar el objetivo de energías renovables (20 por ciento del consumo en 2020) supondrá para España un esfuerzo «muy importante» que tendrán que asumir entre el sector de producción eléctrica, los denominados usos térmicos (por ejemplo las calefacciones) y los biocarburantes.

La generación de electricidad mediante fuentes renovables deberá pasar del 20 por ciento que representa actualmente hasta el 42 por ciento, los usos térmicos menos contaminantes del 3 al 6 por ciento y los biocarburantes tendrán que alcanzar el 10 por ciento del consumo total, frente al 0,6 por ciento que suponen ahora, explicó.

El ministro se mostró especialmente satisfecho por el hecho de que Bruselas haya optado por permitir a cada país elegir su modelo de fomento de las energías renovables, tal como pedían España y Alemania, que cuentan con sistemas de complemento de las tarifas mediante primas.

Adicionalmente, se implantará un mecanismo para que el Estado que lo desee pueda vender certificados de renovables a socios con más dificultades para producir este tipo de tecnologías.

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, aseguró que la propuesta europea demuestra el papel «de liderazgo mundial» de la UE en la lucha contra el cambio climático, y celebró que la iniciativa refleje las aportaciones españolas.

Narbona reconoció que algunos de los objetivos fijados por la UE son ambiciosos, pero aseguró que España tiene capacidad para afrontarlos y que se articularán los recursos económicos necesarios para cumplirlos.

La ministra explicó que para coordinar las actuaciones políticas que se deben implementar para cumplir los objetivos de la Comisión Europea se reunirá la Comisión Interministerial de Cambio Climático y el Consejo Nacional del Clima.

La propuesta europea plantea incorporar a la directiva europea que regula los derechos de emisión a todos los sectores industriales, entre ellos al químico y al del aluminio, y extender los límites de emisión a otros gases de efecto invernadero además del dióxido de carbono.

Entre éstos, la propuesta cita la necesidad de limitar las emisiones de óxido nitroso (los fertilizantes) y de los perfluorocarburos (aluminio).

La propuesta propone además involucrar al sector de la aviación, y en el caso de los biocombustibles plantea que se prohíba utilizar materias primas procedentes de bosques vírgenes, de praderas o de áreas protegidas, y que se prohíba también convertir humedales o zonas de selvicultura en zonas para producir ese tipo de combustibles.

Penalización

En el sector de los biocombustibles, la propuesta de la Comisión contempla actuaciones claras para evitar que se obtengan de fuentes no sostenibles medioambiental o socialmente. Por ello, aquellos biocombustibles que no cuenten con un certificado de garantía de origen se encontrarán con todas las dificultades posibles. Por ejemplo, no se incluirán como biocombustibles en el cómputo de un porcentaje nacional de uso de biocarburantes, ni tampoco se beneficiarán de las exenciones fiscales que se aplican a los biocarburantes.

Mejora de los accesos de las energías renovables a la red

En lo referente a las energías renovables conectadas a la red, la nueva directiva establece mejoras en el acceso de estas energías a la red, puesto que en el pasado se han conocido obstáculos para ello en algunos Estados miembros.